Intervención en tribuna de la senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 25 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, para crear el Consejo Económico Social.
Lorena Cuéllar Cisneros, (LCC): Con su permiso, señor presidente.
Compañeras y Compañeros Senadores,
El artículo 25 de nuestra Constitución establece la rectoría del Estado en el desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral, sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático.
De acuerdo con este precepto, mediante la competitividad, el fomento al crecimiento económico, el empleo y una justa distribución del ingreso y la riqueza, permitirán el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.
Se trata de los objetivos más altos, que nuestra nación está obligada a asumir, si pretende tener viabilidad.
Objetivos que a todas luces aparecen distantes, si no es que inalcanzables, a la luz de los datos duros que arrojan los indicadores económicos y sociales.
México debe fortalecer su régimen democrático.
La presente iniciativa, reconoce que la democracia representativa es notoriamente insuficiente.
Reconoce también que la discusión sobre los grandes temas de desarrollo nacional debe involucrar a diferentes actores, debe abrir al debate público, donde cada sector defina claramente su postura. A todos los sectores debe interesar el destino del país.
Sabemos que existe el cabildeo, la negociación y hasta presiones de distintos actores económicos. Muchas veces imperan las visiones parciales y sesgadas de la realidad, o prevalecen los intereses de unos cuantos sobre el interés nacional.
Cada quien acude ante el Presidente, ante los Secretarios o a los Legisladores a plantear sus preocupaciones o intereses. Ello es común en un entorno democrático.
Pero la situación de México nos exige una visión integrada y estratégica, con soluciones de largo plazo, que provengan de acuerdos de fondo, sobre todo entre la mayor cantidad de actores económicos y sociales.
Es claro que para la ciudadanía, los acuerdos en la clase política, no siempre reflejan el interés de las mayorías. Es preciso emprender un esfuerzo de diálogo político entre empresarios, sindicatos, universidades, expertos, entre campesinos, indígenas, y muchos actores más.
Un esfuerzo que trascienda a lo institucional. Que aporte soluciones y acuerdos.
Hoy requerimos de un esfuerzo profundo de concertación, con visión de Estado, para abrir paso al desarrollo y acabar el estancamiento y la precarización de la vida social y laboral. Para impedir que se siga expandiendo la pobreza.
México sigue estancado, se siguen ampliando las desigualdades y se están abriendo nuevas brechas como resultado de una modernidad que excluye a millones y destruye el tejido social.
Es necesario conciliar posturas y generar mayores equilibrios, acabar con la división entre lo social y lo económico. Ambas políticas deben ser parte de una misma estrategia, que ponga en el centro a la justicia.
Existen experiencias exitosas, de alianzas estratégicas de largo plazo basadas en objetivos comunes de la sociedad.
Por ello, proponemos crear el Consejo Económico y Social, como un órgano consultivo del Poder Ejecutivo, que tendría un peso enorme, al estar previsto en la Constitución, y conformado por todos los sectores y actores sociales que deben incidir en el rumbo económico y social del país.
Se trata de un instrumento que genere acuerdos y consensos de manera horizontal, con visión incluyente, democrática y plural, que genere respuestas y soluciones de fondo, con una interlocución permanente y constructiva hacia el ejecutivo.
El Consejo, sin duda alguna puede fortalecer la gobernabilidad.
Prácticamente todos los países de Europa cuentan con organismos de esta índole.
Incluso, la ONU, cuenta con un Consejo Económico y Social que se ocupa de los problemas económicos, sociales y ambientales del mundo.
La Comunidad Europea tiene su Comité Económico y Social, de carácter consultivo, y tiene como finalidad representar los intereses de los distintos de grupos económicos y sociales de Europa.
En América Latina, un número importante de países, provincias y ciudades cuentan con Consejo de este tipo. Existe una Red de Consejos Económicos y Sociales de América Latina y el Caribe.
En la gran mayoría de los casos, ha sido esencial el involucramiento de los sectores, pero también de la sociedad civil organizada.
La riqueza de las resoluciones del Consejo, estriba en que las decisiones trascendentes para el país, contarían con la opinión de los actores económicos y sociales, de asesores y expertos, con autonomía.
Esa autonomía ha sido muy valiosa en los últimos años. Nuestro país cuenta con información precisa para tomar decisiones, para rectificar el camino o reforzar lo que corresponda.
Las recomendaciones del Consejo Económico y Social sin duda pueden mejorar la implementación de políticas a mediano y largo plazo.
Como han señalado diversos líderes de opinión e investigadores, el problema económico y social que enfrenta el país nos exige una evaluación desprovista de prejuicios, de los supuestos que han guiado la estrategia del Estado mexicano para combatirlo y de la política económico-social en su conjunto.
Con este Consejo proponemos transitar hacia un diálogo incluyente, ampliando la participación de la sociedad, al más alto nivel. Con propuestas, con crítica, con reflexión profunda.
Un diálogo social institucionalizado, que no sea subordinado por ninguno de los poderes públicos. Por ello es importante incluirlo a nivel constitucional.
Es cuanto, Señor Presidente.
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