- La libertad, la paz y el bienestar del pueblo mexicano siguen siendo asignaturas pendientes.
Intervención del Senador Miguel Barbosa Huerta, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, durante la sesión solemne de la Cámara de Senadores en conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Miguel Barbosa Huerta (MBH). Gracias Presidenta.
Saludo a todas y todos ustedes, congresistas, parlamentarios, hombres de instituciones que hacen posible el funcionamiento de la República, los saludo con respeto.
La Constitución de 1917 se promulgó en un país que olía a pólvora de la lucha revolucionaria, en medio de una economía devastada por la guerra y ante amenazas extrajeras.
Con el paso del tiempo se percibe el gran trabajo de los Constituyentes de 1917. Gracias a su labor un país prácticamente analfabeta y fundamentalmente rural hizo posible una de las Constituciones más avanzadas del mundo.
La Constitución fue un texto revolucionario de gran valor; sin embargo, la sociedad mexicana ya no es la misma, ha evolucionado, como ha evolucionado el mundo.
Tenemos una sociedad con convicción democrática, cuyo desarrollo no necesita pólvora, sino diálogo, acuerdos y consenso. La Constitución, nuestra Constitución, debe ser el reflejo de esa sociedad.
Señoras y señores.
¿Qué hemos hecho con nuestra Carta Magna en un siglo? ¿Se han cumplido los anhelos y sueños ahí plasmados?
Si bien nuestra Constitución se ha modificado para ampliar derechos y ponerla en sintonía con los nuevos tiempos, varias de las reformas constitucionales se han impuesto por mayorías parlamentarias para satisfacer intereses particulares o de poderes fácticos, en contra del interés público y en medio del rechazo de la sociedad.
El resultado, más de la mitad de población en la pobreza y una sociedad desigual, una economía estancada, pérdida de soberanía, corrupción gubernamental e inseguridad.
Por ejemplo, modificar la Constitución para beneficio de unos cuantos tuvo como consecuencia una reforma energética mal lograda, la privatización de nuestro petróleo, la quiebra de PEMEX y de la Comisión Federal de Electricidad.
Otro ejemplo, la reforma al artículo 27, para posibilitar la privatización del ejido no trajo la prosperidad de los campesinos, sino la devastación del campo, aumento de la migración y pobreza.
Lo digo con toda responsabilidad, en este siglo se ha intentado matar el alma de nuestra Constitución de 1917.
Los mismos que han modificado la Constitución a su antojo, también se han opuesto a cambios para que la rendición de cuentas y la transparencia llegue a los nichos más altos del poder; se han opuesto a definir con claridad la laicidad del Estado, han intentado regatear las libertades individuales e impedir nuevas estrategias en el combate a la inseguridad.
¿Qué le depara el futuro a nuestra Constitución? ¿Seguiremos a caso engrosando la lista interminable de reformas dictadas desde el Ejecutivo o desde los poderes fácticos y aplicadas por simples mayorías parlamentarias?
Considero que a cien años de su promulgación y después de más de 600 reformas, no basta ya con reordenar, reorientar o pretender hacer coherente el texto vigente, es necesaria una nueva Carta Magna que restaure el constitucionalismo social, instaurando un verdadero Estado social y democrático.
Un Estado constitucional basado en el derecho al trabajo al salario remunerador, respeto a la dignidad humana y prevalencia del interés nacional, con valores de responsabilidad y solidaridad, como instrumentos de igualdad y justicia social, para frenar la acumulación de riqueza y privilegios excluyentes. Desde luego, con pleno respeto de los derechos de propiedad, libre empresa y libertades individuales.
Necesitamos que la nueva Constitución emerja de un amplio acuerdo nacional, de un nuevo pacto social, que logre el consenso y compromiso de elaboración y aplicación no sólo del Ejecutivo, no solo de partidos y los grupos parlamentarios, sino de la ciudadanía y de todos los sectores de la sociedad, como la mejor garantía de legitimidad y efectividad de su contenido normativo.
Necesitamos construir un sistema constitucional de derechos fundamentales con esencia y dimensión social, que no sólo tenga un carácter formal, declarativo y programático, sino que sus mandatos sean imperativos y directos, con vigencia vertical y transversal efectiva, para que su cumplimiento material vincule y condicione la actividad de los poderes y entes de los tres niveles de gobierno, para alcanzar la satisfacción de las necesidades sociales.
Economía de mercado sí, con sus características de propiedad privada, libertad de empresa, iniciativa privada fuerte, pero también rectoría del Estado, desplegando políticas públicas redistributivas con contenido humano y social para corregir excesos individuales y colectivos.
Se necesita una nueva Constitución para lograr un modelo solidario de desarrollo humano sustentable, alternativo al modelo actual, que centre al bienestar de la población como fin, armonizando los intereses de la sociedad, la naturaleza y el mercado.
Un nuevo Estado social de derecho cimentado en la solidaridad colectiva, equidad social y eficiencia productiva, como alternativa de organización jurídica y política para garantizar el bienestar de la población a partir del ejercicio de derechos fundamentales.
Se debe establecer un catálogo amplio, abierto y progresivo de derechos, obligaciones y garantías que incluya, entre otros: el derecho a la alimentación, el derecho al trabajo y a un salario remunerador, el derecho a la propiedad y libre empresa, el derecho a la integridad psíquica y física, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, el derecho a la libertad de conciencia, el derecho a la información y a la libertad de expresión, los derechos de las mujeres, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el derecho de los pueblos indígenas, el derecho a la intimidad y derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la garantía de audiencia y al debido proceso, el derecho a un medio ambiente sano y sustentable, los derechos de participación política, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad y previsión social, el derecho a la vivienda, y el derecho a la cultura y los derechos colectivos.
La efectividad de un sistema constitucional garantista, exige igualmente transformar el paradigma de democracia puramente representativa en una participación real, permanente, pluralista y solidaria.
Necesitamos una Constitución para el México del siglo XXI, una Constitución para sociedad de hoy, no para el poder, una Constitución que sea nuestro nuevo pacto social.
Señoras y señores:
Hace un siglo, en el Teatro de la República, en la Ciudad de Querétaro, el diputado Luis Manuel Rojas, Presidente del Congreso Constituyente en la Sesión solemne de clausura dijo, refiriéndose a Venustiano Carranza: “ …me cabe el honor de poner en vuestras manos la nueva ley suprema de esta tierra, dando a usted, la seguridad de que todos nosotros de hoy en más, donde quiera que nos encontremos y cualesquiera que sean las circunstancias, seremos sus más celosos defensores, estando dispuestos a cumplirla y respetarla como el emblema sagrado a cuyas sombras gozará mañana de libertad, de paz y bienestar el pueblo mexicano.”
Ante esta cita centenaria surge una pregunta más: ¿Los hombres del poder, los gobernantes de México, habrán defendido, cumplido y respetado a lo largo de cien años la el texto original de esa Constitución de 1917? Mi convicción es que no.
La libertad, la paz y el bienestar del pueblo mexicano siguen siendo asignaturas pendientes.
Muchas gracias.
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