Intervención en tribuna del senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar punto un de acuerdo para que se investigue la represión de que fue objeto la reportera del periódico Reforma Iris Mabel Velázquez Oronzor por autoridades del Estado de México.
Luis Sánchez Jiménez, (LSJ): Es una vergüenza que desde la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, donde asumimos la más amplia protección de éstos, la transgresión a la libertad de expresión y prensa sea una conducta reiterada tanto de autoridades federales como de los estados.
Sobre el tema, el más reciente caso de violencia contra periodistas involucra al Gobierno del Estado de México, con el caso de represión ejercida contra una reportera del diario Reforma, atribuible a policías estatales y a servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM).
El pasado 30 de noviembre, Iris Mabel Velázquez Oronzor fue agredida violentamente por agentes de la PGJEM y policías estatales cuando cubría una información sobre el desalojo de familias de la organización Unión Nacional de Ejidos Forestales y Agrícolas (UNEFA), en el predio conocido como “Loma Larga”, en el municipio de Atizapán, Estado de México.
Iris acudió esa mañana a realizar su trabajo de reportera en el municipio de Atizapán, donde fue testigo del desalojo violento de más de 300 familias. Cuando los policías se dieron cuenta de su presencia la agredieron: ella fue golpeada, arrastrada, escupida, amenazada y vejada sexualmente.
Detenida por más de dos horas en los separos del Centro de Justicia de Tlalnepantla, y a pesar de identificarse como periodista del diario Reforma, fue agredida por policías uniformados.
Ella ha dicho textualmente lo siguiente: “pedí ayuda al fiscal Ángel Rodríguez, pero me la negó, me dijo que no me conocía y que no estuviera chingando, es más, que me volteara y ni lo viera”.
En el desalojo –ahí termina la cita- policías le quitaron una cámara fotográfica, un iPad y una grabadora. Ella dijo: “no se los quería dar y me bajaron a toletazos, toda la pierna la tengo golpeada, querían que me hincara, los que me agarraron al principio fueron cuatro policías bajándome a toletazos, otro golpeándome”.
Tras ser detenida, fue llevada a una construcción en la misma colonia donde se efectuó el desalojo, junto con 22 detenidos y en el interior de un cuarto un civil dio la orden de agredirla.
En sus declaraciones se desprenden actos que son inadmisibles en un Estado Democrático de Derecho como los siguientes:
- Violencia física
- Violencia verbal
- Violencia sexual
- Amenaza
- Humillación
- Robo
Al enterarse de lo ocurrido, periodistas de diversas fuentes pidieron al gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, apoyo y justicia para su compañera. Con esta presión, la periodista pudo salir finalmente de los separos y quedar en libertad.
Derivado de la denuncia realizada por Iris Velázquez ante la Procuraduría General de Justicia del Estado por la agresión de servidores públicos mexiquenses, el gobierno estatal informó mediante un comunicado que, cito textualmente de nuevo:
“Los mandos operativos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana que encabezaron el despliegue en un predio en el municipio de Atizapán, en donde presuntamente se registraron los hechos objeto de la denuncia, han sido separados de sus funciones.
Se trata de un coordinador operativo, un subdirector y dos mandos regionales, que se someterán al proceso que determine la PGJEM, institución que, en el desarrollo de la indagatoria, determinará si más elementos estarían involucrados en esta investigación, de manera directa o indirecta, para proceder conforme a derecho.
Además, serán sometidos al proceso correspondiente de la Inspección General de Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México (IGISPEM).
De igual manera, el Fiscal Regional de Tlalnepantla, así como su jefe de unidad, tomaron la decisión de separarse de sus cargos en la PGJEM, a efecto de que sean investigados y se deslinden las responsabilidades a las que pudiera haber lugar. Ambos servidores públicos se someterán a la indagatoria respectiva, misma que determinará su futuro dentro de la PGJEM.” Dice el comunicado.
Sabemos que la PGJEM inició una investigación para esclarecer la detención y abusos contra la periodista del diario Reforma, así como también la Comisión Estatal de Seguridad (CES) ha hecho público que dará vista a la contraloría interna y a la Inspección General de Instituciones de Seguridad Pública (IGISPEM) para sancionar a los elementos en caso de encontrar pruebas en su contra.
Ante estos hechos, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, instruyó al Programa de Atención de Agravios a Periodistas a entrevistarse con la periodista agraviada y profundizar en cómo se desarrollaron los acontecimientos.
Por otro lado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a través de la Visitaduría General de Tlalnepantla, inició el expediente de queja TLAU565/2016 para investigar la denuncia sobre lesiones, malos tratos y abuso de autoridad.
Señoras y señores senadores:
Como siempre, como miembro del Congreso de la Unión no podemos dejar que un hecho tan grave como el narrado quede en la anécdota, es indispensable que se investigue a fondo lo ocurrido pues adquiere repercusiones no sólo legales sino de índole política. ¿Con qué seguridad podrán realizar su trabajo los periodistas en el Estado de México, a partir de estos hechos?
¿Qué garantías tiene el ejercicio periodístico en esta entidad en la que yo vivo?
¿Cuál es el compromiso del Gobernador del Estado de México en el resguardo de las libertades de expresión y prensa?
Por lo anterior pongo a su consideración la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, sin embargo también quiero comentarles que al día de hoy me dice la reportera que no le han regresado sus pertenencias, que no las han localizado, que las fotografías que ella pudo tomar, incluso de las personas que le arrebataron su equipo pues se las llevaron de la Procuraduría y, bueno, ahí hay una actitud que me parece que va a entorpecer toda esta investigación.
El punto de acuerdo dice lo siguiente:
Primero: En razón de que la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación del Senado de la República tiene por objeto:
- Brindar una atención integral y cálida a las y los periodistas que solicitan a la Comisión su intervención para dar seguimiento a sus casos ante las autoridades competentes.
- Desarrollar una relación cercana con las autoridades competentes para que la información necesaria para dar seguimiento a las agresiones se genere de manera ágil y oportuna.
- En el marco de la función de seguimiento, propiciar que las autoridades competentes cumplan con las obligaciones derivadas de las leyes de la República.
- Contribuir a través de su actividad a elevar significativamente el nivel de seguridad de las y los periodistas.
- Proponer al Pleno las iniciativas que resulten derivadas de sus actividades de seguimiento de las agresiones para consolidar el respeto a la libertad de expresión en México así como a los informadores y medios de comunicación.
Se exhorta a que dicha Comisión se avoque a la investigación de la agresión sufrida por la periodista Iris Mabel Velázquez Oronzor, cometida por autoridades del Estado de México, a fin de brindarle una atención integral y dar seguimiento puntual a las investigaciones que realicen las autoridades ministeriales y judiciales de dicha entidad, mediante las acciones que determine la responsabilidad, la aplicación de sanciones y la reparación del daño en la persona de Iris Mabel Velázquez Oronzor.
Segundo: Con independencia de las medidas hasta ahora tomadas por las autoridades del Estado de México involucradas, se exhorta a las mismas a que se castigue conforme a derecho y se adopten las sanciones penales que ameriten por la conducta de los funcionarios y servidores involucrados, y no quede únicamente en la separación del cargo.
Por su atención, muchas gracias.
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