El senador Benjamín Robles Montoya propuso establecer como una obligación de la Secretaría de Desarrollo Social conformar un programa específico para las entidades federativas con mayor índice de ciudadanos que tienen que abandonar sus localidades por falta de oportunidades.
Esto, con el propósito de dotar a la sociedad de mecanismos que la dinamicen y le garanticen una amplia gama de condiciones favorables e incluyentes que permitan que los grupos sociales más vulnerables insertarse en los procesos económicos básicos.
A través de una iniciativa para modificar el artículo 11 de la Ley de Desarrollo Social, el legislador del PRD destacó que la migración es un fenómeno social de afectaciones mundiales relacionado con las dinámicas globales de generación de riqueza y exclusión social.
“En nuestro país somos testigos del resultado de estos riesgos, que en últimas fechas han brotado con una mayor fuerza en virtud de la incapacidad de nuestros gobiernos de atender la problemática migratoria con acciones de fondo ante la complejidad de la situación”, agregó.
En ese sentido, lamentó que los llamados para prevenir el colapso en el tema migratorio no fueran atendidos oportunamente por las autoridades, hasta llegar a una crisis humanitaria que afecta a varios países del continente.
Afirmó que el marco jurídico vigente de nuestro país en el tema migratorio está incompleto y la Ley de Migración únicamente dicta la política pública para atender la inmigración que recibe México principalmente de naciones centroamericanas.
Lo anterior, aseguró, pone en evidencia la ausencia de una política pública formal que se encarga del problema de la expulsión de migrantes desde el territorio nacional.
Robles Montoya señaló que dentro de la República Mexicana se han identificado ocho entidades federativas que presentan la mayor expulsión de migrantes connacionales: Michoacán, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Morelos, Jalisco, Zacatecas y el Distrito Federal.
El representante por Oaxaca aseguró que se deben identificar a las entidades federativas de mayor expulsión de migrantes para que sean sujetas a programas sociales que ayuden a la generación de condiciones óptimas para evitar eventuales flujos migratorios.
Indicó que los programas sociales estarían destinados a crear posibilidades reales para que estos grupos específicos puedan tener acceso a recursos que los ayuden autogenerar actividades productivas desde una perspectiva social.
Lo anterior, afirmó, se lograría dotando a la Secretaría de Desarrollo Social de las herramientas legales que la obliguen a conformar un programa social específico para las entidades federativas que están expulsando el mayor número de connacionales al extranjero.
“México está ávido de soluciones integrales a sus diversas problemáticas, tenemos que dejar de lado las políticas públicas que sólo son paliativos producto de situaciones coyunturales”, concluyó.
La iniciativa se turnó a las comisiones de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos para su análisis y dictaminación.
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