Ciudad de México 25 de octubre 2022.
Boletín 766
• Al tratarse de dinero público y estar destinado a la mejora de la vida de las y los mexicanos, es importante que su manejo sea transparente
En el marco del análisis del Cuarto Informe de Gobierno del Presidente de la República, durante la comparecencia de la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, el GPPRD pidió que se fomenten los proyectos que ayuden a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos; sin embargo, cuestionó sobre los posibles hechos de corrupción que se realizan al interior de dicha dependencia.
El Coordinador de la bancada perredista, Miguel Ángel Mancera Espinosa, precisó su inconformidad debido a que según datos del INEGI existen estados con irregularidades en los números de personas beneficiadas con algún programa social.
“En Coahuila, según datos del INEGI, existen 428 mil personas con más de 65 años, pero el padrón da cuenta de 629 mil 420 personas, es decir, habría una diferencia que es la que hoy queremos pueda ser explicada”, comentó.
En ese sentido, también enfatizó los números del estado de Puebla, en donde existen cerca de 271 mil 629 beneficiarios con una población de 226 mil 708 ciudadanos. En tanto, aseguró que hay una disminución en el gasto social anual, debido a que en los últimos cuatro años se ha presentado un incremento cerca del 99% en donde la Ley General de Desarrollo Social claramente establece que no debe ser menor que el ejercicio anterior.
Mancera Espinosa concluyó pidiendo explicación ante el contrato otorgado por cerca de 630 millones de pesos para la empresa inhabilitada Casanova Vallejo.
“Una referencia que se ha hecho también a una empresa en concreto de renta de autos denominada Casanova Vallejo, la cual está inhabilitada para obtener contratos y se señala por los medios de comunicación que le fue otorgado un contrato”, indicó.
En tanto, el legislador del PRD, Juan Manuel Fócil Pérez, subrayó el aumento en el número de personas en situación de pobreza, mismas que pasaron de 51.9 millones a 55.7 en cuatro años, es decir, hay 3 millones 800 mil personas más en situación de vulnerabilidad.
“La política social de este sexenio se puede definir como trágica, pues ha aumentado el número de pobres, vergonzante porque es un instrumento de extorsión al ciudadano, al ciudadano pobre, discrecional porque se entregan los apoyos sin cumplir con las reglas de operación que no son claras y es una política social netamente electoral, esto es corrupción”, comentó.
