Intervención de la senadora Angélica de la Peña Gómez para presentar punto de acuerdo relacionado a actos de violencia política en las entidades federativas.
Angélica de la Peña Gómez (ADLPG):
Señoras y señores, quiero expresar mi preocupación respecto de que este punto de acuerdo que motiva mi presencia aquí pueda ser un asunto recurrente en los próximos días, semanas, meses, en nuestro país.
Ya hemos venido a esta tribuna a presentar puntos de acuerdo donde se solicita que diversas instancias puedan proteger a las mujeres que han ocupado cargos de elección y que se ven amenazadas y obligadas a dejar sus encargos.
Hemos tratado aquí el caso, también importante, de la Magistrada en San Luis Potosí, que motivó también un punto de acuerdo, no sabemos qué fue lo que paso aquí mismo en el Senado de la República, tenemos entendido que la Sala Superior de la Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación envió una comunicación al Senado de la República para que aquí se diera curso y en todo caso remover a quienes han infringido esta violencia política contra la Magistrada de San Luis Potosí, que es un caso escandaloso, e insisto, de una gran preocupación, y no sabemos qué pasó, ojalá señor Presidente de la Mesa Directiva nos pueda informar qué pasó con ese caso que llegó de la Sala Superior al Senado de la República.
Y hoy me ocupa el caso de Claudia Carrillo Gazca, ella es Consejera Electoral del Organismo Público Local Electoral en el Estado de Quintana Roo; su caso ha sido denunciado en diferentes instancias como actos de violencia política, por cierto, no sólo contra su persona sino también para otros integrantes del Organismo Público Electoral de Quintana Roo, y se señala de manera precisa que esta violencia, estas amenazas, este hostigamiento que es mucho más latente, en este caso, a Claudia Carrillo por su condición de género, también que es perpetrado contra otros Consejeros por parte de quien funge como Presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, es señalado de manera contundente con nombre y apellido.
Estas acusaciones graves van desde amenazas, a la persona de Claudia Carrillo, desde mensajes de textos anónimo y publicaciones que dañan su imagen por parte de funcionarios en la entidad, cuya finalidad consiste básicamente en el impedimento y obstaculización para que se le impida el desarrollo de sus funciones y atribuciones, y de las cuales este Senado de la República tiene conocimiento.
No quiero invocar en esta tribuna los distintos ordenamientos en el ámbito internacional, tampoco quiero esgrimir el marco jurídico constitucional, simplemente quiero hablar de la dificultad, claro pidiéndole al señor Presidente que inscriba el punto de acuerdo de manera íntegra en el Diario de los Debates, sino to quiero señalar y motivar a este pleno del Senado de la República para que tomemos medidas profundas y serias y nos alertemos y prevengamos respecto de que se puede venir como una bola de nieve estas amenazas y hostigamientos a mujeres que están ocupando este tipo de encargos.
Si bien, los hombres lo padecen, las mujeres por su condición de ser mujeres la situación es mucho más compleja, sobre todo, como es el caso que hoy nos ocupa de Claudia de Quintana Roo, en donde la situación ha obligado no solamente a inconformar sino incluso a tener e invocar la ayuda de la FEPADE; hoy mismo la FEPADE se encuentra solicitando medidas cautelares para protegerla de las amenazas, la situación ha obligado también a asesorarla, ayudarla, atenderla desde el punto de vista psicológico por parte de la FEPADE para que ella pueda seguir adelante y no ceda ante las presiones para que renuncie.
Obviamente, el contexto en el que ella se desenvuelve de este organismo electoral en Quintana Roo, tiene que ver con la circunstancia misma, la circunstancia política electoral de Quintana Roo y que esperemos empiece a corregirse a partir de la llegada del nuevo gobernador.
No es motivo del punto de acuerdo hablar de la situación del gobierno actual de Quintana Roo, todas y todos sabemos, nos estamos informando a través de los medios de comunicación, sobre las características de un gobierno que a todas luces viene siendo y va a seguir siendo señalado por distintas imputaciones, que alcanzan en esta forma de gobernar por parte actual gobernador que está a unos días de terminar, de seguir controlando como es el caso de este organismo electoral en la entidad; de ahí que el Presidente del organismo electoral precisamente sea quien dirige todas estas actitudes alevosas, ventajosas, de hostigamiento y de amenazas y de presión, a quienes no coinciden o a quienes no se alinean a sus objetivos.
Los puntos que estamos proponiendo son los siguientes:
Primero.- Se exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República a emitir las normas orgánicas necesarias que regulen el funcionamiento de los tribunales electorales de las entidades federativas, su forma de organización, así como el procedimiento para la imposición de sanciones, así como desahogar los procedimientos de remoción y sustitución pendientes de su dictaminación que mandata la Sentencia SUP-JDC-4370/2015 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Segundo.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República a investigar, consignar y en su caso ejercitar la acción penal correspondiente para los casos de violencia política en contra de mujeres en las entidades federativas.
Tercero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Organismos Públicos Locales de las Entidades Federativas para que en el ámbito de su competencia y conforme a los estándares internacionales existentes en la materia, establezcan e implementen protocolos para Atender la Violencia Política contra las mujeres, tomando en su caso como referente, el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las mujeres implementado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales y el Instituto Nacional de las Mujeres.
Cuarto.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Tribunales Electorales de las Entidades Federativas, para que en el ámbito de su competencia y conforme a los estándares internacionales existentes en la materia, establezcan e implementen protocolos para Atender la Violencia Política contra las mujeres, tomando en su caso como referente, el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las mujeres implementado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales y el Instituto Nacional de las Mujeres.
Es cuanto, muchas gracias por su atención.
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