Intervención del senador Zoé Robledo A., del Grupo Parlamentario del PRD, en reunión ordinaria de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Derechos Humanos, de Estudios Legislativos, de Estudios Legislativos Primera y de Estudios Legislativos Segunda, del Senado de la República, en materia de desaparición forzada de personas y de tortura.
Zoé Robledo A., (ZRA): Muchas gracias, senador presidente.
Como integrante tanto de la Comisión de Puntos Constitucionales como de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, felicito a sus presidentes, a sus mesas directivas por este trabajo. Creo que siempre es justo reconocer un trabajo legislativo bien hecho y también cuando hay un trabajo político de consensos y de pluralidad.
Permítanme tener un cierto optimismo en lo que les voy a plantear en este momento. Creo que hay una suerte de virtuosismo en las presiones del fin de periodo, que nos lleva a pensar que podemos alcanzar más, porque coincido plenamente con lo planteado por el senador Gil Zuarth, que esta reforma al 73 de la Constitución responde principalmente a cuatro aspectos: al reclamo social, a las recomendaciones de organismos internacionales, al fortalecimiento de los sistemas de protección de derechos humanos y a los compromisos internacionales del Estado Mexicano.
De la misma manera, coincido con Graciela Ortiz cuando dice que hay que lograr que la tortura y la desaparición forzada desaparezcan de nuestro país. Y en ese sentido, es que creo que en la reforma al 73 constitucional es aún posible y cabe atender otro fenómeno que también tiene que ver con reclamos sociales, con recomendaciones de organismos internacionales, con el fortalecimiento del sistema de protección de los derechos humanos, con compromisos internacionales del Estado Mexicano y también con el ánimo de que desaparezca del país, porque es un fenómeno que ha ido creciendo, que se ha ido convirtiendo en una realidad para muchos estados, no solamente ya del sur del país, sino también del norte; y tiene que ver justamente con la protección de los derechos humanos y las facultades que tendría este Congreso para expedir leyes generales al respecto.
Me refiero al asunto del desplazamiento interno forzado de personas en México. Es un fenómeno que ha sido planteado desde hace muchos años; hay cerca de 33 millones de personas internamente desplazadas en todo el mundo, solamente en Colombia, que es el segundo país con más desplazamiento interno producto de la guerra contra el narcotráfico y la guerrilla, suma 5 millones de personas internamente desplazadas.
Creo que estamos en tiempo todavía para que este tema se incorpore en esta reforma al 73 constitucional. No existe en nuestro marco normativo una sola línea que regule las políticas y las acciones y las responsabilidades del Estado Mexicano, respecto a la atención al fenómeno de desplazamiento interno forzado de personas.
Durante el levantamiento zapatista de 1994, se generó un desplazamiento importantísimo de personas en mi estado, en Chiapas; cerca de 25 mil chiapanecos que vivían todos los días en campamentos y tenían que no solamente darles servicios sino proteger sus derechos humanos.
Sin embargo, esa causalidad de desplazamiento que tenía que ver con la guerrilla, con la intolerancia religiosa, con problemas agrarios, ha quedado muy rebasada por otro fenómeno de desplazamiento que tiene que ver con la guerra contra el crimen organizado y situaciones de violencia generalizada en algunos municipios del país.
Chihuahua es un caso, Sinaloa es otro, Sonora, Tamaulipas, Veracruz; ya son muchas las alertas organizaciones internacionales dan e incluso ya se está hablando de un número de 280 mil personas internamente desplazadas, según el monitor noruego para personas, para refugiados y desplazados.
Y hay un dato que ayer se presentó en el Senado de la República en la presentación de un libro sobre el tema que calcula que puede haber hasta un millón 200 mil personas internamente desplazadas en nuestro país. El problema es que muchas veces no lo saben; no saben que por el hecho de haber huido de su lugar de origen, producto de amenazas del crimen organizado, tienen una condición que internacionalmente es reconocida pero que en el marco normativo mexicano simplemente no existe.
Por eso creo que también como un fenómeno de privación prácticamente de la libertad como una violación grave a los derechos humanos que, como les decía, desde la declaración de San José sobre refugiados y desplazados, se establecía la responsabilidad del Estado; y como un fenómeno asociado con la guerra con el crimen organizado esta es una oportunidad extraordinaria para abrir el horizonte e incorporar a la reforma del 73 este fenómeno de desplazamiento interno forzado en México.
Para eso, senador Presidente, quiero entregarle esta reserva a nombre mío y del grupo parlamentario.
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