- A 100 años de promulgada la Constitución, existe un rechazo generalizado en contra de los cambios impuestos por mayorías parlamentarias para satisfacer intereses particulares.
- La Constitución debe dejar de ser un conjunto de declaraciones programáticas para constituirse en un cuerpo normativo de aplicación directa e inmediata.
- Una nueva Carta Magna debe emerger de un amplio pacto social que logre el consenso y compromiso de elaboración y aplicación por parte de los órganos del Estado.
Al cumplirse el centenario de nuestra Carta Magna, resulta necesaria una ley suprema que restaure el constitucionalismo social y democrático, basado en el derecho al trabajo, el salario remunerador, respetar la dignidad humana y que prevalezcan los valores de responsabilidad, igualdad y justicia para frenar la acumulación de la riqueza y privilegios que excluyen, señaló el senador Miguel Barbosa Huerta.
El coordinador de los senadores del PRD aseguró que a 100 años de la promulgación de la Constitución, “existe un rechazo generalizado en contra de los cambios parciales, incongruentes y distorsionadores de su texto, impuestos de forma ilegal por mayorías parlamentarias para satisfacer intereses particulares de poderes fácticos y grupos de poder, aun contra la evidente afectación del interés público y el repudio de la sociedad”.
Además, en este periodo – dijo – se instauraron modelos de desarrollo incrustados desde los idearios de los partidos políticos hegemónicos, que de manera calculada y criminal han sumido en la pobreza y desigualdad social a más de la mitad de la población, en favor de la acumulación de riqueza de unos cuantos.
Miguel Barbosa Huerta señaló que una nueva Constitución debe emerger de un amplio acuerdo nacional, de un nuevo pacto social que logre el consenso y compromiso de elaboración y aplicación del Poder Ejecutivo, los partidos políticos, grupos parlamentarios y sectores sociales, como la mejor garantía de legitimidad y efectividad de su contenido normativo.
“La Constitución debe dejar de ser un conjunto de declaraciones programáticas para constituirse en un cuerpo normativo de aplicación directa e inmediata por los órganos del Estado, sin estar condicionada su aplicabilidad al desarrollo de la legislación secundaria”, indicó.
Se trata – añadió – de construir un sistema constitucional de derechos fundamentales con esencia y dimensión social que no sólo tenga un carácter formal, declarativo y programático, sino que sus mandatos sean imperativos y directos, con vigencia vertical y transversal efectiva, para que su cumplimiento vincule la actividad de los poderes y entes de los tres niveles de gobierno a la satisfacción de las necesidades sociales.
“Esta nueva dimensión constitucional garantista debe preservar no sólo los derechos expresamente reconocidos sino también los que deriven de una interpretación de los principios y valores contenidos en su texto”, dijo.
Economía de mercado sí, con sus características de propiedad privada, libertad de empresa, iniciativa privada fuerte, pero también rectoría del Estado, desplegando políticas públicas redistributivas con contenido humano y social para corregir excesos individualistas o colectivos. Un modelo solidario de desarrollo humano sustentable, alternativo al modelo neoliberal, que centre al bienestar de la población como fin, agregó,
Miguel Barbosa Huerta refirió que es necesario un nuevo Estado social de derecho cimentado en la solidaridad colectiva, equidad social y eficiencia productiva como alternativa de organización jurídica y política para garantizar el bienestar de la población a partir del ejercicio de derechos fundamentales.
Argumentó que es condición necesaria para un nuevo pacto fundacional consagrar desde la parte dogmática un cuerpo amplio de derechos fundamentales, confirmando su carácter universal e inalienable, progresivo e integral, indivisible e interdependiente, dando especial fuerza jurídica a los derechos sociales, económicos y culturales.
Se requiere un catálogo amplio y progresivo de derechos, obligaciones y garantías que incluya: derecho a la alimentación, al trabajo, a un salario remunerador, igualdad y no discriminación, libertad de conciencia, información y libertad de expresión, derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, un medio ambiente sano, educación, salud, vivienda, seguridad social, entre otros.
El coordinador de los senadores del PRD sostuvo que en la medida que se alcance una relación indisoluble entre derechos políticos y sociales, la acción del nuevo Estado estará vinculada con una democracia real y participativa para que la salvaguarda de los derechos sociales, económicos y culturales se instituya en verdadero factor de cohesión e integración política.
La aspiración es por una sociedad mexicana de igualdad de derechos y no discriminación a partir de legislar un nuevo sistema constitucional garantista que dé eficacia material al cumplimiento de los derechos fundamentales, situando a nuestra Constitución como un sistema de normas que permitan la reivindicación social, y no sólo preceptos generales con reconocimiento teórico.
Barbosa Huerta agregó que el anhelo es contar con una sociedad inclusiva, establecer instituciones y procedimientos de vigencia real para que la democracia también se manifieste como un espacio de decisión compartida, “un Estado social y democrático de derecho que organice y distribuya el poder político, al tiempo que promueva el bienestar social universal y el pleno respeto de los derechos humanos”.
Para lograr un modelo garantista de estas características hay que partir de la premisa de que sólo se puede conseguir la efectividad y el pleno goce de los derechos humanos mediante la garantía de condiciones mínimas de existencia material del individuo, expuso el senador Miguel Barbosa Huerta.
