Proyecto de Ley de Hidrocarburos no garantiza transparencia para evitar posibles actos de corrupción


Senadore PRD

Intervención del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del PRD, durante la discusión de la Ley de Hidrocarburos, en el marco del análisis de las leyes secundarias en materia energética.

 

Rabindranath Salazar Solorio (RSS). Bien, senador Penchyna.

 

Señoras y señores senadores, hemos explotado de manera intensa nuestros recursos naturales. Hemos hecho del petróleo el gran soporte financiero de nuestro país; un auténtico cuerno de la abundancia que, a pesar del excesivo, poco planificado y hasta abusivo uso por parte de la clase gobernante, sigue dando oportunidades de crecimiento y sustentabilidad.

 

Nuestra soberanía energética se encuentra pendiendo de un hilo y entre dos posiciones: la del Ejecutivo y sus aliados, que aprovechando una coyuntura que ellos mismos provocaron y que pretenden presentarnos a las y los mexicanos un Pemex y una Comisión Federal de Electricidad prácticamente en quiebra; al mismo tiempo al capital extranjero le dan la oportunidad de aprovecharse para literalmente servirse con la cuchara grande en el banquete energético al que ningún mexicano o mexicana está invitado.

 

La segunda posición es la de la izquierda. En ella afirmamos que, si bien se requiere una gran reforma energética nacional, ésta debería transitar por un cambio de paradigma y dejar de pensar que seguimos administrando la abundancia.

 

Una reforma para apartar a Pemex del presupuesto a fin de generar verdaderos ahorros y obligar a adelgazar la excesiva burocracia federal. Una reforma para fortalecer a la industria con reinversión, con la consolidación de cadenas de valor y de la que todo mexicano se sienta orgulloso.

 

Lamentablemente, con la reforma constitucional publicada el pasado 20 de diciembre, el Ejecutivo Federal y sus aliados en este negocio cancelaron la posibilidad de sentar las bases para que se diera una auténtica reforma energética y, mediante la aprobación de las reformas constitucionales y una seguidilla de artículos transitorios, se obsequió el futuro y la soberanía energética al mejor postor, y de paso se firmó con anticipación el acta de defunción de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad con un esquema que la reduce a su mínima expresión para al final proceder a su inminente liquidación.

 

Por nuestra parte, me refiero al Grupo Parlamentario del PRD, se presentó una serie de iniciativas a leyes secundarias que no se ven razonadas en este primer proyecto de dictamen, ¿por qué?, porque atentaban contra sus intereses privatizadores. No de Pemex, no de la Comisión Federal de Electricidad, sino del petróleo y la energía eléctrica de los mexicanos.

 

Esta iniciativa progresista iba dirigida a fortalecer las paraestatales, a otorgarle la autonomía respecto a Hacienda, a mejorar su régimen fiscal y a realizar las acciones necesarias para la transición a energías más limpias.

 

Para nosotros es la primera ocasión en la historia en que se pretende debatir la forma en que se entregarán los energéticos. Nos queda claro que los grupos parlamentarios del PRI y del PAN llevan algo más que un par de décadas planeando cómo privatizar el petróleo, la energía eléctrica y hacer personal el patrimonio de los mexicanos.

 

Aquí ha sido más de uno el que ha sostenido que es un debate de muchos años, por esa razón no entendemos que quieran acotar una discusión violentando la norma. Debatamos frente a la nación. Dejemos constancia de lo que cada uno de nosotros decimos, afirmamos y sostenemos a nombre de nuestros representados.

 

Casualmente se omitió informar a los mexicanos las implicaciones y consecuencias de esta propuesta de modelo energético. Me referiré a los que podemos observar en este primer dictamen.

 

Número uno. Que el petróleo en el subsuelo tiene valor para las empresas a las que van a entregar contratos. Ellos podrán especular en el mercado internacional a través del registro de las reservas en sus estados contables; no así para los mexicanos.

 

La propiedad de la nación directa, inalienable, imprescriptible, no le sirve al pueblo mexicano; es un parafraseo alentador cuya esencia carece de valor real.

 

Como ya se ha expresado de qué nos sirve que nos diga que el petróleo sigue siendo de los mexicanos si está en el subsuelo y, por otra parte, le permite a las empresas trasnacionales el que puedan registrarla dentro de sus activos y reflejarla en sus estados financieros.

 

Los mexicanos tendremos soberanía por una sencilla razón: la decisión estará en manos de quienes controlen los energéticos desde su extracción hasta la última etapa de la cadena productiva.

