- Proponen mantener papel de los municipios en la seguridad pública y crear la Comisión Nacional de Seguridad Pública
Con el propósito de rediseñar el Sistema Nacional de Seguridad Pública desde una visión moderna de la seguridad pública, eficiencia en sus procedimientos y eficacia en sus resultados, respeto a los derechos humanos y acercamiento con la población, los senadores del PRD presentaron una iniciativa para reformar los artículos 21, 73, 76, 104, 115 y 123 constitucionales.
Ante el pleno del Senado de la República, el senador Miguel Barbosa Huerta señaló que el actual Sistema Nacional de Seguridad Pública constituye un órgano político, por lo que resulta necesaria su transformación en un órgano de naturaleza diferente, para poder contar con policias que protejan y sirvan a la sociedad.
Al fundamentar la propuesta, el coordinador parlamentario del PRD aseveró que acontecimientos como el caso Ayotzinapa se suman a los centenares de casos documentados de participación de policías en actividades delictivas, algunas muy graves.
Sin embargo, agregó, la corrupción es sólo uno de los problemas que aquejan a los cuerpos de seguridad, pues generalmente las instituciones policiales en México están mal pagadas, mal entrenadas, mal organizadas y mal controladas, y cada vez más alejadas de los ciudadanos.
Barbosa Huerta consideró que ante esta situación, la propuesta del Gobierno federal de eliminar las instituciones municipales e integrarlas en 32 policías estatales únicas tiene múltiples deficiencias, por ejemplo que para su implementación se requerirían de cuatro a seis años y una gran cantidad de recursos presupuestales; la sola homologación salarial costaría 18 mil millones de pesos.
Por otro lado, aseguró, la iniciativa del Ejecutivo es políticamente inviable pues pide a los gobiernos municipales ceder sus policías y comprometerse a pagar un monto indeterminado a los gobiernos estatales por la función de seguridad pública.
Barbosa Huerta apuntó que la iniciativa del GPPRD busca una reforma profunda con base en conceptos como la preservación de un papel en materia de seguridad pública para los municipios, la definición de estándares policiales, así como el establecimiento de un organismo certificador nacional con facultades amplias para detonar procesos de cambio en las policías.
Asimismo, plantea el fortalecimiento de mecanismos de control interno y la creación de instancias formales de control civil sobre las policías, la institucionalización de un régimen de seguridad social y de derecho de asociación para personal de seguridad pública, y la definición de un modelo presupuestal.
“El centro del debate es la calidad de las policías, no su número”, sostuvo y en ese sentido, la iniciativa está construida sobre seis ejes que incluyen la permanencia de las corporaciones policíacas municipales sujetas a dos criterios, que haya más de 20 mil habitantes y que puedan constituir un cuerpo policial de más de 100 elementos.
“Se trata de preservar a los municipios como han sido concebidos en nuestra arquitectura constitucional; eliminarlos de la función de seguridad pública es convertirlos en simples delegaciones de los gobiernos estatales, es desnaturalizar su función de autoridad”, sostuvo.
En segundo lugar, se plantea la creación de una Comisión Nacional de Seguridad Pública (CNSP), que definiría las funciones a realizar por las corporaciones policiales, establecería estándares en materia de reclutamiento, formación, profesionalización, ascensos, promociones y recompensas, y régimen disciplinario, así como de remuneraciones y derechos sociales de los policías.
Asimismo certificaría el cumplimiento de los estándares policiales nacionales en las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno.
En tercer lugar la iniciativa plantea esquemas de subrogación total o parcial, cuando las corporaciones policiales de una entidad o un municipio no alcancen los requisitos cuantitativos de población o estado de fuerza establecidos en la ley o no satisfagan estándares mínimos determinados por la CNSP.
Es decir que cuando la Comisión Nacional de Seguridad Pública determine el incumplimiento de las facultades y competencias en materia de seguridad pública en cualquiera de los tres órdenes de gobierno, podrá determinar su intervención, investigación o subrogación por otra corporación de seguridad pública.
La iniciativa establece la obligatoriedad del control interno y la supervisión externa; las unidades de control interno de las corporaciones policiales se apalancarán necesariamente en organismos formales de vigilancia externa, fundados en la participación de la sociedad civil organizada.
El quinto eje consiste en la creación de un nuevo régimen laboral y de seguridad social para el personal policial y de procuración de justicia y el sexto es la modificación el papel de los órganos de gobierno del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y posterior dictamen.
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