La semana pasada el PRI y su aliado Partido Verde intentaron precipitar en el Senado de la República el debate de las iniciativas de Ley de Seguridad Interior -que ya han generado gran controversia en la Cámara de Diputados por sus probables afectaciones a los Derechos Humanos- al solicitar la opinión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) en este tema.
De inmediato, las y los senadores del PRD nos opusimos porque esta pretendida Ley de Seguridad Interior tiene el objetivo primordial de regularizar las acciones de elementos militares en seguridad pública, de hacer permanente una presencia que debiera ser temporal, de legalizar una decisión que aunque necesaria rompió el orden constitucional; pero sobre todo, porque esta legislación, de ser aprobada, postergará la solución para el descomunal problema que agobia a nuestro país desde hace mucho tiempo: la carencia de policías profesionalesy confiables.
Nadie puede negar la gravedad de esta crisis, ni que afecta a los tres órdenes de Gobierno, con especial énfasis en el estatal, donde la situación es patética; legisladores y legisladoras de cualquier parte del país podemos dar ejemplos de la precariedad o de la inexistencia de las policías como institución del Estado. De ese tamaño es el embrollo.
Involucrar a la y los gobernadores es una burda maniobra para justificar la urgencia de aprobar esta Ley de Seguridad Interior.
Es innecesario escuchar a los gobiernos estatales, sabemos de antemano que emplearán horas y horas para lamentarse por el desastre que representa la seguridad pública en sus entidadesy por la ausencia de un Estado de Derecho que garantice que la delincuencia organizada esté donde debe estar, que es frente a jueces, con sentencias, cumpliendo una sanción de privación de libertad.
Por supuesto que las y los gobernadores están preocupados por el retorno de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles, sin ellas tendrían que asumir su responsabilidad como autoridad civil y formar policías capacitadas, equipadas y bien remuneradas, que garanticen la seguridad de la población; pero optan por el camino fácil, la salida más cómoda, piden al Ejército y a la naval que les resuelvan provisionalmente la bronca.
Me parece que si el Senado de la República quiere contribuir a dar solución al problema de fondo, lo que debemos hacer es concluir el pendiente que tenemos en materia de mando mixto y aprobar la Ley de Seguridad Pública, que derivan de reformas legislativas que nosotros mismos discutimos e impulsamos a fin de que la Constitución nos permitiera tener una ley que oriente el funcionamiento de las policías en los tres órdenes de Gobierno.
Las y los expertos en seguridad pública, así como organizaciones civiles especializadas y organismos internacionales, han sido contundentes en sus señalamientos, que además coinciden con declaraciones del general Cienfuegos: es la autoridad civil, federal, estatal y municipal, la que debe atender y garantizar la seguridad pública.
La Constitución, en su Artículo 129, dice: “En tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.
Reconocemos que soldados y marinos no pueden regresar de inmediato a sus cuarteles, pero su presencia en las calles será permanente si no nos ocupamos de la reconstrucción de las policías como institución del Estado.
*Senadora por el PRD.
Presidenta de la comisión de Derechos Humanos.
@angelicadelap
