Las medidas anunciadas por el Titular del Poder Ejecutivo Federal para hacer frente a la crisis estructural derivada de la incapacidad de las instituciones del Estado mexicano para cumplir con sus responsabilidades fundamentales de garantizar la vida, la seguridad, la integridad y el patrimonio de las personas, no son por sí mismas la respuesta que las actuales circunstancias demandan y deben ser evaluadas a profundidad, señaló la senadora Angélica de la Peña.
Indicó que cualquier acción política, administrativa o legislativa encaminada a fortalecer el Estado de derecho en nuestro país debe formar parte de una estrategia integral centrada en recuperar la credibilidad en las instituciones y garantizar la seguridad ciudadana en un marco de respeto a la democracia y el ejercicio pleno de los derechos humanos.
De las 10 propuestas presidenciales, explica la senadora del PRD, la mitad implica reformas constitucionales que sin duda son necesarias, pero no determinantes porque suponen que la problemática debe atenderse desde la perspectiva normativa, excluyendo la autocritica hacia la incapacidad de las instituciones del Estado para aplicar y garantizar la vigencia de la ley a través de acciones gubernamentales que puedan ser evaluadas y supervisadas.
“Es oportuno el reconocimiento que se hace de la crisis de inseguridad y violencia que envuelve al ámbito municipal y la propuesta de una ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales, sin embargo se excluyen los ámbitos locales y federales, así como políticas contundentes que ataquen la estructura financiera del narcotráfico.”
La legisladora perredista resaltó que la propuesta de crear 32 mandos estatales de seguridad debe ser revisada con sumo cuidado, porque ya se está en implementación un mando único y no considera que nuestro país es el cuarto a nivel mundial en número de policías, pero mayormente sin formación en técnicas criminalísticas y en el respeto de los Derechos Humanos y carentes de sueldos profesionales, dignos y suficientes.
Agregó que el país requiere normas que garanticen el uso legítimo de la fuerza pública, el respeto de la libre manifestación y erradiquen la práctica de las detenciones arbitrarias, cuestiones ausentes de la propuesta del Presidente.
“Es correcta la alusión de la expedición de una Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas, ya que este proceso está inscrito en las comisiones del Senado, por lo que urgen los mecanismos que permitan tener protocolos de búsqueda, un solo banco de datos de ADN y de personas desaparecidas, así como la declaración de ausencia desde un enfoque nacional y políticas públicas homologadas contra esta condenable práctica”.
Dejó en claro que en cuanto al tema de tortura es indispensable se exprese la voluntad política para destrabar las reformas que se están impulsando a esta ley considerando la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura
Lamentó que no se incluya en el despliegue de fuerza policial a entidades como Chihuahua, Sinaloa, Durango, Veracruz y el Estado de México donde la violencia y la inseguridad han alcanzado sus niveles más altos.
De la Peña Gómez enfatizó que a dos meses de las desapariciones de los normalistas de Ayotzinapa, sorprende la ausencia de acciones concretas para resolver las omisiones y la falta de celeridad de funcionarios federales ante las evidencias de que se estaba en Iguala frente a hechos inscritos en el ámbito federal.
«Preocupa que no se mencionen cambios a los que deban inscribirse los Ministerios Públicos ni reformas al Poder Judicial, ni el regreso definitivo de las fuerzas armadas y navales a sus cuarteles; tampoco se incluyen políticas de Estado para la prevención social del delito, al contrario, son sólo medidas punitivas que evaden garantizar a los jóvenes opciones de bienestar y que no evitan que sean cooptados por las delincuencias.»
Finalmente, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos apuntó que se requiere además transparentar el quehacer diario de las y los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de las Nación y a juezas y jueces del Poder Judicial de la Federación, así como el fortalecimiento de los organismos defensores de los derechos humanos en particular de las 32 entidades federativas que no se distinguen por su autonomía y de la CNDH.
