Intervención en tribuna de la senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del PRD, para hablar sobre el dictamen que contiene proyecto de decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforma, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
Lorena Cuéllar Cisneros (LCS). Compañeras y compañeros Senadores.
Vengo a presentar mi voto en contra del presente dictamen, puesto que considero que se encuentra alejado de nuestros principios constitucionales, es insuficiente y omiso; además de que en muchos aspectos contraviene el interés público de manera injustificada.
Una parte esencial de este debate y que debe ser muy tomada en cuenta, es que nos encontramos legislando un sector estratégico y de los más dinámicos a nivel mundial.
Basta decir que este sector crece dos o tres veces más rápido que el resto de la economía, e incluso llega a permanecer ajeno a las crisis y recesiones mundiales.
Nuestro país ocupa el segundo lugar de mercado a nivel Latinoamérica en materia de telecomunicaciones, con un valor de mercado de más de 28 mil millones de dólares.
Por eso se entiende lo rentable que les resulta este negocio a las grandes televisoras y empresas de telecomunicaciones.
Hace un par de meses la revista Forbes señalaba a las telecomunicaciones móviles y fijas como uno de los negocios insignia de las economías de escala y que da como resultado que en países como el nuestro haya personajes como Carlos Slim, cuya fortuna equivale al 6 por ciento del PIB.
Esto es inaceptable en un país donde más de la mitad de la población vive en condiciones de pobreza, y en donde únicamente el 26% de los hogares cuentan con acceso a internet.
De acuerdo con organismos especializados, el gasto promedio que un usuario dedica al servicio de telecomunicaciones móviles, en 2013 ascendía a 161 pesos; sin embargo, el costo en telecomunicaciones cuantificado dentro de la canasta básica no alimentaria asciende apenas a poco más de 75 pesos en zonas urbanas y de 20 pesos en zonas rurales; lo que resulta contrastante y demuestra los niveles de exclusión que experimenta el sector de la población con escasos recursos en estos servicios.
En otras palabras, se omitió plantear un mínimo básico en materia de telecomunicaciones para la población en situación de pobreza. Tema que no fue motivo de preocupación durante la aprobación fast-track del presente dictamen en comisiones; que por ciento parece que ahora si el PRI y el PAN batieron record aprobando más de 300 artículos en apenas 6 horas.
De quedar la propuesta en los términos que se presenta, representaría un grave retroceso a nuestra Constitución en materia de telecomunicaciones y radiodifusión ya que contiene disposiciones que agravian a nuestra población.
Quiero mencionar algunos:
Permite a ciertas autoridades ordenar la cancelación de servicios de telecomunicaciones en áreas geográficas específicas, durante eventos de protesta, por ejemplo, cuando los ciudadanos vengan a protestar por la reforma energética que seguramente el PRI y el PAN aprobarán en los siguientes días se les restringirá su derecho a estar difundiendo por medio de sus dispositivos móviles lo que aquí está ocurriendo. Es decir, se atenta contra el derecho a la libre expresión y comunicación.
Es violatoria de derechos humanos al incluir facultades para que las instancias de seguridad tales como el CISEN, la Policía Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional, o bien la Secretaría de Marina, puedan obtener información de los concesionarios sobre la localización en tiempo real de cualquier dispositivo de comunicación sin que medie orden judicial y sin establecer mecanismos para evitar la violación a la privacidad.
Quita atribuciones esenciales al Instituto Federal de Telecomunicaciones, adjudicando a la Secretaría de Gobernación la revisión de contenidos en radio y televisión. Este punto es inaceptable ya que el gobierno de ninguna manera debe ejercer estas funciones en un Estado democrático.
Es deficiente en el respeto a la accesibilidad para personas con discapacidad, cuando se incluye el subtitulaje, doblaje y lenguaje de señas mexicano únicamente en un segmento de alguno de los programas estelares de información, limitando considerablemente las opciones informativas de esta población. Asimismo, no se contempla la infraestructura necesaria o espacios virtuales con identificadores de señal de emergencia.
No garantiza el derecho de las audiencias a recibir información de calidad y programación equilibrada entre contenidos y publicidad, al limitar esta, se incorporan artículos que posibilitan su aumento. Además, para el caso de las audiencias de los sistemas de televisión de paga, los concesionarios no están obligados a tener mecanismos de autorregulación. Esto daña los derechos de las audiencias si se considera que la mitad de los hogares en México cuenta con sistemas de televisión de paga.
No incluye, en el caso de medios indígenas ninguna acción afirmativa, a través de la cual se reduzcan todos los requisitos al máximo y se fomente la existencia de dichos medios, ignorando lo dispuesto en el artículo 2 de la Constitución.
Omite todo tipo de medidas tendientes a la alfabetización mediática, indispensable para que la sociedad pueda gozar del acceso a nuevas tecnologías. Esta alfabetización incluye la capacitación para acceder a medios, para comprender los contenidos y para poder discriminar entre lo que es publicidad, información y programas, así como los riesgos asociados al uso de nuevas tecnologías.
Estos, son tan sólo algunos de los errores y excesos de este dictamen que evidentemente se encuentra definido por el interés de las corporaciones televisivas, el Gobierno y el PRI.
Y ahora nos dicen que lo usuarios ahorraremos sendas cantidades de dinero por los cambios que supuestamente esta reforma a modo traerá; ¿Quién les va a creer si todos estos años han sido cómplices de los abusos de las empresas de telefonía y televisión?
De nada vale la larga distancia gratuita si a cambio el gobierno estará invadiendo nuestra privacidad.
De nada vale la simplificación de la portabilidad si a cambio se les da un trato indigno a nuestros pueblos indígenas, a las personas con discapacidad y a las personas que viven en situación de exclusión y pobreza.
De nada vale una reforma que pone por delante los intereses de las empresas que apoyan a un candidato presidencial si a cambio nuestro pueblo seguirá marginada de sus derechos.
¿A quién le interesa una señal digital si una persona no tiene para el sustento diario, mucho menos para una televisión para ver estas señales?
Reconozcan que con esto dan la espalda a la sociedad que se encuentra en condiciones de desventaja ya no solo económica, sino ahora también en una situación desigual para acceder a los servicios en materia de telecomunicaciones.
Hago votos porque la razón les asista y no impere el autoritarismo y los privilegios para las grandes empresas televisivas y de comunicaciones.
Es cuanto, señor presidente.
