En el PRD dimos y seguiremos dando la batalla argumentativa y política en materia de seguridad pública, no avalamos otorgar un marco jurídico inconstitucional e indeterminado para la actuación de las Fuerzas Armada.
Octubre de 2017 fue el peor en los últimos 20 años en materia de seguridad pública, contabilizando un total de dos mil 371 casos de homicidios dolosos en el país.
Los meses anteriores, septiembre y agosto, también habían roto récords de muertes violentas, de modo que en esta materia sólo hemos ido de mal a peor y se puede afirmar que la administración del Presidente de la República ha fracasado, y con esto fracasó también la apuesta de concentrar las funciones de seguridad pública en la súper Secretaria de Gobernación (Segob).
Con los instrumentos, recursos económicos, estrategias y planes para el mejoramiento de la seguridad pública en el país, el Ejecutivo Federal pudo emprender las políticas que le llevarían a alcanzar el “México en Paz” que se propuso en el Plan Nacional de desarrollo 2013-2018. De acuerdo con los datos oficiales y los no oficiales provenientes de organizaciones ciudadanas con trayectoria y experiencia en los delitos de alto impacto y en materia de seguridad pública, el fracaso en esta materia es contundente.
Ahora, se pretende impulsar la aprobación de la llamada Ley de Seguridad Interior para, dicen sus impulsores, proporcionar un marco legal para la actuación que ya realizan las fuerzas armadas, en concreto el Ejército y la Marina.
En el PRD estamos convencidos de que expedir una Ley de Seguridad Interior va en contra de la Constitución, ya que el artículo 73 que contiene las facultades del Congreso no contiene ninguna mención relativa a la Seguridad Interior, por más que flexibilice la noción de Seguridad Nacional que sí está expresa en este artículo. Por lo que debiera agregarse, en todo caso, dicha facultad y apegarse a lo indicado en los artículos 21 y 129 relacionado con la actuación de las fuerzas armadas en tiempos de paz.
Además, una Ley de Seguridad Interior no es compatible con el control de convencionalidad que es lo que permite al Estado Mexicano concretar la obligación de garantía de los derechos humanos en el ámbito interno, mediante la verificación de la conformidad de las normas y prácticas nacionales, con la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y su jurisprudencia.
Por otra parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos advierte que expedir una ley en la materia en los términos que se sugiere, significa mantener el estado actual de las cosas, favoreciendo, dice, el uso discrecional de las Fuerzas Armadas.
La seguridad pública es el gran déficit de la administración del Presidente Peña Nieto y también del responsable en la materia de su gabinete que, seguramente, vio diluir sus aspiraciones presidenciales por los pésimos resultados alcanzados en cinco años.
En el PRD dimos y seguiremos dando la batalla argumentativa y política en materia de seguridad pública, no avalamos otorgar un marco jurídico inconstitucional e indeterminado para la actuación de las Fuerzas Armadas; queremos, sí, una coordinación real entre las entidades federativas y el gobierno federal, así como el respeto pleno de los derechos humanos y la seguridad de las personas, con la participación del ejército y la marina sólo en casos excepcionales, temporalizados y apegados a un marco de actuación complementario, no permanente ni indeterminado.
*Coordinador del GPPRD en el Senado de la República
