- Busca la afectiva implementación de la Ley General de Víctimas
La senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza presentó una iniciativa para reformar 23 ordenamientos con el fin de adecuarlas en materia de atención a víctimas y con ello asegurar la adecuada instrumentación y efectividad de la Ley General de Víctimas.
La legisladora por el estado de Michoacán explicó que la adecuación de esos ordenamientos permitirá fortalecer su contenido en materia de la protección integral de los derechos de las víctimas en México.
En la elaboración de la propuesta participaron organizaciones sociales como Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad; Movimiento por Nuestro Desparecidos en México; Deudos y Defensores por la Dignidad; Familiares en Búsqueda, Red Retoño y Causa Ciudadana, y la Comisión Mexicana de la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
“Con esta reforma, se pretende subsanar un poco la ausencia de atención estructural a las víctimas de las violencias que actualmente se vive en México, a las de desaparición de personas, a las de desplazamiento interno forzado, a las de tortura, a las de abuso sexual, a las de feminicidios y homicidios dolosos”, apuntó la legisladora del PRD.
Al fundamentar su propuesta, la senadora destacó la necesidad de implementar políticas para la atención a víctimas de delitos, así como medidas especiales para erradicar la violencia de género en las dependencias y entidades de los tres órganos de gobierno.
“La miscelánea que se presenta permitirá ser muy claros en la distribución de responsabilidades y competencias de los distintos sectores de gobierno, y también de los órganos autónomos como el INE o el INAI en torno a las obligaciones del Estado para cumplir los derechos que se generan en cuanto a verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición a las víctimas, ya sea del delito o de violaciones a derechos humanos”, señaló.
La propuesta de la senadora Iris Vianey Mendoza plantea, entre otras cosas, modificar la legislación de los institutos nacionales de salud: la Ley General de Salud, la Ley del Seguro Social, la del ISSSTE, y la de seguridad social de las Fuerzas Armadas, con el fin de proteger los derechos a la salud y a la seguridad social de quienes mueren o son reportados como personas desaparecidas.
Además, promueve reformar las leyes de Educación, de Desarrollo Social, de Vivienda, de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, para generar una política pública en el ámbito social que pueda proveer de las bases para recuperación de condiciones dignas de vida de los familiares de las víctimas.
“También queremos aportar elementos que puedan ser incorporados a la legislación federal en materia civil y civil procesal como base de la eventual legislación local, y por existir supletoriedad de esta legislación civil federal en el caso de otras legislaciones como la de amparo o comercial”, dijo.
Se incorpora al mismo tiempo una reforma tanto a la ley sanitaria como en el Código Federal Penal para combatir inhumaciones oficiales cargadas de irregularidades o clandestinas, penalizar la atrocidad de la eliminación completa de los seres humanos, así como a regular procedimientos dignos para personas fallecidas sin identificar que se cuentan por miles.
Mendoza Mendoza también propuso reformar las leyes general de Transparencia y Acceso a la Información y la de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, “porque en la búsqueda y localización de personas desaparecidas o de personas secuestradas, la información sobre el uso de tarjetas bancarias, de teléfonos móviles, de huellas digitales, puede hacer la diferencia entre la vida o la muerte”.
“Por último, se propone reformar la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos pues ninguna regulación que se pretende sea realmente exigible y justiciable, puede omitir las responsabilidades de quienes, teniendo obligación de cumplir con las leyes, no lo hacen”, expuso.
En conferencia de prensa para presentar la iniciativa, Santiago Corcuera, integrante del Comité contra las Desaparición Forzada de la ONU, resaltó que la miscelánea presentada al Pleno del Senado contribuye para obligar a los Congresos locales a legislar en materia civil sobre la declaración de ausencia por desaparición.
“La declaración de ausencia, una vez que entre en vigor, solucionará cuestiones prácticas importantísimas relacionadas con tramites bancarios, ejercer la patria potestad sobre hijas e hijos menores de edad y otros factores que resultan urgentes para dar solución práctica a la situación en que se encuentran los familiares de personas desaparecidas”, explicó.
Durante la presentación de la iniciativa estuvieron presentes Roberto Villanueva de Atención a Víctimas de Morelos; Nancy Rossette Nava de Deudos y Defensores por la Dignidad; Aracely Rodríguez del Colectivo Colobri; Cristina Reyna y Juan Carlos Trujillo de Familiares en Búsqueda.
Así como Michelle Quevedo y Fernanda Peñaloza de la red Retoño y Causa Ciudadana; Olga Guzmán de la Comisión Mexicana de la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Aurora Mora e Ileana García.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y posterior dictamen.
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