La violencia de género en el ámbito político es un problema estructural que refleja la discriminación y los estereotipos por el que pasan varias regiones de México, a pesar de las diversas reformas que han contribuido sustancialmente al reconocimiento y ejercicio de derechos político-electorales de las mujeres, señaló la senadora Lorena Cuéllar Cisneros.
La legisladora por el estado de Tlaxcala resaltó que los alcances de este tipo de violencia de género son amplios y afectan tanto a las ciudadanas en calidad de candidatas como al electorado en general porque se atenta contra la equidad en una contienda electoral.
En ese sentido, la senadora del Grupo Parlamentario del PRD propuso la adición del inciso d) al tercer párrafo de la fracción sexta del artículo 41 de la Constitución Política para que este tipo de violencia sea considerado una causa para anular un proceso electoral.
“Las múltiples expresiones de violencia contra las mujeres han restringido sus derechos para poder ocupar cargos de toma de decisiones y poder político, ya que de manera sistemática las mujeres nos enfrentamos a situaciones tales como el acoso político y la violencia de género, situaciones que llegan a ser obstáculos para su designación y participación en cargos de representación popular o de liderazgo”, indicó.
De tal manera que la propuesta de la senadora perredista plantea que cuando la autoridad acredite violencia política por razones de género en contra alguno de los candidatos, ésta será motivo para anular la elección.
“Nuestro país ha trabajado a nivel legislativo e institucional para adoptar medidas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país con el objetivo de garantizar la igualdad de condiciones el derecho a ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas, en condiciones de igualdad y en contextos libres de violencia”, consideró.
Cuéllar Cisneros puntualizó que la pobreza y los elevados niveles de desigualdad son elementos estructurales que agudizan los efectos de violencia, particularmente en las zonas rurales y zonas indígenas, siendo una desafortunada realidad que atenta contra los derechos humanos de las mujeres.
“Tenemos muestra de la magnitud del problema que ya tenemos en nuestro país en materia de violencia política de género y que ya está dañando severamente a nuestra democracia. No podemos seguir esperando una conducta pasiva de nuestras instituciones, es necesario plasmarlo en nuestra Constitución para garantizar el ejercicio de nuestros derechos”, subrayó.
