- No obstante, abre la puerta para que entre la luz en este edificio lleno de oscuridad, reconoce
Mientras no coloquemos en el centro de las políticas públicas y de las decisiones legislativas a los derechos humanos, se puede tener avances, pero nunca llegaremos a ser un régimen de garantías y libertades que por fin dejé atrás el prohibicionismo y la doble moral que tanto daño le hace a nuestra sociedad, sostuvo la senadora Angélica de la Peña Gómez.
Al presentar a nombre de la Comisión de Derechos Humanos el dictamen por el que se reforman la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, en materia de regulación y uso de la marihuana, la senadora del PRD lamentó que la propuesta diste mucho de lo que se necesita y de lo que la sociedad demandaba.
No obstante, aceptó que este dictamen “abre una puerta pequeña a ese terrible edificio enmohecido, oscuro, lleno de arañas, culebras y todo lo peor que puede estar adentro como una película de terror, hoy estamos abriendo la puerta para que entre el aire, para que entre el oxígeno, para que entre la luz y en ese sentido, sí es meritorio el dictamen que hoy ponemos a consideración”.
En tribuna, de la Peña Gómez refirió que después del proceso de debate en la materia existía el consenso de que era momento de hacer algo distinto en la política de drogas y que el eje rector de cualquier política nueva debía preponderar la salud pública y la reducción de riesgos y daños, siempre bajo el enfoque de los derechos humanos.
“Yo delineo cuatro situaciones, ejes que surgieron de estas discusiones: 1) Se debe proteger a los consumidores y a otros sectores vulnerables de la población; 2) Se debe permitir la marihuana para usos medicinales y terapéuticos; 3) Se debe tener un enfoque mayor en la prevención, educación y tratamiento; y 4) Se debe generar mayor información, tanto científica como estadística en el tema de marihuana y otras drogas”, apuntó.
Asimismo, destacó el costo y daño que ha ocasionado el régimen prohibicionista generando altos niveles de violencia -más de 100 mil muertos- y la violación sistemática de derechos humanos.
Además, dijo, “la política de drogas ha implicado un gasto estratosférico por parte del gobierno al tratar de contener el creciente mercado criminal y las actividades relacionadas a la delincuencia organizada, dejando relegado el presupuesto destinado a la prevención y tratamiento”.
Por otro lado, enfatizó los efectos de la criminalización de los usuarios, donde el problema que se enfrenta, por parte de las mujeres en el marcado de las drogas, tiene que ver precisamente con su vulnerabilidad, pues el 80% de las mujeres sentenciadas en México, lo están por delitos contra la salud.
“Sí tenemos que decir que esta es una reforma, que hoy ponemos a consideración, pequeña; pequeña aun sin restarle todos los méritos que tiene”, dijo.
Angélica de la Peña consideró necesario eliminar todos los mitos, todos los obstáculos que finalmente se contraponen a hablar y ver la realidad: la guerra contra las drogas ha fracasado y le ha costado mucho a nuestro país.
“No quito méritos, de ninguna manera, al contrario, este dictamen que hoy ponemos a consideración abre ese edificio enmohecido lleno de terror, lleno de persecución, de criminalización, en donde adentro están miles de personas que hoy están en los centros de privación de la libertad por alguna circunstancia, a veces inclusive por tener un poco más de tres gramos como lo establece la ley”, comentó.
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