Intervención en tribuna del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de consulta a los pueblos y comunidades indígenas.
Benjamín Robles Montoya (BRM). Con su permiso, senador presidente.
Compañeras, compañeros senadores.
Como lo manifesté en su momento, con la promulgación de las leyes secundarias en materia energética, los pueblos, las comunidades indígenas corren el riesgo de ser despojadas de las propiedades, de la propiedad de sus tierras.
Particularmente de aquellas tierras en donde se requiera una relación contractual con las nuevas empresas productivas del Estado o con particulares, pues compañeras y compañeros, a la sazón del uso, goce o afectación a que haya lugar, se les obligará, según los nuevos ordenamientos en este país, a celebrar convenios cuando otros tengan interés en ellos, en términos, sin duda, poco justos, así creemos que va a suceder.
Por eso, nosotros les decimos con respeto, seamos sinceros, la vorágine privatizadora pretende apoderarse a como dé lugar de las tierras y de los recursos naturales que por derecho pertenecen a los pueblos y a las comunidades indígenas.
Algunas veces sucederá con engaños, otras veces aprovechándose de la precaria situación económica y de la devastación del campo, y otras, lamentablemente, a través de la fuerza.
Lo anterior, compañeras y compañeros, constituye sin duda, una trasgresión al derecho humano consagrado en el Artículo 2 de nuestra Ley Suprema, consistente en la autodeterminación.
Pues al impedir mantener la integridad de sus territorios, de acceder de manera preferente al uso y disfrute de los recursos naturales existentes en ellos y a preservar su identidad cultural, estaremos cayendo en este atropello.
Es decir, compañeras y compañeros, en las leyes secundarias materia de la llamada “Reforma Energética” se genera una desventaja hacia los pueblos originarios bajo el engañoso esquema de adherirse, de contratar o aceptar un acuerdo legal o no, para que las empresas usen, gocen y afecten los terrenos que consideren idóneos para el sector energético.
Sin duda, compañeras y compañeros, amigos todos, existen muchos ejemplos de esta situación ya hoy en día: la construcción de presas hidroeléctricas, los parques eólicos, el cambio de régimen social a propiedad privada a efecto de que se construyan más y más unidades habitacionales y proyectos turísticos, entre otros, donde se ha privilegiado ese tipo de intereses en lugar del interés de las comunidades y de los pueblos indígenas de nuestra nación.
Por eso decimos: Sobre advertencia no hay engaño, y sin ánimo de tergiversar la viabilidad o no de esta reforma, compañeras y compañeros. estamos a tiempo de evitar conflictos graves en el país.
Pues ante este tipo de arbitrariedades los pueblos y comunidades indígenas en particular han buscado, desde tiempo atrás, la manera de defenderse y resistirlos embates por despojarlos de lo que es suyo por derecho propio.
En este sentido, compañeras y compañeros, uno de los logros obtenidos por los pueblos indígenas de nuestro país, fue el establecimiento, en el artículo 2 de la Constitución General de la República, el derecho de consulta previa, como un instrumento jurídico para evitar que sus derechos, que sus bienes, que su territorio y que sus recursos naturales sean indiscriminadamente violentados.
No obstante, la falta de la legislación reglamentaria que regule la consulta a los pueblos indígenas, no ha sido impedimento, esto, para que los pueblos organizados y amenazados por el despojo de las tierras recurran a los tribunales para reclamar sus derechos, y que han sido muchos de ellos resueltos a su favor.
Pero de aprobarse la iniciativa que vengo a presentar a todos ustedes, se estarían estableciendo, sin duda, requisitos de consulta que promuevan el diálogo intercultural y el consenso en cuanto a la toma de decisiones que puedan afectar directamente a las pueblos indígenas, ya sea frente al Estado o frente a los particulares, principalmente aquellos dedicados a la industria eléctrica o de hidrocarburos.
Compañeras y compañeros, senadoras y senadores. El deber de consultar, el derecho de ser consultado representan una limitante a la unilateralidad y al abuso del ejercicio del poder público.
El deber de consultar con los pueblos indígenas en relación precisamente con asuntos que les afecten directamente tiene como objetivo lograr el consentimiento libre, previo e informado, lo que implica sin duda alguna procesos de buena fe en donde se toman las decisiones por medio del consenso entre las partes estatales, indígenas y empresariales, con lo cual, sin duda, se tendrá la certeza de resultados en los que todas las partes, lo quiero subrayar, sean beneficiadas, principalmente aquellas más vulnerables, es decir, los indígenas y los campesinos que, sin duda, deben ser el objetivo primordial de nuestro trabajo legislativo..
Por eso, senador presidente, ruego a usted que este tema que considero fundamental, pueda ser incorporado íntegramente, la iniciativa que presento, al diario de los debates y por supuesto pedir desde ahorita el apoyo de las comisiones a las que se vaya a enviar esta iniciativa de la cual estaremos sin duda muy pendientes las y los senadores del PRD.
Es cuanto senador presidente.
