Senadores del PRD se manifestaron en contra del la reforma en materia de justicia militar por considerar que le otorga facultades que están fuera de la Constitución a las instancias militares y que no garantizan los derechos civiles.
La senadora del PRD Angélica de la Peña, calificó como una irresponsabilidad la dictaminación “exprés” de la Ley de Justicia Militar ya que se llevó a cabo sin un análisis y discusión a fondo dentro de las comisiones pertinentes.
Aseveró que es inadmisible que se hayan violentados los procedimientos legislativos que evitaron el estudio profundo de este documento.
“Al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática fundamentalmente nos preocupa la facultad otorgada a los tribunales castrenses para el cateo de los domicilios de las personas así como la invasión de sus comunicaciones privadas y aspectos graves como la comparecencia de civiles en la jurisdicción militar”, detalló.
Señaló que es preocupante la aprobación de dicho dictamen ya que éste no contempla a las víctimas, ni la reparación del daño a las mismas, por lo que el PRD no puede avalar el documento que se discute.
Por su parte, el senador Fidel Demédicis Hidalgo sostuvo que esta iniciativa trasgrede los valores democráticos más importantes, como la autonomía, objetividad y certeza de los jueces.
El problema de esta reforma, apuntó, es que todos los que intervienen en los juicios los nombra el secretario del Defensa Nacional, quien a su vez ejerce funciones operativas y judiciales sobre el Ejército.
Además, agregó el senador, otro problema es que no existe ningún escrutinio público ni información disponible sobre lo que sucede realmente durante los procedimientos judiciales militares, argumentando que se trata de temas de seguridad nacional.
“Estamos exponiendo a nuestro Ejército a que continúe y se exponga a la investigación de órganos internacionales por violaciones a los derechos fundamentales”, dijo.
El senador Isidro Pedraza Chávez señaló que hay una necia intención de violar el proceso legislativo y a partir de eso presentar modificaciones el Código Penal Militar que en la práctica vamos a encontrar que no se garantizan los derechos humanos.
Apuntó que no existe una limitación de hasta dónde llega el campo castrense y hasta dónde llega el ámbito civil y esa confusión es la que prevalece al meter el Código Penal en el sistema militar.
Finalmente, el senador Raúl Morón Orozco afirmó que el nuevo marco jurídico de justicia militar debería de limitar los abusos y excesos que se han cometido por militares y garantizar el respeto al debido proceso y al derecho de acceso a la justicia y a la reparación del daño de las víctimas y de los ofendidos.
Además, consideró urgente reformar los ordenamientos de justicia militar y armonizarlos con las disposiciones internacionales y naciones en materia de un sistema más democrático y de derechos humanos.
Lamentó que pese a los muchos casos de violaciones de derechos humanos realizados por miembros del Ejército, en este dictamen no se incluya el respeto al debido proceso y a la reparación del daño a las víctimas.
Afirmó que su voto no representa que esté en contra de que el Sistema de Justicia Militar se transforme, sino que esta transformación no se haga de fondo y que en ella no se contemplen los derechos civiles de las personas.
