Más que la fórmula de “estabilidad de los indicadores macroeconómicos”, al desempeño del gobierno de Enrique Peña Nieto en la economía lo define una palabra: recorte.
Desde su arranque, esta administración ha encontrado en esa palabra su coartada y su solución mágica. ¿Problemas en el entorno internacional? Recortamos la expectativa de crecimiento. ¿Caída de los precios del petróleo? ¿Presiones contra el peso? Recortemos el presupuesto.
Los recortes, con sus altos costos políticos y económicos, son ya la norma de este gobierno. Suceda lo que suceda en el entorno internacional, parecen la única salida posible o, para ser más exactos, la única receta que saben repetir los responsables de las finanzas nacionales pese a que se ha demostrado una y otra vez que en nada contribuyen a impulsar nuestra economía.
Los potenciales beneficios de los recortes terminan en el caño por la inmensa coladera donde caben las obras no concluidas, el manejo ineficaz de los presupuestos y la tremenda corrupción que caracteriza al grupo en el poder.
¿Podemos pensar que habrá un gasto público honesto y eficiente cuando frente a una de las áreas más sensibles, la de Desarrollo Social, se coloca como cabeza a quien fuera secretario de Finanzas de Arturo Montiel?
La fuga de recursos públicos se expresa de manera inequívoca en los escandalosos casos de gobernadores como el veracruzano Javier Duarte, el quintanarroense Roberto Borge y el sonorense Guillermo Padrés, quienes han hecho verdaderos catálogos de desvío de recursos y apropiación privada de los dineros de todos. Frente a ellos, por lo menos hasta ahora, el gobierno ha actuado con una timidez cómplice, para decirlo con suavidad.
El paquete económico para 2017 es consistente con lo hecho por este gobierno hasta ahora: incurre en las mismas fallas y persiste en previsiones que nunca se cumplirán. Entre 2013 y 2015, por ejemplo, previeron un crecimiento de 3.5 por ciento y se alcanzó sólo 2.0 por ciento.
La Secretaría de Hacienda consideró, en el mismo tenor, que los ingresos petroleros seguirían financiando alrededor de 20 por ciento del gasto, sin considerar la debacle en la producción y en los precios internacionales. De ese modo, como porcentaje del PIB, los ingresos petroleros pasaron de 5.3 a 2.3 por ciento.
En 2013, Hacienda consideraba que este año la deuda alcanzaría 36 por ciento del PIB, pero la realidad es que ya rebasa el 50 por ciento.
El Banco de México ya ha alertado sobre presiones inflacionarias, debidas principalmente al encarecimiento de mercancías que se pagan en dólares y al pago de la deuda externa. Algunas estimaciones señalan que sólo el servicio de la deuda llegará, en 2017, a 2.8 por ciento del Producto Interno Bruto, esto es, 568 mil millones de pesos.
Ninguna de las esplendorosas promesas de las reformas estructurales se ha cumplido, pero Peña Nieto ha llevado la deuda del país a 9 billones de pesos. En este rubro no recorta, pues ahora propone contratar más deuda… para pagar la deuda.
En el gasto no programable destaca el crecimiento del costo financiero en más de 105 mil millones de pesos, dato que revela el abuso que esta administración ha hecho del endeudamiento.
Se recurre al expediente de disminuir la inversión productiva y recortar los gastos en áreas como prevención del delito y educación, pese a que este gobierno las ha cantado como sus máximas prioridades.
Según las previsiones del gobierno, en 2017 el gasto neto total llegará a 23.7 por ciento del PIB. Algunos consideran que el recorte debe ser mayor, pero olvidan que el promedio de los países de la OCDE es de alrededor de 29 por ciento. No han entendido que el problema mayor no es cuánto gasta el gobierno sino cómo lo gasta.
El incremento de los ingresos tributarios, mucho menor a los requerimientos del país, seguirá siéndolo en tanto no aseguremos un crecimiento económico suficiente, sostenido, equilibrado y equitativamente distribuido. Evidentemente, conseguirlo supondría cambiar un modelo de desarrollo que ha demostrado, durante tres décadas, su absoluta inoperancia. El cambio y la solución de fondo no pueden venir de inciertos resultados de las reformas estructurales ni de un hipotético mejoramiento del escenario mundial.
La autora es senadora de la República.
Twitter:@Dolores_PL
