Intervención en tribuna de la senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar reservas a los artículos 268 y 271 del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.
Iris Vianey Mendoza Mendoza, (IVMM): Buenas noches. Gracias, señor Presidente.
Hago uso de esta tribuna para referirme a la reserva de dos artículos de esta Ley Federal de Derechos, relativo al tema de minería, cuyos montos establecidos por concepto de derechos por explotación y exploración de sustancias o minerales permanecen intactos en el dictamen que hasta ahora se discute en el Paquete Económico 2016, lo anterior en el entendido de que es una prioridad de las izquierdas el impulsar un modelo de explotación minera que garantice, por parte de la industria, una mayor responsabilidad social, ambiental y con las entidades federativas y, obviamente, los municipios.
En el año 2014, de acuerdo con el Informe Anual 2015, de la Cámara de Minería de México, los puertos de Manzanillo, Lázaro Cárdenas, tuvieron bajas en las explotaciones, sobre todo en el mineral de hierro, y esta baja se debió principalmente a la reducción de la producción del grupo de materiales preciosos, al menor precio internacional de los metales y a la depreciación del peso frente al dólar.
Pese a esta caída, permaneció como un cuarto sector de la industria que más divisas genera por detrás de la automotriz, del electrónico y del petróleo, al captar alrededor de 17 mil 53 millones de dólares.
En el año 2014, el conjunto de la producción de oro, cobre, plata y zinc, representaron el 74 por ciento del valor de la producción generada en pesos.
Por otro lado, dentro de la lista de Forbes 2015, contamos con dos empresarios mexicanos millonarios que se dedican principalmente a la minería, a la extracción de estos minerales.
Por si fuera poco, esta actividad industrial tan agresiva ambiental, social, cultural y políticamente hablando, ha dejado estragos terribles en nuestro país.
Vemos una terrible desigualdad entre lo que produce la minería para unos cuantos y el estrago social que está produciendo la depredación de nuestro medio ambiente.
Con la entrada en vigor de los tratados de libre comercio en América Latina, en la década de los 90’s, las leyes mineras han sido las más permisivas vigentes hasta nuestros días, abrieron las puertas a empresas de todo el mundo, sobre todo empresas canadienses.
El país tiene una historia oficialmente enterrada de impacto socio-ambientales de la actividad minera.
Hemos analizado este paquete económico, por lo que hemos decidido reservar estos dos artículos.
Aunado a lo anterior debería mencionar que la fuerza de trabajo en la minería representa un sector en el que se pagan bajos salarios a los trabajadores a cambio de largas jornadas laborales hasta de 14 horas diarias por condiciones terribles de seguridad.
Los estados de Guerrero y Oaxaca, que son estados con producción de cobre, además de Guerrero, encontramos también a Michoacán, son de los estados mineros que se sitúan en la lista de los 7 estados con mayor pobreza en el país, de acuerdo a los propios datos del Coneval.
No obstante, la Ley de Derechos establece que los recursos obtenidos por los derechos al sector minero, el 80 por ciento serán destinados al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable, de los estados y de los municipios, y esto incluye la construcción, la remodelación, el equipamiento de centros escolares, la pavimentación, el mantenimiento de calles, caminos locales, así como el mantenimiento del aumento en el alumbrado público, los rellenos sanitarios, las plantas de tratamiento de agua, la instalación y mantenimiento de obras de drenaje público, entre otras.
Este recurso debe aplicarse en un 62.5 por ciento a los municipios y demarcaciones del Distrito Federal en que tuvo lugar la explotación y la obtención de sustancias minerales, y el resto, el 37.5 por ciento a la entidad federativa de manera correspondiente.
Ahora bien, el acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la aplicación de los recursos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de estados y municipios mineros, se publicó en el periódico oficial desde el 25 de septiembre del 2014, el primer pago se realizó en el mes de marzo del 2015, así la recaudación por los derechos especiales extraordinarios y la adición sobre minería correspondiente al 2014, ascendió de 2 mil 589.4 millones, y de ésta, es decir, el 80 por ciento, alrededor de 2 mil 72 millones de pesos, se destinarían a los estados y municipios mineros.
Según los datos del Inegi, en ese mismo año el valor de la producción minero-metalúrgica, llegó a los 196 mil 967 millones de pesos, esto es, 14,820 millones de dólares. A los estados y municipios llegó sólo un beneficio de 0.011 por ciento del valor de la producción metalúrgica.
Por los montos mencionados, es evidente que tal destino de los recursos no es suficiente, pues de acuerdo con los datos duros, la fortuna de empresarios mineros crece y la pobreza aumenta. En los estados mineros en vez de tener crecimientos altos, crecen los niveles de pobreza. En otras palabras, no estamos logrando nuestro cometido final que es combatir la desigualdad y el modelo de explotación minera.
Por ello estoy proponiendo dos adiciones en este par de artículos: primero en el artículo 268 para que se modifique el Impuesto Especial sobre Minería, y pase del 7.5 al 8 por ciento.
Y por otro lado propongo que se agregue una fracción IV al artículo 271, para que dentro del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de estados y municipios mineros, se incluya un fondo educativo para los hijos de los trabajadores mineros, que además son parte de los índices de pobreza.
Es cuanto, Presidente. Gracias.
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