- Advierte opacidad y márgenes de discrecionalidad en los procesos de contratación, licitación y asignación de la Ronda Uno
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública aprobada el pasado 18 de marzo, está condenada al fracaso si no muestra su efectividad para combatir la corrupción en uno de los sectores de mayor riesgo en nuestro país, el energético, afirmó el senador Mario Delgado Carrillo.
Ejemplo de lo anterior, dijo, es el proceso de precalificación de la Ronda Uno que llevan a cabo instituciones que no han acabado de conformarse, ni cuentan con un reglamento interno, tales como la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Ambiental y el Fondo Mexicano del Petróleo Para la Estabilización y el Desarrollo, lo que pone en clara desventaja a la Comisión Nacional de Hidrocarburos frente a las grandes transnacionales.
El integrante de la Comisión de Hacienda también advirtió que el marco legislativo e institucional existentes no son suficientes para echar a andar y darle seguimiento a los contratos que se están planteando y que requieren de una fiscalización que nunca se ha experimentado en México para enfrentar a empresas que prácticamente se la pasan evadiendo sus responsabilidades en el resto del mundo, por lo que no lo harán diferente ante la venta petrolera mexicana.
En este sentido, el senador Delgado puntualizó que el artículo 83 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública es insuficiente para garantizar que todo el proceso de contratación, licitación, asignación y criterios de precalificación en esta materia sean absolutamente transparentes.
Delgado Carrillo expresó que no nos encontramos ante una situación hipotética, pues la Secretaría de Energía ya utilizó la actual Ley de Transparencia para reservarse información trascendental del proceso, alegando que se encuentran en proceso de deliberación.
“El modelo de contrato propuesto abre espacio para la discrecionalidad; en las primeras licitaciones de la Ronda Uno se ha visto cómo la Secretaría de Energía reserva una parte del proceso de asignación de estos contratos”, aseguró.
Indicó que no se puede dejar en la opacidad el primer eslabón, pues éste puede contaminar el resto de uno de los procesos privatizadores más importantes del país, por lo que el legislativo debe exigir la mayor apertura posible.
“Es cierto que existen las condiciones para que haya mayor transparencia una vez que se tiene el resultado de la licitación, sin embargo, no tenemos garantías de apertura ni de transparencia en el proceso de licitación, y éste podrá reservarse, como ya se hizo aludiendo a la misma causa que está en esta Ley”, dijo.
El presidente de la Comisión del Distrito Federal advirtió que los mexicanos nos podemos llevar sorpresas muy grandes en esta materia puesto que dentro de la reforma energética no se previó un proceso de revocación de contratos por incumplimiento de metas.
Aseveró que el objetivo de las petroleras al venir por las reservas probadas de la Ronda Uno es poder ponerlas en sus balances de lado de los activos y así capitalizarse en el mercado internacional ante los problemas financieros que enfrentan por la caída en los precios del petróleo.
“Estamos hablando de lo más valioso que tenemos los mexicanos, que es el petróleo, y si hay opacidad y márgenes de discrecionalidad, y si la autoridad ya empezó a actuar de esta manera, me parece que no es una omisión ingenua, y aquí debemos apretar para que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública garantice la total transparencia del sector energético mexicano, esto implica que no se pueda reservar la información”, enfatizó el legislador.
