Respetar los derechos humanos es indispensable para restaurar estado de derecho en Michoacán : Angélica de la Peña


Es momento de que en Michoacán se restaure el estado de derecho y los poderes constitucionales funcionen coordinadamente, que las instituciones actúen apegadas a la ley y hagan respetarla, es el momento en que las autoridades constitucionales en Michoacán tomen ya en sus manos la gobernanza de la entidad, afirmó la senadora Angélica de la Peña.

 

Lo anterior con relación a la detención de José Manuel Mireles y los señalamientos de violaciones a sus derechos humanos,  «él tiene derecho a un debido proceso y mientras no se pruebe de manera clara lo contrario, debe considerársele inocente como parte de las garantías procesales, como dice la Constitución», agregó la presidenta de la comisión de Derechos Humanos del Senado.

 

Dijo que a ninguna persona que se le impute la comisión de un delito, se le pueden violentar sus derechos humanos, garantía inscrita en la Constitución y en Tratados Internacionales signados por el Estado mexicano.

 

Señaló que el traslado del ex vocero de los grupos de autodefensa de Michoacán hacia un penal ubicado en Sonora es una irregularidad demasiado frecuente en el sistema penitenciario mexicano, la cual será corregida con una reforma en la Ley de Ejecución Penal que actualmente está siendo discutida.

 

La senadora del PRD insistió que todas las personas, incluso los peores delincuentes, deben tener garantizado un proceso en donde se respeten sus derechos humanos, en el que la ley se aplique irrestrictamente y las autoridades de procuración de justicia finquen debidamente las responsabilidades por la comisión de un delito, «la etapa donde los derechos humanos eran para las personas y no para las ratas, es algo que ya dejamos en la historia terrible de México.»

 

Recordó a las autoridades estatales y federales que todas las personas que se encuentren en territorio mexicano tienen derecho a recibir un trato justo y digno, en tanto las leyes se apliquen irrestrictamente sin excepción alguna, «no hay justificación para que a José Manuel Mireles se le niegue atención médica especializada, así como medicamentos y alimentación adecuados», concluyó.