Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, envió una carta a Reporte Indigo en donde aclara de qué se trata la Ley de Protección de Derechos de la Niñez, cuando se refiere a educación sexual integral.
Entre ellos destaca el derecho a la salud. Al definir la salud como un derecho, el Estado está obligado a garantizar que se goce de éste aún cuando sus padres, madres o tutores no puedan garantizarlo por la precariedad económica.
Los derechos sexuales y reproductivos por ser relativamente nuevos en la legislación, enfrentan la falta de información y comprensión, pero también la tergiversación del conservadurismo característico de regímenes religiosos no propios de un sistema democrático, laico y libertario como el nuestro.
El conocimiento e información implica poder, y las y los adolescentes deben estar empoderados para que decidan de manera informada cuándo es el mejor momento en sus vidas para iniciar sus relaciones sexuales.
México ocupa el lugar más alto en embarazos tempranos en el continente americano y es el tercer a nivel mundial. En 2012 el 14.7 por ciento de los hombres y 33.4 por ciento de las mujeres no utilizaron ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual. Estos datos del Inegi abundan que del total de adolescentes entre 12 y 19 años que tuvieron relaciones sexuales, la mitad ha estado alguna vez embarazada.
De igual manera, el inicio temprano de las relaciones sexuales sin la debida protección les expone a Enfermedades de Transmisión Sexual y embarazos de alto riesgo.
El que no se hable de estos temas en las familias sólo atenta contra su integridad humana, esto lo sabe cualquier madre preocupada por la salud y sano desarrollo de sus hijas e hijos.
De esto habla la Ley de Protección de Derechos de la Niñez cuando se refiere a educación sexual integral, que por supuesto, se les proporcionará de acuerdo a su desarrollo cognoscitivo.
Desvirtuar la ley aduciendo que promueve cambios de género y abortos, que inducirá a que niñas sostengan relaciones con un adulto o que el gobierno quitará la potestad a los padres sobre sus hijos e hijas, es falso, es deleznable.
Esta Ley tiene como base fundamental a la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos.
Materializa una obligación del Estado para con sus niñas y niños, para lograr que gocen integralmente de todos sus derechos y sean felices desde ahora, y así garantizar que podamos tener confianza y esperanza de un mundo mejor.