 

Tres. Pemex queda indefensa y debilitada para participar en real competencia con los extranjeros. Desde la Ronda Cero, confidencial hasta el momento, ocultándole a los mexicanos y en especial a los que en ella laboran que alrededor de un 60 por ciento tendrá en riesgo su fuente de empleo. Eso principalmente afectará a las familias de la zona sur-sureste del país. En mayor intensidad a Veracruz, Tabasco, Campeche y Chiapas.

 

Cuatro. Ya reconocieron que la gasolina seguirá subiendo de precio y esto queda debidamente establecido en las modificaciones que hace en esta  iniciativa de ley, donde además ahora se queda en una incertidumbre este costo, porque en la iniciativa presentada inicialmente por el Ejecutivo Federal se establecía el aumento que se iba a dar de manera paulatina en nueve y 11 centavos para la gasolina y el Diesel, respectivamente, pero en las modificaciones que se hacen por parte del área técnica ya ni siquiera eso se especifica, es decir, se deja al libre albedrío de la Secretaría de Hacienda.

 

Cinco. Nunca nos dijeron que la baja de los precios que ofrecieron en los promocionales de televisión estará sujeta a la extracción del gas shale o lutitas y que implicaría el uso de técnicas que deberán estar prohibidos por ser excesivamente dañinos para el ambiente y la salud, como es el fracking.

 

Tampoco han dicho nada de los problemas de abasto de agua para la extracción del gas y de la contaminación de la misma.

 

Quiero llamar su atención en este siguiente punto porque me parece una aberración:

 

Dentro de las modificaciones que se hicieron, y aquí me gustaría saber si fue por parte de los Presidentes o por parte del área técnica, porque hay una modificación que no venía desde el Ejecutivo y que se plantea en el Artículo 10 y en el Artículo 20, en el párrafo cuarto, donde dice que cuando haya falseo de información por alguna de las compañías que esté participando en alguno de los sectores que tenga que ver con PEMEX y la autoridad detectara esto, habrá una sanción cuando se dé esta situación de falsear información en una segunda ocasión.

 

¿Qué quiere decir esto? Que tratándose de que se genere un fraude, un engaño, un robo y lo hagan por primera vez, no va a pasar nada. Eso sí es una aberración y a mí sí me gustaría saber qué es lo que está pasando o cómo es que hicieron esto.

 

Entonces pudiéramos pensar que con esto se pretende arreglar algunos de los contratos que ya están en marcha, por ahí pudiera sonar el caso de Oceanografía, entre otros.

 

Ocho. Adición a la afirmativa cita, que significa la omisión de la autoridad para proceder conforme a derecho, lo que significa faltar a su deber y de esta forma evitar la imposición de sanciones a contratistas para el caso de trabajos anticipados.

 

También cabe destacar que para los funcionarios que en un momento dado permitieran que ese supuesto se diera, no se establecen sanciones, situación también que vale mucho la pena revisar.

 

Número nueve. Contenido nacional. Tampoco dicen que desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, mediante la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, quedaron prohibidas las cláusulas de contenido nacional y que no se puede obligar a ningún inversionista extranjero a sujetarse a dicho contenido.

 

Esto está contemplado en el Artículo 1106 del Tratado de Libre Comercio mencionado.

 

Diez. Que las controversias por incumplimiento o de interpretación, será resuelto en Tribunales y árbitros internacionales, alejando a los mexicanos de las decisiones que los afectan considerablemente.

 

Dejo como ejemplo el caso de Ecuador, con Chevron, por el daño al medio ambiente que todo mundo conocemos.

 

Once. Con la propuesta del Ejecutivo no sólo se encargaron de entregar lo que está en el subsuelo, sino además el suelo, de manera literal.

 

Los mexicanos tendrán que entregar sus tierras, su patrimonio y migrar por razones de interés público, pero a favor de terceros, extranjeros que explotarán estas tierras por esta denominada actividad preferente en materia energética.

 

¿Cómo se establece? Primero, que podrán llegar a algún acuerdo, pero en el caso que no haya tal, la autoridad podrá generar esa expropiación a favor de un tercero.

 

Doce. Facultan a los privados a comercializar nuestro petróleo, es decir, para exportarlo. PEMEX lo ha hecho desde su creación. ¿Será acaso otro negocio obscuro de los tantos que se han venido mencionando?

 

Por otra parte, el Dictamen que contiene el Proyecto de Ley de Hidrocarburos, particularmente en el apartado de la transparencia y combate a la corrupción, no contiene previsiones suficientes que garanticen transparencia para evitar posibles actos de corrupción. Otra omisión de la que está contagiada prácticamente toda la Reforma Energética presentada en este Senado.

