Intervención en tribuna de la senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 3 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.
Lorena Cuéllar Cisneros, (LCC): Con su permiso, presidente.
Compañeras y Compañeros Senadores:
La importancia de la educación para alcanzar mejores niveles de bienestar social y crecimiento económico es algo que no puede ponerse en duda.
La educación resulta primordial para mitigar las desigualdades económicas y sociales y para que las personas accedan a mejores niveles de empleo elevando sus condiciones de vida.
La educación eleva su importancia fundamental para el desarrollo en este momento en que nuestro país enfrenta una crisis tanto económica como social, misma que se ve agravada por las condiciones de marginación y desigualdad en la que viven millones de mexicanos.
Recientemente, el rector de la UNAM, declaró que la educación es necesaria para el desarrollo en todos los sentidos: para el avance democrático; para el impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación; para alcanzar mejores niveles de bienestar social y de crecimiento económico; para nivelar las desigualdades económicas y sociales; para ampliar las oportunidades de los jóvenes; para elevar las condiciones culturales, valores cívicos y laicos que fortalecen las relaciones de las sociedades; para acceder a mejores niveles de empleo; para el fortalecimiento del Estado de Derecho.
En suma, la educación contribuye a lograr sociedades más justas, productivas y equitativas.
Por otra parte, en 2009 la OCDE señaló que existe una estrecha relación entre el nivel de desarrollo de los países y la fortaleza de sus sistemas educativos y de investigación.
En otras palabras, un año adicional de escolaridad incrementa el PIB per cápita de un país entre 4 y 7 por ciento.
En el caso de los jóvenes, es indiscutible que la educación es el factor que les puede permitir ampliar sus oportunidades, fortaleciendo al mismo tiempo sus valores cívicos.
Por ello, se traduce en ser la inversión más rentable que puede llevar a cabo nuestro país, siendo estratégica económicamente y prioritaria en lo social.
Atendiendo a la importancia que la educación reviste para nuestro país y el desarrollo de la sociedad mexicana, el 9 de febrero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma constitucional que obliga al Estado mexicano a garantizar a toda la población el acceso a la educación media superior y a alcanzar la cobertura total de este nivel educativo a más tardar en el ciclo escolar 2021-2022.
Desafortunadamente la consolidación de este mandato constitucional contrasta con la realidad del sistema educativo nacional.
De acuerdo con el Censo 2010, la tercera parte de adolescentes de entre 15 y 17 años en nuestro país, no asiste a la escuela. Es decir, 2.21 millones de jóvenes.
Por otra parte, la Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Media Superior, 2012, muestra que en los últimos 10 años 6.5 millones de adolescentes han tenido que dejar el bachillerato.
Definitivamente, la vida escolar de las y los jóvenes mexicanos no es igual para todos.
Y desafortunadamente en nuestro país, terminar la escuela es complicado muchas veces no en términos académicos sino por razones económicas.
De acuerdo con un estudio publicado por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y el Colegio de México, 9 de cada 10 estudiantes dejan sus estudios debido a la pobreza.
Puede afirmarse entonces que los ingresos de una familia determinan las posibilidades de éxito en la educación.
La pobreza es el factor por el cual el 88 por ciento de los jóvenes de entre 18 y 24 años han interrumpido sus estudios en algún momento.
Los programas de becas implementados por el Gobierno Federal todavía no han sido suficientes ya que muchos jóvenes siguen dejando la escuela porque sus niveles de vida no les permiten cubrir sus gastos mínimos.
Considerando que en nuestro país habitan más de 53 millones de personas en pobreza, uno de los objetivos centrales de nuestras políticas y programas de gobierno debe ser evitar que el origen social de los jóvenes se convierta en un freno para posibilitar su acceso a la educación superior.
Debemos garantizar que exista una verdadera equidad de oportunidades para todas y todos los estudiantes, para que sea únicamente el esfuerzo y el talento lo que se recompense en nuestro sistema educativo.
Siendo la educación uno de los factores que más influye en el avance y progreso de personas y sociedades debemos garantizarla para todas las personas que deseen acceder a ella, eliminando así las brechas de desigualdad que siguen existiendo en el país.
Por todo lo anterior, debemos involucrar al mayor número de instituciones a conjuntar esfuerzos, con la intención mitigar y mejorar las condiciones que garanticen el derecho a la educación nuestros jóvenes.
Por lo tanto, es fundamental involucrar al Instituto Mexicano de la Juventud para que lleve a cabo acciones coordinadas con la Secretaría de Desarrollo Social, con la intención de emprender acciones para evitar la deserción escolar en educación media y media superior por razones de pobreza.
Debemos asegurar el acceso de todas y todos nuestros jóvenes a estímulos por rendimiento académico que fomenten su permanencia en las instituciones educativas.
Esa es la esencia de la reforma que pongo a su consideración, misma que adiciona el artículo 3 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, buscando la implementación de acciones concretas que garanticen el acceso de nuestros jóvenes a una educación en condiciones de equidad.
Por su atención, muchas gracias.
