El proyecto legislativo del gobierno federal se agotó en tan sólo dos años de gestión, ahora su apuesta es la realización de grandes obras, sin importar los procedimientos normativos, las reglas de transparencia y el equilibrio entre los poderes federales, tal como aconteció con la aprobación de las llamadas reformas estructurales y su regulación secundaria.
Desde hace al menos dos décadas se ha reconocido la necesidad de contar con una nueva terminal aérea en la ciudad de México. El número de pasajeros y volumen de operaciones que a diario atiende el aeropuerto capitalino está por rebasar su capacidad funcional y operativa.
Los esfuerzos para mejorar sus condiciones de operación y prolongar su vida útil han sido vanos. Ni la derivación de vuelos al aeropuerto de Toluca ni la construcción de la Terminal 2 cumplieron las expectativas de mejora que se tenían. Ésta, incluso, hoy día presenta problemas estructurales como hundimientos en un porcentaje mayor al que se había proyectado.
No hay discusión sobre la necesidad de contar con una nueva terminal aérea. El problema radica en la opacidad con que se ha procesado el proyecto presentado por el titular del Ejecutivo federal.
Apenas el pasado 29 de abril se publicó en el Diario Oficial el Programa Nacional de Infraestructura 2014- 2018, que no consideraba la construcción de un nuevo aeropuerto en la ciudad de México. Cuatro meses después se anuncia que siempre sí habrá una nueva terminal aérea, se presenta la maqueta y se dan a conocer a los diseñadores del proyecto.
Desde luego una propuesta tan elaborada no se procesa en unos cuantos días, por lo que es evidente que sólo se administró la información para darla a conocer como corolario a la presentación del Segundo Informe de Gobierno.
Pese a ello, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en diversos momentos negó la construcción de un nuevo aeropuerto, regateó la información atinente y hoy se sabe que, incluso, la ocultó de manera deliberada.
A solicitud de un ciudadano la referida secretaría por medio de su Dirección General de Aeronáutica Civil alegó inexistencia de la información. Dijo no tener en sus archivos registro de la planeación y avances de la nueva terminal aérea.
Respuesta que fue recurrida ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), quien determinó revocar la contestación e instruir a la SCT para dar a conocer la información atinente. Entre otra, la localización del lugar donde se construirá, los planes de financiamiento, el análisis de impacto ambiental y denominación de las empresas responsables. (Expediente RDA 2332/14).
Este fallo revela además, que la secretaría fue omisa e, incluso, evasiva al contestar la solicitud del particular. Es decir, obró de mala fe. Afortunadamente en este caso el IFAI se erigió como garante del derecho a la información y propinó un duro revés al sigilo con que se ha conducido la administración sobre el nuevo aeropuerto.
El Gobierno debe entender que el cumplimiento de las normas de transparencia no es optativa. De acuerdo a los criterios establecidos en la Constitución Federal, la información sobre la construcción del nuevo aeropuerto debe ser pública, tanto por la naturaleza del ente que la genera y detenta como por el origen de los recursos que se están comprometiendo.
No se puede pensar en competencia internacional y fomento al sector turístico, sino se tienen políticas públicas y programas concretos para favorecer a la industria aeronáutica nacional. Lo ideal es que la construcción de la nueva terminal aérea no sea una decisión aislada, sino que forme parte de un proyecto integral.
Por ende, no solamente se debe hacer pública la información ordenada por el IFAI, sino también los estudios de impacto económico, los beneficios que se han proyectado para la industria aeronáutica nacional y la forma en que se tutelarán los derechos de los cerca de 25 mil trabajadores que laboran en el AICM.
