La política del gobierno mexicano en materia de asilo está en franca contradicción con su compromiso con los derechos humanos, el cual incluye el retiro de las reservas a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954, señaló la senadora Angélica de la Peña.
Expuso que la política migratoria aplicada por los Estados Unidos de América se trasladó hacia el sur de nuestro país y esta presupone que toda persona proveniente principalmente de Centroamérica distingue a México como un mero trampolín que lo conducirá hacia territorio estadounidense, por lo tanto, se le debe considerar una potencial amenaza».
Indicó que el enfoque en seguridad pública que han privilegiado las autoridades migratorias ha convertido al proceso de solicitar refugio en un callejón, en el que se aplican criterios restrictivos y que no reconocen los motivos de dichos solicitantes para abandonar su país, lo que es observable en el bajo número de solicitudes aceptadas.
Entre el año 2009 y 2013, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados de la Secretaría de Gobernación recibió 4 mil 589 solicitudes de refugio, de las cuales respondió de manera positiva en solo 1134 casos.
De la Peña Gómez enfatizó que un aumento del número de visas humanitarias otorgadas por el gobierno mexicano no tendría ninguna incidencia en el flujo de personas centroamericanas en situación migratoria irregular que transitan por territorio nacional, «cada año más 140 mil migrantes de esta región ingresan sin documentación a México en su intento por llegar a los Estados Unidos, cifra monumental si la comparamos con las casi mil 300 solicitudes de asilo presentadas en 2013», agregó.
Aunado a lo anterior, explicó la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, el gobierno federal de carece de un programa de acciones enfocadas a proteger los derechos de las personas a las que otorgó refugio, pese a que la propia Constitución y diversos Tratados Internacionales le obligan a garantizar dicha salvaguarda.
«Sin un documento que sea conocido como identificación oficial, todas estas personas se ven imposibilitadas de realizar trámites legales o financieros, o realizar su inscripción en alguna instancia del Sistema Nacional de Educación o el de Salud; tampoco son informados de los derechos y obligaciones que les son reconocidos en nuestra Constitución».
La senadora del PRD recordó que en abril de 2013, el Senado de la República incluyó recomendaciones de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en la Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.
Es urgente que el gobierno mexicano corrija su política en materia de refugiados y reconozca que el peligro que amenaza la vida e integridad de quienes solicitan refugio es suficiente motivo para otorgárselos, «es momento de que México recupere su papel como una nación solidaria con las personas que se ven obligadas a abandonar su familia, su hogar, amistades, todo, debido a la violencia, especialmente porque miles de mexicanos se encuentran en las mismas circunstancias», concluyó la senadora Angélica de la Peña.
