“El PRD desmontó un acuerdo entre el Gobierno, el PRI y el PAN para imponer un dictamen que no respetaba la letra y el espíritu de la reforma constitucional”, sostuvo el senador Zoé Robledo, al expresar el posicionamiento de este instituto político durante la discusión de la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, ante el Pleno del Senado de la República.
En ese sentido, el legislador destacó que gracias a la intervención del PRD se lograron incorporar 74 modificaciones a la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal, entre las que resaltó que se haya regresado letra por letra a la definición de preponderancia de la Constitución.
“Adicionalmente se agiliza el procedimiento para la declaratoria de agente económico con poder sustancial de mercado en los servicios de telecomunicaciones que así se exprese”, agregó.
Respecto al Instituto Federal de las Telecomunicaciones, mencionó que se logró reivindicar las facultades de este organismo para vigilar y sancionar los tiempos máximos de publicidad, mientras que la iniciativa del Ejecutivo derogaba esa tarea a la Secretaría de Gobernación, la cual queda limitada a atender temas de tiempos de Estado, cadenas nacionales y transmisiones del Himno Nacional.
“El IFT va a poder determinar la calidad y las condiciones que deben cumplir los servicios que provean los concesionarios y también tendrá la competencia de la supervisión”, dijo.
Por otro lado, el integrante de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, señaló que el PRD consiguió que se amplíen los derechos de las audiencias y se establezcan sanciones para quienes no atiendan los lineamientos del IFT.
También se logró ampliar el catálogo de derechos de los usuarios que incluirá la protección de los datos personales, gratuidad de la portabilidad del número telefónico, el derecho a la bonificación o descuento en caso de fallas o cargos indebidos y la consulta de saldo sin ningún costo, pero además sin ningún condicionamiento o publicidad asociado.
Además, se estableció la posibilidad de recisión de contratos de telefonía móvil sin el pago de las penas convencionales, desagregar el costo de los equipos adquiridos y de los servicios contratados, así como el derecho a no recibir llamadas de promoción o publicidad del proveedor de servicios, salvo autorización explícita.
Zoé Robledo mencionó que la propuesta del Ejecutivo no contenía ninguna regulación específica para las concesiones de uso social comunitario y de uso social indígena.
Pero, “con nuestra intervención, se establecen reglas específicas para cada tipo de concesión distinguiendo sus particularidades y diferencias”, dijo, “así como la garantía de posibilidades de financiamiento para los medios públicos, a través de la venta de sus contenidos y producciones, por el arrendamiento de estudios o por servicios de edición, audio o grabación”.
El PRD también impulsó la obligación de repartir entre los medios comunitarios el 1% del gasto de publicidad gubernamental.
Sobre el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, consideró que gracias al PRD, dejó de ser un sistema del Gobierno para ser más como un sistema de Estado.
El legislador por Chispas sostuvo que los concesionarios y empresas que prestan servicios de internet podían modificar la calidad y velocidad del servicio, “violando la neutralidad de la red”, pero “hoy el IFT garantizará la calidad o la velocidad de servicio, siempre que ello no constituya una práctica contraria a la sana competencia”.
Además, agregó que se ha eliminado la censura al retirar la facultad del Gobierno de bloquear indiscriminadamente cualquier contenido, pero se mantiene el derecho de los usuarios a solicitar un bloqueo específico.
El senador destacó las medidas impulsadas por el PRD para garantizar la accesibilidad a personas con alguna discapacidad, que incluyen que los canales de televisión cuenten con servicios de subtítulos, doblaje a la lengua de señas mexicana en algún segmento del programa noticioso de mayor audiencia.
Con el trabajo del PRD, dijo, también el Ejecutivo deberá garantizar el servicio de Internet en zonas geográficas donde no haya oferta de otras empresas.
Esto, señaló, “no es un trabajo personal sino de grupo, de muchas manos, de muchas mentes y diría también de muchos oídos para escuchar a todas y a todos los que tenían algo que decirnos para enriquecer esta legislación”.
No obstante, reconoció que aún existen pendientes, entre los que resaltó la falta de medidas para la democratización de los medios y la falta de garantía de la autonomía en la creación, innovación y pluralidad de la Producción Nacional Independiente.
También señaló la deficiencia en la colaboración con la justicia en todos los casos y la necesidad de que los derechos de las audiencias sean protegidos por un ombudsman y que existan mecanismos para evitar que las televisoras invadan la programación con publicidad.
Finalmente, sostuvo que es necesario evaluar las medidas antimonopólicas, que se autorice incorporar la venta de publicidad para los medios públicos y sociales, y que se establezca una reserva del espectro para los medios sociales que cumpla con los estándares internacionales, es decir, el treinta por ciento del espectro.
El PRD buscó “reconducir la discusión para que dejara de ser la trampa de la dicotomía entre uno u otro monopolio y empezar a hacer la discusión sobre la competencia, sobre la pluralidad de contenidos y sobre una plataforma de defensa de los derechos de los usuarios y los derechos de las audiencias”, concluyó.