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos previó, previo a la Reforma del 20 de diciembre del 2013, reservaba las actividades estratégicas de exploración y extracción de hidrocarburos, así como su transformación a Petróleos Mexicanos.

 

Actualmente, la Ley de Hidrocarburos que se pretende aprobar establece que para las actividades estratégicas de exploración y extracción de hidrocarburos que se realizan en territorio nacional a través de asignaciones y contratos de exploración y extracción, deberán alcanzar, en promedio, al menos el 35 por ciento de contenido nacional, cuando en otros casos, como el caso de Brasil, sabemos que es un 70 por ciento.

 

Por otro lado, un porcentaje de participación de Pemex menor al 51 por ciento en ninguna forma sería aceptable. Es decir, este cambio, si ustedes recuerdan, cuando llegue a la iniciativa plantea un 25; lo amplían a un 35 y eso no es una concesión graciosa porque en este momento ya se cumple con ese porcentaje. El hecho de dejarlo así, hubiera significado retroceder en lo que ya tiene actualmente PEMEX.

 

Y nosotros estamos porque cuando menos Pemex debe tener el 51 por ciento para seguir manteniendo la rectoría y no del total de los contratos, sino la participación de contenido nacional en cada una de las áreas que tenga que ver.

 

Es evidente la pretensión de reducir a su mínima expresión a Pemex, cuando se le coloca en desventaja para competir con los nuevos participantes, puesto que las asignaciones que reciba le pueden ser arrebatadas sin un debido proceso.

 

La Comisión Nacional de Hidrocarburos impondrá socios en caso de buscar alianzas. La Secretaría de Hacienda seguirá teniendo un peso decisivo en la definición de su presupuesto.

 

Cualquier aligeramiento fiscal estará supeditado al mínimo del 4.7 del Producto Interno bruto de ingresos fiscales para el Estado. Se le podrá obligar a hacer tareas tan poco rentables, que ningún otro operador quiere hacer, así como entregar su información geológica y geofísica interpretada, con lo cual perderá toda la ventaja, años de investigación por parte de expertos mexicanos y prácticamente se situará en una posición de desventaja competitiva.

 

Hace un momento el senador Orihuela mencionaba a cerca de la ventaja que tenía Pemex en la ronda cero. Lamentablemente, al hacer un análisis de la denominada ronda cero, vemos que Pemex ya perdió casi el 60 por ciento de las áreas exploratorias.

 

El 69 por ciento aproximadamente de los recursos prospectivos, el 85 por ciento del recurso prospectivo en lutitas y el 671 por ciento del recurso prospectivo en aguas profundas, el 41 por ciento del recurso prospectivo en aguas someras y el 17 del recurso prospectivo en áreas terrestres.

 

Es decir, de un solo golpe dejará de explotar en más de 200 mil kilómetros cuadrados del territorio nacional. Este proceso discrecional no tiene una regulación transparente y deja a Pemex a la buena voluntad de la Secretaría de Energía, aunado al hecho de que no se termina por normas si Pemex recibirá algún pago por las inversiones de exploración, donde ha decidió no participar.

 

Es una vez más un desfalco nacional.

 

Ya concluyo, Presidente.

 

Señoras y señores senadores:

 

El análisis y contenido del dictamen que se nos presenta nos deja con graves preocupaciones, como consecuencia de omisiones, falta de claridad, ausencia de temas que se afirmó apenas en diciembre pasado, no era el contenido de la reforma constitucional, pues sería materia de la legislación secundaria.

 

Esos temas no los vemos y para ejemplo deberán explicarla en la nación en donde se verá reflejada por ley la disminución de los costos de las gasolinas, deberán explicarle a ese trabajador y trabajadora de una gasolinera el por qué se agotó su fuente de trabajo, cuando tenga que competir con una distribuidora extranjera y que utiliza bombas automáticas.

 

Tendrán que explicar las y los defensores de este dictamen a la gente por qué las concesiones no se les llaman como tal, pero tienen todos los componentes de una de ellas.

 

Deberían explicar a todo un país por qué se vulneran los derechos humanos en aras de una actividad preponderante, sin contrapesos ni candados.

 

Mo olvidemos además el uso del mundial del futbol como distractor y que podrá darles la oportunidad de no tener que dar explicaciones a la gente, pero esto solo durante un mes y el daño a la nación como consecuencia de empeñar el futuro energético del país, de los cuales se los cuestionarán generaciones enteras, así pasen 10 mundiales.

 

Es cuanto, señor Presidente.