Evaluaciones previas a quien sustituya a Sergio Valls
Angélica de la Peña Gómez
El Senado de la República, concretamente la Comisión de Justicia, se encuentra deliberando acerca del perfil idóneo que debe cumplir quien ocupe la vacante que actualmente existe en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (la Corte), luego del fallecimiento del ministro Sergio Valls.
Hemos recibido y analizado los currículos de los tres candidatos propuestos por el titular del Ejecutivo federal, y lo hemos hecho a detalle porque se trata de una decisión de alta responsabilidad y de trascendencia para la impartición y administración de la justicia en nuestro país.
Entrevistamos a los integrantes de la terna y preguntamos acerca de las decisiones que han generado controversia a lo largo de sus carreras, un par de ellos en el ámbito judicial y el otro en materia de seguridad nacional.
Conocerlos, realmente conocerlos antes de tomar una determinación es indispensable para evitar que se repita en el más alto tribunal de la nación una declaración como la efectuada por el ministro José Fernando González Salas.
Fue el pasado jueves 5 de febrero, cuando la Corte, al resolver sobre la constitucionalidad de la Ley de Salud de Baja California, relativa a que los Centros de Desarrollo Infantil puedan recibir niños con discapacidad, que el ministro González Salas argumentó que los niños con discapacidad dependiente deben tener una ubicación especial y separada, porque está demostrado que al resto de los niños que acudan a la guardería les puede afectar el tener contacto con este tipo de menores, pues generan en todos un impacto muy fuerte cuando se les ve y observan sus condiciones.
Dicha declaración generó la reacción de la ciudadanía y de organizaciones de la sociedad civil, las cuales exigieron una disculpa pública por tales argumentos.
Se trata de una expresión preocupante, porque emite juicios de valor ajenos a la hermenéutica jurídica y a la interpretación constitucional.
Preocupante además porque el 4 de diciembre de 2014 se publicó en elDiario Oficial de la Federación la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; en dicho ordenamiento se reconoce a niños y adolescentes como sujetos de derechos, con lo que se deja atrás esa visión discriminatoria que menoscababa los derechos humanos de esta niñez y durante muchos años anuló derechos, generó abusos y legitimó una visión discriminatoria.
Preocupante también porque la propia Corte ha emitido dos protocolos: el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad, y el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a niños y adolescentes; pero también suscribió en el marco de la XVII Cumbre Iberoamericana el Protocolo Iberoamericano de Actuación Judicial para Mejorar el Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad, Migrantes, Niñas, Niños, Adolescentes, Comunidades y Pueblos Indígenas.
Al respecto, cabe señalar que la Convención sobre los Derechos de la Niñez y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad señalan que los niños con discapacidad tienen los mismos derechos que los demás niños, particularmente en la atención a la salud, a la nutrición, a la educación, a la inclusión social y a la protección frente a la violencia, el abuso y el abandono.
De ahí que el acceso a un apoyo apropiado, como la intervención y la educación tempranas en la infancia, puede hacer realidad los derechos de niños con discapacidad, promoviendo infancias estimulantes y satisfactorias y preparándolos para una participación en la adultez que invariablemente sólo se logra con la no discriminación, la inclusión y la convivencia con todas los niños.
Finalmente, el ministro José González Salas ofreció una disculpa pública por sus comentarios.
Lo ocurrido en la Corte debe convertirse en uno de los parámetros de la evaluación previa a la elección de uno de sus integrantes.
En el inicio de una nueva etapa para los derechos humanos en México, los senadores no podemos pasar por alto que un requisito que debe cumplir quien sea electo es contar con una formación en la protección de los derechos humanos de la infancia, así como experiencia en la aplicación e instrumentación de la legislación correspondiente.
@angelicadelap
Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos del Senado de la República
