Ciudad de México, jueves 19 de abril, 2018
BOLETÍN DE PRENSA
Con Ley General de Comunicación Social se pierde oportunidad de ordenar la publicidad oficial sin perjudicar a los medios, sostiene Luis Sánchez
El senador Luis Sánchez Jiménez aseguró que con la Ley General de Comunicación Social se pierde la oportunidad de ordenar la publicidad oficial y sólo queda en una simple simulación de cumplimiento del mandato de la Corte.
Durante la discusión en comisiones de la minuta por la que se expide esta ley, el coordinador de los senadores del PRD, anunció que su grupo votará en contra del proyecto porque no cumple con los objetivos planteados en las reformas constitucionales de 2007 y 2014.
Destacó, que en el afán de controlar el proceso de dictaminación de la ley secundaria en esta materia, se incumplió también el acuerdo de las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras del Congreso, por el cual se pretendía trabajar este tema en Conferencia y, como lo exigían las organizaciones sociales involucradas, hacerlo en un formato de Parlamento Abierto.
“Tampoco se cumplió a cabalidad con la celebración de audiencias públicas para escuchar las voces de las organizaciones sociales y de expertos, ni aquí en el Senado y mucho menos en la Cámara de Diputados”, mencionó.
Respecto de la minuta enviada por Diputados, Luis Sánchez Jiménez enfatizó que en el proyecto no se ponen cortapisas a la publicidad encubierta y se da espacio para la continuación de anuncios que se presentan como notas periodísticas sobre acciones gubernamentales.
Además de que se excluye del concepto de Comunicación Social la difusión de los informes de labores o gestión de los funcionarios públicos y sus mensajes, lo que deja como hasta ahora la promoción personalizada de servidores públicos a través de esta excepción.
“Esta situación ha sido señalada por las organizaciones civiles que respaldan el documento “Bases mínimas para la regulación de la publicidad oficial”, que en su punto sexto indican que: “De ninguna manera se puede mantener este régimen de excepción que ha dado pie a muchos abusos”, señaló.
Indicó que no se establecen topes precisos al gasto de comunicación social ni impide la práctica común del sobreejercicio, lo que preserva la discrecionalidad que en la práctica tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para aumentar el gasto real de Comunicación Social.
“Tomemos el caso máximo de abuso por esta discrecionalidad que hay en el gasto y que esta ley no lo restringe. Para el ejercicio del 2016, el monto aprobado para esta materia fue de 2 mil 687 millones de pesos, pero se gastó 9 mil 582 millones de pesos, o sea, 6 mil 895 millones de pesos adicionales”, ejemplificó.
En contraparte, recordó que el GPPRD propuso una iniciativa en la que se fijaba un tope de recursos destinados para la comunicación social equivalente al 0.05% del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente y la imposibilidad de aumentarlo sin la aprobación de la Cámara de Diputados.
“Al pretender legislar sólo para “cumplir por cumplir” o para salirle al paso, en el plazo establecido por la SCJN, se cometen nuevas omisiones, ahora voluntarias (…) para mantener el status quo del control del gobierno sobre el monto de recursos y destino de ellos a través del gasto público en Comunicación Social de las dependencias, organismos autónomos y demás entes de gobierno”, aseveró.
Finalmente, el senador Luis Sánchez Jiménez adelantó que presentarán una Moción Suspensiva y respaldan un voto particular que presentarán varios senadores porque con esta ley se está perdiendo la oportunidad de pensar en la democracia y el respeto a los derechos humanos.
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