Grito de cientos de gargantas
Angélica de la Peña Gómez
A cinco personas les fue arrebatada la vida en la colonia Narvarte; sus voces fueron calladas por el odio, la violencia y la impunidad. Nos enteramos porque aún hay periodistas que con valentía realizan su trabajo e informaron el crimen.
La noticia causó estupor e indignación; conjuntó a un sector de la sociedad y lo motivó a la movilización, a criticar la pasividad de las autoridades y a exigirles cumplir con su responsabilidad. Tal es el poder de la noticia y la responsabilidad de los periodistas que la hacen ser, precisamente, noticia.
El periodismo ético, crítico, mordaz es indispensable para generar una opinión pública que se asuma como control eficaz del quehacer público, especialmente en un México donde a la transparencia se le regatean canales efectivos para que la información fluya conforme con la demanda de la sociedad; donde se le imponen diques etiquetados como información reservada.
Es por ello que los periodistas son siempre incómodos para la gente que tiene el poder —sean funcionarios públicos o integrantes de la delincuencia organizada— pero en plena era de la información, en la que una noticia llega a todo el mundo en segundos, se han convertido en un dolor de cabeza para quienes están al margen de la ley, en un verdadero peligro para el mantenimiento de ese statu quo.
La consigna a lo largo y ancho del país es someter, asimilar, intimidar, callar el periodismo. Así fue como los periodistas pasaron a ser la noticia: amenazados, desaparecidos, asesinados, exiliados.
Hasta hoy, las autoridades de los tres órdenes de gobierno han sido incapaces de detener y sancionar a los autores materiales e intelectuales de los crímenes cometidos en contra de comunicadores, es decir, de brindarles la protección debida a su integridad y vida.
Y no conformes, las autoridades se muestran altaneras e informan con desdén sobre las investigaciones en torno al homicidio de una o un periodista, ya que sus primeras declaraciones suelen descartar la profesión de la víctima como móvil del crimen y señalan reuniones sospechosas con personajes oscuros o, de plano, motivos pasionales.
Para ilustrar el desprecio hacia los periodistas basta recordar lo dicho por el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, en una reunión con comunicadores veracruzanos realizada a finales de junio: “La delincuencia tiene nexos, tiene puentes (…) Lamentablemente, algunos de los colaboradores, trabajadores de los medios de comunicación tienen vínculos con estos grupos y también están expuestos a esta situación (…) Pórtense bien, todos sabemos quiénes andan en malos pasos”.
Un mes después de tan aberrante discurso, el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril fue asesinado, junto a cuatro mujeres, en la colonia Narvarte en el Distrito Federal, a donde se había autoexiliado luego de haber recibido amenazas por su trabajo en Veracruz, donde era colaborador de la agencia Cuartoscuro y del seminario Proceso.
El asesinato de Rubén Espinosa indigna a la sociedad entera porque ocurre en medio de una situación de violencia e impunidad totales; es doloroso porque ocurre luego de que él mismo denunció amenazas y acoso, pero sobre todo, después de incontables señalamientos y acusaciones que organizaciones nacionales e internacionales han efectuado en contra del actual gobierno veracruzano por la gran cantidad de periodistas y comunicadores asesinados, desaparecidos y exiliados.
Exigimos al jefe de Gobierno del Distrito Federal y a la Procuraduría General de Justicia de Distrito Federal el pronto esclarecimiento de tan infames homicidios, y demuestren que en una ciudad de libertades, la de expresión está protegida.
Ni a Rubén Espinosa ni a los cientos de periodistas asesinados, desaparecidos y exiliados los han callado, al contrario, les han dado cientos de gargantas para gritar: ni un periodista menos.
@angelicadelap XXX
Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos del Senado de la República.
