La construcción de soluciones para las exigencias laborales de las organizaciones de jornaleras y jornaleros requirió de la voluntad política de autoridades federales, del Municipio de Ensenada, del Gobierno de Baja California, de los Productores Agrícolas, de representantes de la Cámara de Senadores, de los Productores Agrícolas del Estado, del Consejo Agropecuario y de los representantes de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, en un gran esfuerzo de diálogo respetuoso, señaló la senadora Angélica de la Peña.
Al presentar el tercer Informe sobre el Seguimiento a la situación de los derechos humanos y laborales de los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín, Baja California, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado apuntó que los siete compromisos signados el pasado 4 de junio son complementarios a los acuerdos alcanzados el 14 de mayo pasado.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos resaltó que el principal acuerdo fue que en un máximo de 15 días hábiles se categorizarán las empresas agrícolas de la zona en tres diferentes niveles, atendiendo su tamaño, extensión territorial, producción, tecnología, número de empleados, esquemas de negocios, competencias, entre otros, para determinar el salario mínimo integrado diario base a pagar, retroactivo al 24 de mayo de 2015, una vez descontados los recursos aplicados por los Productores Agrícolas al pago de impuestos y de Prestaciones de Seguridad Social, para quedar de la siguiente manera:
Nivel de empresa “A”: $180 pesos
Nivel de empresa “B”: $165 pesos
Nivel de empresa “C”: $150 pesos
La senadora del PRD agregó que también se pagará un bono de fin de año a cada trabajador equivalente a dos semanas de servicio, proporcional al tiempo trabajado, antes del 20 de diciembre de cada año.
De la Peña Gómez dijo quela Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) coadyuvará a vigilar el estricto cumplimiento del respeto de los derechos humanos, fomentando el bienestar de las comunidades indígenas asentadas en el Valle de San Quintín y participando en el ámbito de sus atribuciones en el mejoramiento de sus condiciones de vida..
Por su parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) vigilará el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables en materia laboral en la Región del Valle de San Quintín, municipio de Ensenada, Baja California. Las vigilancias e inspecciones que realice la STPS serán conjuntamente con una comisión que designe la Alianza de Organizaciones.
La senadora resaltó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en coordinación con los productores agrícolas y jornaleros agrícolas, continuará con los procedimientos para otorgar las prestaciones de seguridad social de acuerdo a lo que la ley de la materia determine, debiendo realizar campañas de información para los Jornaleros Agrícolas.
“El Gobierno del Estado de Baja California acorde a sus atribuciones, en coordinación con el Gobierno Municipal de Ensenada, proyectarán y conducirán las políticas públicas estratégicas que tiendan al desarrollo principalmente educacional, de salud y de servicios públicos que coadyuven al desarrollo integral de su población y a crear condiciones de crecimiento económico en la zona”, agregó la legisladora.
La primera semana del mes de Julio a fin de dar seguimiento a los compromisos, las partes que suscribieron el acuerdo se reunirán de nueva cuenta, finalizó la senadora Angélica de la Peña.
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