Ciudad de México 12 de abril 2023.
Boletín 047
• La aprobación del Código busca garantizar la justicia cotidiana de manera permanente
• La multiplicidad de códigos se traducía en barreras de acceso a la justicia, desigualdad ante la ley, así como incertidumbre e inseguridad jurídicas
Ante el Pleno del Senado de la República, el Coordinador del GPPRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, resaltó que es de gran relevancia la aprobación del dictamen que expidió el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares porque con ello se contribuye a hacer realidad el acceso a la justicia de una forma cotidiana para todas y todos los mexicanos; sin embargo, enfatizó que para que cumpla con su objetivo es fundamental dotarlo del presupuesto necesario.
“Hoy México tendrá una legislación nacional en materia de el Procedimiento Civil y familiar, enhorabuena (…) reiteramos que para que esta implementación sea exitosa, indispensable será el presupuesto. Indispensable será que se cuente con los recursos necesarios”, puntualizó.
En ese sentido añadió que la propuesta respondió a una serie de necesidades que desde el año 2017 se observaron en el país, cuando se realizó una reforma constitucional para determinar que el Congreso General se encuentre facultado para emitir la legislación única procesal en las materias civil y familiar, esto último a fin de homologar las reglas de los juicios en todo el territorio y con ello eficientar las tareas de los impartidores de justicia a través de procedimientos más adecuados a las necesidades de la población.
“Estamos hablando de un código nacional que marcará las reglas del procedimiento en materia civil y en materia familiar; ya se ha dicho aquí que prácticamente el 70% de los asuntos en este país ocupan la materia civil y la materia familiar y es cierto que hoy por hoy los rezagos son también muy grandes y los rezagos son grandes porque la justicia se complica procesalmente, porque hay un sinnúmero de recursos, porque hay disparidad en términos, porque no se había llegado a una homologación como ahora se ha logrado”, dijo.
Es importante señalar que este es un proyecto de vanguardia en el que se incluyeron cuestiones como la implementación de juicios en línea para facilitar una comunicación directa y completa entre las partes, se estableció un nuevo procedimiento para llevar a cabo los concursos de acreedores, se incluyó la posibilidad de que diversas autoridades y personas puedan coadyuvar con la impartición de justicia para facilitar los trámites y agilizar el proceso, se instauró un juicio oral sumario, se eliminó el procedimiento de interdicción y se sustituyó por otro mecanismo denominado “Designación de apoyos extraordinarios”, además de que se realizaron adecuaciones para garantizar la perspectiva de género como parte del derecho de igualdad procesal y se incluyeron disposiciones para acomodar sus normas al marco nacional e internacional de los derechos de las personas con discapacidad.
Aunado a lo anterior, Mancera Espinosa insistió en que la existencia de normas distintas impedía que la jurisprudencia de los órganos del poder judicial pudiera adoptar interpretaciones uniformes, apartándola de su función esencial.
