Se dice que la confianza tarda mucho tiempo en ser construida, pero puede quedar destruida en un instante. Dado que nosotros los políticos, junto con la policía, ocupamos los últimos lugares en las encuestas de confiabilidad, cabe preguntar ¿cómo se recupera la confianza perdida?
No sólo se trata de una tarea titánica. En este momento, es además obligatoria y urgente. Si los actores públicos no logramos credibilidad frente a la gente, será imposible llevar a México al siguiente paso en su desarrollo: no se puede colaborar, ni crear espíritu de equipo, en medio de sospechas y descalificaciones permanentes y generalizadas. Por eso propongo un primer paso para que las y los mexicanos vuelvan a confiar en sus autoridades y sus representantes populares ante el Congreso: eliminemos los privilegios frente a la aplicación de la ley.
Debemos ir en contra de la situación actual, donde existe una barrera grande y artificial que nos aleja del resto de los ciudadanos: el fuero. Para que la confianza vuelva a nacer, es preciso crear entornos de igualdad y de cercanía.
Lo que se conoce comúnmente como fuero es un privilegio que históricamente ha otorgado la Constitución de la República a determinados funcionarios, para proteger el desempeño independiente de su función; libres de cualquier presión o amenaza indebidas. Ya en la Constitución de Cádiz de 1812 se establece la inviolabilidad de los diputados por las opiniones que expresen, así como restricciones a la forma en que pueden ser juzgados en materia criminal. Desde entonces, y no obstante varias modificaciones, todas las Constituciones mexicanas, hasta llegar a la vigente, contienen preceptos que mantienen en su lugar, e incluso profundizan, dichas protecciones. Derivado de lo anterior, podemos distinguir dos elementos que constituyen al fuero. El primero es la inmunidad parlamentaria, que protege a diputados y senadores contra la inquisición por las opiniones que emitan, y que está previsto en el artículo 61 de la Constitución actual. El segundo elemento es el llamado fuero constitucional, que es la protección procesal frente a alguna acción penal, y que está previsto en el artículo 111. Considero que se debe mantener la inmunidad parlamentaria, porque defiende la esencia de la representación popular libre. Pero no así el fuero constitucional, al que me referiré, simplemente, como ‘fuero’ de aquí en adelante. A éste, ha llegado el momento de eliminarlo.
Actualmente, el fuero es un privilegio indebido; es algo que atenta contra la igualdad, porque la ciudadanía no lo tiene y entonces se crea una falsa imagen de superioridad para los que gozamos de él. La razón histórica para justificar su existencia ya no se sostiene. A diferencia de lo que sucedía en el siglo XIX y las primeras décadas del XX, hoy todos los ciudadanos gozamos de la presunción de inocencia y de las garantías propias de un sistema penal acusatorio, donde la acción penal ya no depende exclusivamente del ministerio público. Con todo lo imperfecto que pueda ser el sistema de justicia penal mexicano, está ahí, y debemos estar sometidos a él como lo está cualquiera de nuestros representados.
Ahora bien, independientemente de lo anterior, bajo el supuesto de que al remover el fuero se diera una detención arbitraria por razones políticas, la función parlamentaria quedaría de todas formas cubierta por la figura del suplente y el procedimiento que existe para cubrir vacantes parlamentarias; de manera que el interés público no se afectaría, aún en este caso indeseable.
El fuero es hoy un lastre que afecta la imagen de quienes queremos contribuir a una nación justa y honesta. Es un principio obsoleto que genera espacios oscuros, donde florece la corrupción. Es un verdadero derecho a la impunidad.
Por eso, junto con mis compañeras y compañeros legisladores del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado, promoveremos esta semana una acción legal para renunciar a nuestro fuero constitucional. En caso de una respuesta negativa por parte del Congreso, apelaremos la decisión frente a los tribunales correspondientes, e incluso llegaremos a la Suprema Corte de Justicia, en caso de ser necesario.
Como seres humanos, lo más difícil de probar es la intención de nuestros actos, pero podemos comenzar desde lo más básico, con muestras de buena fe. Después de todo, “el que nada debe, nada teme”.
Twitter:@RiosPiterjaguar
