Ciudad de México, 13 de noviembre de 2018
PRD NO PUEDE ACOMPAÑAR PROPUESTA PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; TIENE UNA EVIDENTE FALTA DE TÉCNICA LEGISLATIVA
- No hay voluntad política de resolver realmente de fondo; la propuesta no enriquece el dictamen con la visión de otros Grupos Parlamentarios
- PRD propone que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien proponga la terna, y el Senado de la República quien designe al Fiscal General autónomo
El PRD votó en contra la propuesta sobre la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, presentada por Morena en el Senado, al observar inconsistencias en su contenido, faltas en especificación de conceptos y facultades, e incluso fallas en la redacción.
Así lo expuso el vicecoordinador Juan Zepeda Hernández, durante la discusión y análisis del dictamen que desaparecería la actual Procuraduría General de la República para crear la nueva Fiscalía General; criticó que el predictamen denotó una evidente falta de técnica legislativa y no existe la voluntad de enriquecer una propuesta con la visión de las demás fracciones.
“No veo que haya la voluntad política de realmente resolver de fondo este nombramiento. Esto no es enriquecer el dictamen con la visión de otros Grupos Parlamentarios”, ya que –dijo— incluye obviedades, como que el titular, debe ser de origen mexicano por nacimiento.
“Ni modo de que se estuviera contemplando a un extranjero para ser el titular. El PRD no puede acompañar esta propuesta, ni en lo general, ni en lo particular; el PRD tiene que ser claro”, reprochó al ratificar que denota una evidente falta de técnica legislativa.
En cambio, recordó que el Grupo Parlamentario presentó una iniciativa que busca dotar de autonomía política a la Fiscalía General, y que salga totalmente del ámbito de influencia del titular del Ejecutivo federal.
Que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien proponga a la Cámara Alta la terna y su vez, sea el Senado de la República quien designe al Fiscal General y las causales de remoción, “para así dar certeza jurídica a las instituciones”.
“Nosotros –apuntó— proponíamos un modelo con una estructura interna que garantice su autonomía con una serie de requisitos”, entre ellos, fiscalías especializadas, un defensor de Derechos Humanos como requisito indispensable, incluir la figura de un visitador general y un representante del Consejo Ciudadano.
Lo anterior en virtud de que, en estos últimos meses, el debate se ha dado con un número importante de organizaciones de ciudadanos, con las peticiones de ‘fiscalía que sirva’ y no al ‘fiscal carnal’. De ahí se desprende la principal propuesta o bandera del presidente electo, que es acabar con la corrupción, pero eso no va a ser posible si este fiscal tiene siempre la espada de Damocles arriba de él.
Asimismo, el coordinador parlamentario afirmó que preocupa que en el propio Artículo 18 de esta ley, se esté dejando la remoción del titular de la Fiscalía General al próximo Presidente de la República, y «eso sí parece que rompe con la parte de la autonomía», no se puede hablar que haya independencia técnica ni tampoco administrativa.
Explicó, no están claras definiciones ni facultades, por ejemplo, de coordinaciones y las fiscalías, por lo que debe analizarse más a fondo, vale la pena hacer varias correcciones, o de lo contrario en el ejercicio de la persona fiscal se le presentarán una serie de problemas.
«Coincidimos en que es indispensable tener un fiscal que pueda ser autónomo. Para ello, resulta indispensable la Reforma a la Constitución, sin embargo, ya estamos analizando la Ley Orgánica; subsisten una serie de inconsistencias, que colocan en riesgo la propia función de quien estará al frente de esta tarea; desde la propia redacción tiene un problema», indicó.
Además, la experiencia no es un requisito, siendo que en el caso del SAT fue uno de los puntos de mayor énfasis, «lo discutimos mucho, aquí no se pide experiencia y en el SAT, en el argumento en el Pleno se habló de que era fundamental».
Otro ejemplo, que no está claro –dijo— es lo concerniente a la persecución penal, “en una de las redacciones decía que lo elaboraría, en otra que lo va a aprobar y ahora que lo va a determinar, entonces verdaderamente tenemos cuando menos, algunas confusiones en esta parte de la redacción”.
Además, evidenció que se habla de un órgano ciudadano que no va a tener ninguna función vinculante y que simplemente es de consulta, “sin embargo hay que hacer toda una estructura y dotarlo de personal”.
