- Hagamos a un lado la moralina
Despenalizar el uso de la mariguana con fines terapéuticos es un tema de suma relevancia, tanto como para que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya aplazado la discusión de un recurso de amparo cuyos efectos, en caso de darle la razón a los quejosos —la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Tolerante y Responsable— sólo beneficiará a este grupo de personas.
Lo realmente importante de esta discusión en el máximo tribunal del país no radica en despenalizar o no el uso de la mariguana, sino en la constitucionalidad de una norma que limita el libre desarrollo de la personalidad o autodeterminación.
El proyecto del ministro Arturo Zaldívar apunta hacia la protección del derecho del individuo a elegir libre y responsablemente experimentar o no los efectos de esta planta en cigarrillos, té, comida, vaporizadores, en cremas dérmicas, etcétera. El Estado se extralimita en sus funciones y trasgrede las normas garantistas, nacionales e internacionales, que las mismas instituciones del Estado han aprobado.
El ministro Zaldívar señala, de manera reiterada, que el consumo de la mariguana, al igual que sustancias como el café, el cigarrillo, el alcohol y hasta los alimentos, no representa un grave riesgo para la salud del consumidor sino hasta que es excesivo.
En el mundo muere cada seis segundos una persona a causa de la diabetes. En México se estima que son entre nueve y doce millones las personas que tienen sobrepeso u obesidad y tres de cada diez niñas y niños lo presentan; en nuestro país la diabetes asociada a la obesidad es la tercera causa indirecta de muerte. No está prohibido comer alimentos con altos contenidos de grasas saturadas o endulzantes.
El tabaquismo en México provoca la muerte de 130 personas diariamente y por su causa se diagnostica a 16 500 personas con algún tipo de cáncer. No está prohibido el consumo de tabaco, excepto a los menores de 18 años y esto ha generado un mercado ilegal.
En México, una de cada tres personas de 12 a 65 años de edad mantiene un consumo nocivo de alcohol, y tampoco está prohibida la ingesta de bebidas alcohólicas, excepto para las personas menores de 18 años de edad y también ha generado un mercado informal e ilegal.
Nadie puede negar los efectos nocivos del consumo de alcohol, tabaco y alimentos procesados en la salud de los seres humanos, por cierto, ninguno de ellos tiene uso terapéutico o medicinal, y en México su consumo entre adolescentes crece año con año y precede a la mariguana.
En México, la prohibición del consumo de la mariguana ha generado más muertes, descomposición del tejido social, desgaste de las instituciones, incrementado exponencialmente los recursos que deben destinarse para sostener una campaña en contra de su producción, transportación y venta.
Ninguno de los que promovemos la despenalización del consumo de la mariguana con fines medicinales y recreativos quiere que México se convierta en una nación de adictos, por el contrario, creemos que las adicciones a cualquier sustancia deben ser consideradas un asunto de salud pública y deben solucionarse como tales.
Cuando hablamos de una despenalización del consumo de la mariguana aclaramos que no será viable sin una estricta reglamentación y una implacable implementación por parte de todas las instituciones del Estado mexicano.
Hablamos de que los impuestos recaudados de la venta regulada y supervisada deberán ser destinados a campañas de educación, concienciación de los efectos de las adicciones y a brindar atención especializada y a largo plazo para las y los mexicanos que desafortunadamente padecen alguna adicción, incluidos el alcohol y el tabaco.
Hablamos de iniciar un debate serio y responsable, donde se evalúen los estudios científicos a favor y en contra; que se analicen las experiencias de naciones donde se ha despenalizado; que se reconozca que en la guerra contra el narcotráfico el Estado y la sociedad estamos perdiendo en México. Hagamos a un lado los tapujos y falsas moralinas e iniciemos una discusión nacional.
@angelicadelap
Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos del Senado de la República.
