- Deben conocerse los vínculos y red de complicidades que le permitieron alcanzar tal poder antes de pensar en extraditarlo, señala
Debe haber un procesamiento público de Joaquín Guzmán Loera que lleve a los tribunales que lo juzguen a imponerle una sentencia con la pena máxima y que derive en el conocimiento de sus vínculos y la red de complicidades que lo han protegido y que permitieron sus dos fugas anteriores, sostuvo el senador Miguel Barbosa Huerta.
“Una vez que sea juzgado y sentenciado en un procedimiento público, que permita conocer sus vínculos, su red de complicidades con el poder público y el poder económico -sólo así puede funcionar una organización con tanta fuerza- una vez que eso ocurra, hablarse de extradición”, dijo el legislador en conferencia de prensa.
En ese sentido, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República reiteró su posición a favor de que el líder del cártel de Sinaloa sea sentenciado y declarado culpable en México y advirtió una urgencia del Gobierno federal para poder acelerar el proceso de su extradición.
“Observo una urgencia de parte del Gobierno federal para poder acelerar el proceso de extradición, observo que así está decidido llevarse a cabo; el Estado mexicano debiera acreditar que es capaz de poder hacer cumplir la ley tanto en un enjuiciamiento como en la ejecución de una sentencia en la compurgación de una condena”, destacó.
Barbosa Huerta afirmó que hacer procedente una pronta extradición de Joaquín Guzmán Loera, sin que antes sea juzgado en un juicio público y sentenciado en México, no permitiría conocer sus vínculos y complicidades y al contrario le daría la posibilidad de crear en Estados Unidos una estrategia para conseguir, en los términos de su sistema de justicia penal, algún día su libertad.
“La captura de Joaquín Guzmán Loera debe tener como consecuencia el desmantelamiento y destrucción de su organización criminal; para ello, se deben conocer sus relaciones de complicidad que le permitieron su ascenso delincuencial mediante relaciones, sin duda, con segmentos del poder público y del poder económico del país”, aseguró.
Miguel Barbosa reconoció que el capo violó la ley en muchos países por lo que su procesamiento en cada uno es procedente y aclaró que no está en contra de la extradición, pero sí de que ésta sea acelerada.
Enfatizó que, de extraditar al Joaquín Guzmán a Estados Unidos, nunca más se va a conocer quiénes han sido sus cómplices y socios que le permitieron alcanzar tanto poder.
“Si se lo llevan, no se sabrá, acuérdense de mí, no se sabrá; y es en lo que puede haber también interés de llevárselo para que no se sepa”, agregó.
El legislador calificó como una comedia el descubrimiento de los vínculos del delincuente con actrices y productores de televisión y cine, pues eso no va a llevar al desmantelamiento de la organización criminal.
“Que cante ‘El Chapo’, que diga quiénes son sus cómplices, que diga quiénes son sus socios, que diga cuáles fueron sus relaciones con el poder público que lo solaparon y que le permitieron alcanzar este enorme poder”, concluyó.
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