El viernes pasado, durante una reunión con legisladores, la maestra Graciela Rangel de la Sección 18 de la CNTE calificó la Reforma Educativa como “injusta y represiva, discriminadora y totalmente racista”. Estos adjetivos, más allá de considerarlos válidos o no, describen claramente lo que se mantiene en el fondo del conflicto magisterial: la sensación de no haber sido tomado en cuenta, la frustración de sentirse ignorado.
Hace un tiempo discutí con un amigo mío, maestro del sur, sobre la compra e incluso herencia de plazas. Él me comentó que en su pueblo, frente a la enorme marginación y ausencia de oportunidades, las plazas magisteriales son consideradas como un verdadero patrimonio familiar, que representa posibilidad de supervivencia económica y movilidad social. Muchos las consideran “un derecho adquirido”, pues fue el propio Estado mexicano quien, a través de autoridades, directivos y sindicatos, auspició la compra-venta de las mismas.
Hace poco retomé este comentario frente a algunas organizaciones que defienden la Reforma Educativa y critican la movilización magisterial. Puse el siguiente ejemplo para poner en contexto el sentir de muchos maestros: “imagina que de repente llegan y te dicen que te van a quitar la casa donde vives”, alguien reviró “pero es mía, ¡claro que lo voy a impedir!”; y ahondó, “ese ejemplo no es válido, ¿cómo se lo explicas a un padre que quiere una mejor educación para su hijo?”.
Sin calificar ninguno de los argumentos, este simple ejemplo muestra que existen razones y sentires, desde ángulos distintos, que requieren acercamiento y conciliación. Si cada una de las partes no se pone en los zapatos del otro para compartir visiones, será imposible destrabar realmente el conflicto. Es imposible pensar en una Reforma Educativa sin hacerlo de la mano con los maestros, y es imposible pensarla sin que el objetivo primordial de ésta sean los niños y las niñas del país.
Yo voté en favor de la reforma constitucional en materia educativa, porque estoy convencido de la urgencia de cambiar el modelo actual, para garantizar la calidad de la educación pública. Pero también voté en contra de las leyes reglamentarias, particularmente la Ley del Servicio Profesional Docente, pues dicha discusión se desahogó sin escuchar ni atender las voces de los maestros. La ausencia de diálogo que prevaleció en el Legislativo se mantuvo en el Poder Ejecutivo por tres años.
Desafortunadamente, hoy parecería que se pretende avanzar por la misma ruta del fracaso. En lugar de entender que la única ruta es un verdadero diálogo constructivo, el cálculo político aparece por doquier, el gobierno federal se esconde como el avestruz frente a los delitos ocurridos en Nochixtlán, el diálogo de la Segob con la CNTE y de la SEP con el SNTE sólo confunde a la sociedad en sus objetivos, a la vez el oportunismo político y preelectoral se profundiza en las calles, para sacar carroñera.
Ha llegado el momento de cambiar la naturaleza del diálogo, por uno que verdaderamente busque la implementación compartida del nuevo modelo educativo. Hay que arrancar un nuevo acercamiento con la consigna de ponernos en los zapatos del otro y reencontrar la empatía.
Hay acciones que se deben modificar de inmediato, por ejemplo, personalizar y “humanizar” mucho más las evaluaciones. Buscar que éstas se realicen en el aula, en lugar de frente a una computadora, ver al maestro o a la maestra en el ambiente en que desarrollan su trabajo, con las carencias y retos que enfrentan día con día; tanto ellos como sus alumnos y alumnas.
Podemos estar o no de acuerdo con los puntos de vista y las demandas de la CNTE. Ésta a su vez, puede no estar de acuerdo con varias de las premisas que los padres de familia, aun sin estar organizados, defienden de la actual ley. Lo que nadie puede ignorar es que ambas existen, y tienen que acercarse posiciones para construir un bien común.
Hasta hoy, el gobierno ha fallado en su capacidad de mediación, pues se le percibe como juez y parte. Se necesita un espacio de confianza, para escuchar no sólo las visiones cupulares y retomar la ruta. El Senado de la República puede ser el recinto plural que genere la neutralidad deseada.
