Intervención en tribuna del senador, Raúl Morón Orozco del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar su voto general en contra de la Ley de Responsabilidades Administrativas.
Raúl Morón Orozco, (RMO): Compañeras y compañeros Senadores:
En materia de combate a la corrupción no podemos actuar a medias, no podemos simular que deseamos arrancar el mal de raíz y, por otra parte, buscar alternativas o mecanismos para seguir protegiendo intereses personales por encima del derecho social a la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas.
No estamos de acuerdo con la aprobación de ninguna excepción a la regla de la plena transparencia y la absoluta y total publicidad de todos los datos, bienes, montos y valores en posesión o propiedad de servidor público alguno.
La corrupción en México genera pobreza, desigualdad, inequidad, violenta el estado de Derecho; en el ámbito de la seguridad pública, produce muertes y una extrema descomposición social, que en gran medida ha sido la causa del rezago y el estancamiento del país.
Corrupción es también manipular la ley para perseguir, intimidar y reprimir profesores. No debemos aceptar que el Gobierno federal criminalice a los movimientos sociales, como lo hace actualmente con el magisterio disidente, mientras sus escándalos de corrupción no tienen fin y mantienen postrado al país en la ignominia; éste debe ser el último Gobierno federal impune, sin que los controles anticorrupción actúen con plena legalidad, legitimidad y justicia.
México es el país más desigual entre los integrantes de la OCDE y esto ha sido consecuencia, en cierto modo, de esa corrosiva corrupción que le cuesta a México más del 10 por ciento de su producto interno bruto.
Por eso, los ciudadanos demandaban con urgencia leyes y reformas que combatieran de fondo la corrupción y, además, la previniera. Un sistema jurídico que tuviera como objetivo una estrategia anticorrupción de Estado.
Esa fue la base sobre las que hoy se sustentaban las expectativas sociales y la obligación pública de construir un eficiente Sistema Nacional Anticorrupción, que tuviera como punto de partida las tres declaraciones que se propusieron en la iniciativa ciudadana conocida como 3de3: la declaración de intereses, la patrimonial y la fiscal.
Sin embargo, cuando a esta iniciativa ciudadana se le redujo su alcance y naturaleza jurídica, al plantear la posibilidad de que las declaraciones patrimoniales omitieran información clave para la plena transparencia, también se produjo una decepción en la sociedad mexicana respecto a los alcances que podría tener el Sistema Nacional Anticorrupción y la lucha misma contra la corrupción.
Hoy aquí varias Senadoras y Senadores, pretenden justificar esta omisión. Cito el artículo 29 de este dictamen: “los montos, valores, especificaciones, ubicaciones de inmuebles y demás datos contenidos en la declaración patrimonial, sólo podrán ser públicos con la autorización expresa del servidor público”, termino la cita.
Debemos superar un falso debate. Algunos argumentan una supuesta contraposición entre dos derechos: el derecho de acceso a la información, bajo el principio de máxima publicidad, frente al derecho a la privacidad y protección de datos personales.
Sin embargo, no puede haber contradicción alguna cuando por encima de cualquier interés particular o privado, se encuentra la supremacía del interés social y del orden público.
Compañeras y compañeros Senadores:
Sería un grave error político y de interpretación jurídica, pretender resolver esta supuesta contraposición de derechos, dejando al libre albedrío del funcionario público o autoridad, la decisión de hacer públicos sus documentos y montos patrimoniales. Hacerlo o consentirlo sería tanto como seguir amparando la corrupción y engañando al pueblo de México, con una reforma de anticorrupción simulada.
Cuando se trata de servidores públicos, ninguna información puede resultar privada, pues la primera obligación de la ética política es precisamente hacer lo más transparentes, legales y honestos posibles, todos los actos de nuestra vida.
En ciertos casos debe salvaguardarse el derecho a la privacidad y a la protección de datos personales de un servidor público, cuando ello implique un acto que ponga en riesgo su seguridad personal o la de su familia, dicha excepción no puede, ni debe ser procedente, cuando se trata de bienes patrimoniales o de intereses económicos, que puedan entrar en conflicto con el interés público o que representen elementos fundamentales para proceder a una real fiscalización del poder público con sentido ciudadano.
¿No deberíamos dar un paso trascendental para combatir la corrupción al aprobar una Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos bajo el espíritu y principios ciudadanos de la iniciativa 3 de 3, es decir, que no simplifique, ni reduzca los alcances de una efectiva fiscalización pública y social?
¿No deberíamos dejar atrás, de una vez por todas, esta discrecionalidad y simulación política en el combate a la corrupción?
Este Senado debe plantearse el asunto de la manera más profunda posible: la publicidad irrestricta y amplia de las declaraciones patrimoniales es necesaria y obligatoria porque debe partirse del supuesto de que es también parte de un sistema de rendición de cuentas moderno, ético, claro, público, eficiente y apegado a la legalidad. Un sistema de rendición de cuentas que no represente una obligación, sino un compromiso y práctica ordinaria de todas las instituciones del Estado.
Esto último, compañeras y compañeros senadores, debería constituir el espíritu del legislador en materia de anticorrupción. ¡Qué mejor mensaje político podríamos enviar a la sociedad mexicana por parte del Poder Legislativo, que tomar como propia la bandera del combate sustantivo y real, no simulado, a la corrupción!
Para lograr lo anterior, necesitamos salir de este recinto con un gran acuerdo. El intenso trabajo que necesitará la aplicación del Sistema Nacional Anticorrupción implica una responsabilidad de Estado, un gran compromiso de los tres poderes públicos; una nueva transición a una democracia ampliada y efectiva. No exagero al decir que, de lograrlo, sería similar a acuerdos históricos como el que logró España en su momento en el célebre Pacto de la Moncloa; de ese tamaño, creo yo, es el desafío.
Necesitábamos en cada una de las leyes y reformas del Sistema Nacional Anticorrupción un gran acuerdo que nos colocara por encima de cualquier interés particular o partidista, un acuerdo pensando en México y en los mexicanos.
Nuestro voto será en contra de la aprobación de una Ley de Responsabilidades Administrativas que, tal y como hoy se nos presenta, no cumple cabalmente con las exigencias de la sociedad mexicana, y que más bien ha traicionado su voluntad.
Por su atención, muchas gracias.
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