Ley sobre niñez reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de derechos


Angélica de la Peña

Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconoce a éstos como sujetos activos de derechos, y garantiza la libertad de expresión, de pensamiento, conciencia y religión, aseguró la senadora del PRD, Angélica de la Peña Gómez.

 

“Muestra claramente que niñas, niños y adolescentes son personas con derechos humanos fundamentales, con opiniones y con pensamientos propios”, destacó la legisladora.

 

La Legisladora calificó como un gran avance esta ley, pues recordó que hasta finales de siglo pasado los niños no eran considerados como sujetos de derechos, y la ley sólo se limitaba a constituir hospicios y tribunales para atenderlos.

 

Además, dijo, es un paso importante para que México cumpla con lo establecido en Convención Interamericana de los Derechos de la Niñez.

 

Al presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Derechos Humanos, la legisladora señaló que el principio rector de esta ley establece que el interés del Estado, las instituciones públicas o privadas, las familias y de los adultos, no podrán estar por encima de los intereses de la niñez.

 

Y obliga al Estado a emprender todas las acciones, medidas y mecanismos necesarios que permita a niños, niñas y adolescentes vivir y alcanzar el máximo bienestar posible en base en el desarrollo de todas sus potencialidades, señaló la senadora Angélica de la Peña.

 

“Las decisiones del Poder Judicial deberán estar regidas por este principio, especialmente cuando se traten de adolescentes en conflicto con las leyes penales”, destacó.

 

Angélica de la Peña, además enumeró otros principios rectores contemplados en la nueva ley tales como: la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad, la progresividad, la integralidad y la igualdad que implica el reconocimiento de la protección y garantía de los derechos humanos de niñas y niños por igual.

 

Finalmente, dijo, esta ley garantiza el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, lo que obliga a todas las autoridades en el ámbito de sus competencias a coadyuvar a padres, madres y otros ascendientes para garantizar las condiciones de supervivencia y sano desarrollo.