El senador Luis Sánchez Jiménez presentó en el Orden del Día un Punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que comparezca ante las Comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Hacienda y Crédito Público y Justicia, para que informe sobre las operaciones financieras en las cuentas públicas de los años 2011, 2012, 2013 y 2014, realizadas por el Gobierno de Veracruz, de acuerdo con sus atribuciones y facultades determinadas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
En su exposición, el senador perredista indicó que a la vista de todos están los casos de Veracruz, Sonora, Quintana Roo, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Puebla, entre otros, donde se revela una «catastrófica crisis de las finanzas públicas y una secuela de violencia, impunidad, abuso del poder policiaco y vinculación con el crimen organizado».
Respecto a Veracruz, acotó Sánchez Jiménez dijo: «recientemente el titular de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) declaró que en el uso de los recursos públicos todas las entidades del país tienen irregularidades, pero en ninguna tan graves como en ese estado».
Para el senador Sánchez Jiménez, «la única forma de entender tales actos es que contaron con la complicidad de funcionarios federales y directivos bancarios».
Subrayó que suman ya 60 denuncias presentadas ante la PGR por irregularidades en el manejo de recursos federales. Según cálculos de la ASF estiman que el daño patrimonial causado al erario por estas 60 denuncias superan los 60 mil millones de pesos, solo de partidas federales, pues la Auditoría no puede revisar los recursos estatales.
El senador mexiquense agregó: «las denuncias son por irregularidades en las cuentas públicas de los años 2011, 2012, 2013 y 2014; en su mayoría por la simulación de reintegros. Es decir, por recursos que estando autorizados para ciertos fines se utilizaron en otros aún indefinidos, después reintegraron el dinero o el recurso a las cuentas originales, así se solventaron, se registraron como corregidos y después de eso lo volvieron a erogar y desapareció el dinero».
Reconoció que «todo parece indicar» que la Auditoría Superior de la Federación está cumpliendo con sus atribuciones y obligaciones.
Luis Sánchez cuestionó: «llama la atención que la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP no se haya manifestado, pues se supone que monitorea y da seguimiento a operaciones sospechosas, transferencias o movimientos inusitados de recursos públicos».
Argumentó que en el caso de Veracruz se sabe que «hubo retiros de dinero en efectivo, transferencias y adquisición de propiedades con nombres, recursos y depósitos de procedencia dudosa, a través de una compleja red de movimientos financieros y bancarios por miles de millones de pesos, de parte del gobernador Duarte y sus operarios».
La única forma de entender tales actos es que contaron con la complicidad de funcionarios federales y directivos bancarios, precisó.
Dejo en el aire los siguientes cuestionamientos: «Quiénes lo ejecutaron, cómo y cuándo, tendría que informarlo la Unidad de Inteligencia Financiera, de acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, siempre y cuando no forme parte del ajedrez que juega en favor del veracruzano que continúa prófugo».
Sánchez Jiménez agregó: «al respecto, basta citar como referente la compra, a través de una empresa fantasma, de las 19 casas adquiridas en Miami, entre 2012 y 2013, según la confesión, clara y directa de una operación criminal organizada, de Alfonso Ortega López, abogado y uno de los operadores de Javier Duarte».
«La corrupción de la clase política en colusión con el sector privado, es un problema con muy negativos saldos económicos, políticos y sociales para el País, que se ha evidenciado y agudizado de manera exponencial durante el presente sexenio», precisó.
Del punto de acuerdo se desprende que:
En la revisión del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), la ASF auditó 18 mil 343 millones, 87 mil pesos (97.9% de los recursos), en los que después de requerir a la CNBV y de cotejar y confrontar con las transferencias y reintegros que hizo el gobierno del estado, se detectó que el 17 de enero de 2012 se autorizó que la cuenta Santander (6550255805) diera “salida efectuada” a 124 millones 414 mil pesos. De este último recurso, la ASF no encontró “elementos” que certifiquen su debida aplicación y destino, según deslindó la auditoría 224.
Otro rubro saqueado fue el correspondiente al Seguro Popular de Veracruz, pues de 2 mil 540 millones que fueron depositados para la entidad, la ASF exigió el “reintegro” de mil 602 millones, pues el recurso careció de una “correcta aplicación”, sin embargo, los funcionarios de Duarte entregaron “por partes” el reintegro.
Ante las irregularidades y extraños movimientos de cuentas bancarias, la ASF solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) los “movimientos bancarios” y también las cuentas a donde los funcionarios depositaban los “reintegros”.
En ese movimiento, la ASF no encontró el destino de 389 millones 550 mil pesos, depositados en la cuenta Banorte 0659075660, donde no se “reportó evidencia” del ejercicio del gasto público para el cumplimiento del programa del Seguro Popular.
En la “confrontación y cotejo de datos”, la ASF detectó que la administración estatal destinó los recursos para “otro fin” al etiquetado, por lo que resolvió que el gobierno de Veracruz sólo “simuló” los “reintegros” o incluso “retiraba” los recursos el mismo día que eran depositados, y al día siguiente se “depositaban” en otra cuenta, ajena al gobierno del estado, sin poder ser detectada ni por la propia CNBV.
A su vez, el manejo del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas, donde se “esfumaron” 10 millones 54 mil pesos en el traslado de la cuenta BBVA Bancomer (700034087340) a una cuenta Banamex.
También en este caso la ASF concluyó que hubo un “esquema de simulación” por parte del gobierno de Veracruz sobre reintegro de recursos a la Federación el 3 de septiembre de 2012, pero 20 días después fue vuelto a sacar y ya no se conoció el destino del dinero.
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