Intervención en tribuna del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD, para razonar su voto respecto al dictamen que contiene proyecto de decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforma, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
Benjamín Robles Montoya, (BRM). Muchas gracias, Senador presidente.
¡Radio para todos!
Nadie es ajeno, compañeras y compañeros senadores, a la importancia que significa la discusión de la presente Ley.
Lo es, sin duda, desde el mismo conflicto de intereses, el acecho y pretensión de empresas que se han apoderado de lo que ellos llaman “la información”.
Para su servidor, también resulta importante la discusión de la presente Ley, porque aquí, se dilucida el futuro de la radio pública, de aquellos medios alternativos, públicos y comunitarios que han ganado su espacio a estar, no para competir con los intereses de las empresas, sino fundamental para consolidarse como una opción de crear cultura y educación.
Sé, que los ojos de los medios de información y sociedad se encuentran sobre el debate de la preponderancia de las empresas a acaparar productos del espectro radioeléctrico y hoy, digital.
Y ante eso sostengo que hoy, mis ojos y mi voz, son la voz de la gente de Oaxaca, de los colectivos genuinamente organizados en radios comunitarias que reclaman su derecho a existir para informar.
Hoy, por ellos, daré la discusión en esta sesión.
Y empiezo con un aspecto de carácter general.
Para nadie escapa que las actuales empresas de comunicación cuentan con una enorme preeminencia social, capacidad tecnológica y corporativa para transmitir material simbólico, permitiéndoles influir de hecho en la diversidad de los asuntos públicos y en actividades políticas del lugar donde se encuentre.
Ya el doctor Raúl Trejo Delarbre ha señalado con gran acierto a ese fenómeno como “Mediocracia” por la influencia y poderío que ejercen los diversos medios de comunicación frente a la sociedad, semejándose como si fuera una forma de gobierno, el “gobierno de los medios”, en la cual las empresas mediáticas ejercen una preponderancia cada vez mayor sobre los organismos públicos y sus protagonistas.
Para la academia italiana, como el caso del emérito Luigi Ferrajoli: la concentración de la propiedad de los medios de información no sólo equivale a un poder privado, el poder del propietario, capaz de limitar la libertad de expresión, es decir el derecho a la información.
También es un poder político, probablemente el poder político más penetrante e insidioso, que se utiliza para promover intereses mediante la desinformación y la propaganda.
Por otro lado, la televisión, antes que los periódicos que llegan a los lectores, es cada vez más un lugar público, caracterizado por su capacidad de intromisión y de invasión a la vida y la esfera privada.
Por eso, compañeras y compañeros senadores, de ese tamaño y complejidad es la discusión del día de hoy.
¿Dónde estamos y dónde estábamos hace semanas?
Recordemos la iniciativa que al respecto envió el Ejecutivo. Era regresiva y contraria al espíritu de la reforma constitucional de 2013, establecía mecanismos de censura y control gubernamental sobre los medios de comunicación, fijaba criterios arbitrarios y subjetivos para el control de contenidos, permitía el bloqueo de contenidos de manera arbitraria, contenía una magra perspectiva de derechos de las audiencias.
Impedía el desarrollo de medios comunitarios e indígenas, al sumirlos a condiciones de absoluta desventaja, no garantizaba la disponibilidad de frecuencias para radios comunitarias e indígenas y les impedía la transmisión de publicidad comercial como fuente de financiamiento.
Era totalmente omisa en materia de accesibilidad para personas con discapacidad, no sólo no garantizaba la neutralidad de la red, sino que además establecía mecanismos que la impedían, violentaba el principio de no discriminación al otorgar a los concesionarios un derecho de discriminación respecto de sus competidores en detrimento de los derechos de los usuarios.
Restringía la pluralidad de ofertas para la prestación de los servicios de Internet, establecía atribuciones y obligaciones en materia de seguridad y procuración de justicia, totalmente arbitrarias y excesivas.
Permitía que cualquier autoridad solicitara la geolocalización y la intervención de comunicaciones, facilitando así los excesos y abusos, violentaba la autonomía del Ifetel al condicionar el ejercicio de sus atribuciones a las atribuciones del Ejecutivo Federal, establecía un esquema de subordinación a las atribuciones del Ifetel a las atribuciones, repito de Ejecutivo Federal y no se establecían límites a la propiedad cruzada, condiciones de desventaja de los usuarios frente a los concesionarios, débiles mecanismos de protección de derechos de los usuarios.
Después vino, el documento que se intentó basar como un anteproyecto de dictamen, mejor conocido como el documento del Senador Lozano y este presentaba modificaciones esencialmente cosméticas, que en poco o nada modificaba la perspectiva y la orientación de la iniciativa del Ejecutivo Federal y ampliaba peligrosamente las atribuciones y obligaciones en materia de seguridad u procuración de justicia, volviéndolas verdaderamente preocupantes.
