Para la senadora Angélica de la Peña es insensato aprobar un dictamen por el que se modifica el Código de Justicia Militar y se expide el Código Militar de Procedimientos Penales, contraviene a la Constitución y los convenios internacionales en materia de los derechos humanos, así como las recomendaciones realizadas por el Alto Comisionado de la ONU, porque se legaliza que efectivos militares en operativos contra delincuencia organizada o por denuncias, puedan catear domicilios o intervenir sus comunicaciones privadas de personas civiles.
Al fijar la postura del Grupo Parlamentario del PRD, la senadora advirtió que es preocupante la facultad para que la autoridad militar pueda llevar a comparecer a personas, testigos o expertos, en los procedimientos militares sin ninguna regulación o control judicial que garantice que no queden expuestas al riesgo de ser sometidas a la jurisdicción militar.
Ya la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha alertado sus preocupaciones respecto aquellos casos en los que se prevén facultades para órganos militares cuyas acciones pudieran afectar a personas e instituciones civiles, sin los criterios claros y consistentes que garanticen la seguridad jurídica y el respeto a los derechos fundamentales, para excluir que las autoridades militares puedan realizar directamente acciones de investigación sin estar sujetas a control judicial.
También es preocupante que en este dictamen que las víctimas apenas sean consideradas, pues solo se reconocen aquellas que su único derecho a la reparación del daño puede ser monetaria, sin considerar la reparación integral en los términos como ya lo tenemos inscritos en la Ley General de Atención a Víctimas.
“En un dictamen tan importante como el que hoy estamos pretendiendo discutir aquí y que está inscrito en la implementación del nuevo sistema de justicia procesal penal acusatorio en la jurisdicción militar, es verdaderamente inadmisible que se hayan violentado todos los procedimientos legislativos que evitaron un análisis verdaderamente profundo del documento que hoy nos están presentando.”
Es irresponsable que por una prisa y ante la presión de que debe entrar en unas cuantas semanas en vigor la reforma constitucional decretada en 2008, hoy se apresure la aprobación de un Código que no se ha estudiado por la mayoría de las y los legisladores integrantes de las comisiones dictaminadoras.
“El Grupo Parlamentario del PRD no puede avalar un dictamen en estas condiciones, por lo tanto no podemos aceptar que se hayan violentado todos los procedimientos de discusión de un dictamen de una ley tan trascendental como la que se pretende presentar hoy”, finalizó la senadora Angélica de la Peña.
