El modelo de comunicación política en México no está funcionando bien, aseguró el senador Zoé Robledo por lo que presentó una iniciativa para prohibir el uso indebido de la propaganda gubernamental.
Al fundamentar su propuesta, el senador del PRD señaló que en México se han desarrollado prácticas en las que la propaganda gubernamental atenta contra el derecho a la información de la sociedad y es utilizada para promover la imagen de personajes políticos.
“El gobierno como empleado de los ciudadanos está actuando de una manera irracional, está actuando como un empleado que insiste comunicarle a su patrón, en este caso los ciudadanos, que está haciendo bien su tarea, que la está haciendo de manera honesta, puntual, rigurosa y lo quiere convencer repitiéndoselo una y otra vez y otra vez”, mencionó.
Zoé Robledo reconoció que la comunicación entre autoridades y ciudadanos es un componente fundamental en una democracia, pero el esquema diseñado para esto se ha utilizado para promover la imagen personal de los funcionarios y no para informar.
El legislador por Chiapas aseveró que esta práctica lesiona severamente a la democracia, pues no contribuye a tener una sociedad mejor informada, y destina recursos públicos para fines personales.
No obstante, mencionó que el problema no está en el modelo electoral de compra o adquisición de medios como se ha tratado de abordar el tema, sino en la propaganda gubernamental y la gran cantidad de recursos públicos invertidos en ello.
“¿Los ciudadanos tienen que estar informados de la acción del Gobierno?, desde luego que sí, pero no de esta forma, no con spots que no dicen nada, que en el umbral de percepción de los ciudadanos están prácticamente desaparecidos”, dijo.
Comentó que de acuerdo al informe: El costo de la legitimidad, de las organizaciones Fundar y Artículo 19, en 2011, 27 entidades federativas gastaron 4 mil 518 millones de pesos en propaganda; y en 2010 y 2011, la mayoría de los estados sobreejercieron los recursos aprobados por sus respectivos congresos en publicidad oficial.
El chipaneco destacó que si bien la reforma constitucional de 2007 estableció un régimen con el cual se pretendió regular la propaganda oficial, ésta ha sido totalmente desvirtuada mediante campañas publicitarias y un conjunto de instrumentos, recursos y mensajes que son propaganda política.
Enfatizó que con recursos públicos se difunden posiciones políticas del gobierno federal, de estados y municipios; se promueve la imagen de los funcionarios; se compran abiertamente espacios a favor de las posiciones oficiales y en contra de las oposiciones.
Zoé Robledo lamentó que no haya voluntad política para cumplir con el objetivo de la ley y consideró la misma debilidad institucional y la incapacidad regulatoria conducen a que siempre se encuentren nuevas formas de eludir el cumplimiento de la ley, estimuladas por la impunidad que provoca una autoridad débil o incapaz.
El senador del PRD mencionó que ésta fue la última iniciativa que redactó el senador Manuel Camacho Solís, quien sostenía que es más saludable cambiar de un régimen que permite la propaganda oficial bajo ciertas limitaciones a otro que la prohíba de manera absoluta.
“Mientras no contemos con una autoridad reguladora fuerte que pueda hacer cumplir adecuadamente las diversas modalidades que establezcan para la propaganda oficial, siempre será mejor prohibirla para evitar que se abuce de ella en perjuicio de la democracia y del erario público”, advirtió.
La iniciativa para modificar el Artículo 134 constitucional plantea que únicamente se permita la difusión de información gubernamental de suma importancia para la sociedad, como campañas de salud, educación y protección civil, y que en ningún caso incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de Radio Televisión y Cinematografía; Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y posterior dictamen.
0-0-0