En este trascurrir, como aquí ya se ha comentado, el PRD tuvo acercamientos en distintas mesas y hay logros en este proyecto producto del trabajo de los senadores y de las senadoras del PRD.
Y puedo decir que hemos reducido significativamente los mecanismos de censura y control gubernamental de contenidos, pero debemos reconocer que hace mucha falta, mucho camino por recorrer.
Y por eso vale decir que seguiremos luchando para eliminar por completo cualquier resquicio, cualquier mecanismo que implique control del gobierno sobre los medios de comunicación.
Pero también en el PRD fortalecimos la autonomía del Ifetel garantizando que sus atribuciones no queden sujetas a las del Ejecutivo, y sustituimos el esquema de subordinación del Ifetel al Ejecutivo por uno de coordinación con pleno respeto a la autonomía constitucional del Instituto.
Eliminamos los criterios subjetivos bajo los cuales se ejercería el control de contenidos, acotamos las facultades y obligaciones en materia de seguridad y procuración de justicia, no cualquier servidor público de procuración de justicia o seguridad pública podrá realizar ahora solicitudes a los concesionarios, sino que sólo lo podrán hacer unos cuantos específicamente designados para tal efecto y deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación
(Interrupción del Presidente)
BRM. Voy concluyendo señor presidente.
No se otorgan facultades a servidores públicos de áreas de seguridad nacional, solamente de procuración de justicia y seguridad pública, en términos de las leyes vigentes.
Ahora se establece en este dictamen que la intervención de comunicaciones sólo puede ser ordenada por una autoridad judicial y se garantiza también que las herramientas tecnológicas sean aplicables únicamente para la persecución de delitos tan lastimosos para la sociedad como el secuestro y la extorsión.
Y en materia de medios comunitarios e indígenas, establecimos que al menos un miembro del Consejo Consultivo del IFETEL cuente con conocimientos y experiencia en concesiones de uso social.
Pero también establecimos la obligación de garantizar por ley la disponibilidad de frecuencias para medios comunitarios e indígenas y establecimos nuevas formas de financiamiento para radios comunitarias e indígenas, compatibles con sus fines de utilidad social.
Incorporamos como finalidad el cumplimiento de los principios del artículo 2° constitucional, entre ellos la difusión de la pluriculturalidad, las culturas, lenguas y tradiciones de nuestros pueblos y comunidades.
Y eliminamos disposiciones que confinaban a medios sociales a transmisiones de baja potencia.
Seguiremos, lo debo decir, trabajando para garantizar mayores condiciones de equidad para los medios sociales, en aras de fortalecer sus fines de utilidad social y de contribuir al desarrollo y preservación de nuestros pueblos y comunidades.
Senador presidente, compañeras y compañeros, hoy lo digo con orgullo, nos hemos dispuesto a dar la pelea por enriquecer los medios alternativos, los medios públicos y comunitarios, por que estamos en contra de la gran concentración de la propiedad, tecnología informativa, de la estandarización y uniformidad de la comunicación, del discurso unimensional orientado a un objetivo determinado, información homogéneamente manipulada, desigual, desequilibrada y mercantilizada.
Por eso presentaremos varias reservas en lo particular.
Y concluyo, señalando con mayor claridad, nos hemos propuesto, senador presidente, compañeras y compañeros, obligar al Estado en su deber de potencializar la infraestructura, los derechos y atribuciones a los habitantes de zonas distantes, rurales y urbanas marginadas a través del acceso a la información y la utilización de tecnologías de comunicaciones existentes en su comunidad y que no pretender robar ni espacio ni competir comercialmente a los grandes consorcios.
Aclaro mi postura, pues no vivo, compañeras y compañeros, con los ojos cerrados, reconozco que nuestra democracia mexicana subsiste al límite de los designios de los medios masivos de telecomunicación, tal es el grado de concentración
(Interrupción del Presidente)
BRM. Ya concluyo en este momento. Tal es el grado de concentración que: construyen el hecho político, acaparan el espacio público y configuran la opinión pública, son un árbitro con acceso a la existencia política, se constituyen en un referente de la dinámica estatal, legitiman o deslegitiman al sistema político e inclusive fiscalizan al poder,
En palabras del investigador Pablo Antillano, y con esto concluyo Senador presidente, en la democracia, la justicia la imparten los jueces y los tribunales; en la mediocracia, son los medios los que absuelven y condenan.
En la democracia, la verdad surge de los hechos y el análisis; en la mediocracia, la verdad la tiene el que muestre más videos.
(Interrupción del Presidente)
BRM. Gracias Senador.
Con estos preceptos, Senador presidente, en mente seguiremos combatiendo los poderes fácticos de este país.
