Senadores del PRD expresaron su voto en contra del dictamen con modificaciones a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de hidrocarburos por considerar que flexibiliza las sanciones propuestas en el dictamen original en beneficio de las empresas y en perjuicio de los consumidores.
Al razonar su voto en contra del dictamen, la senadora Angélica de la Peña expresó su preocupación por que la minuta de revisión enviada por los diputados que minimiza los delitos en materia de hidrocarburos y “finalmente su alcance es contrario a lo que creemos justamente la parte sustantiva de esta Ley”.
La legisladora del PRD sostuvo que la minuta elimina el tipo penal que estaba encaminado a sancionar a quien realice actividades sin las medidas preventivas y de seguridad respectivas, lo que provocará una afectación grave al medio ambiente.
Y se elimina también el tipo penal dirigido a asignatarios y contratistas que causen daño a las finanzas públicas al no hacer reportes fidedignos y verdaderos al Fondo Mexicano del Petróleo.
Además, agregó, la minuta clasifica la información sobre el funcionamiento de las operaciones, instalaciones, actividades y movimientos de personal o vehículos de asignatarios, contratistas o permisionarios como información de seguridad nacional.
“Lo cual desde nuestro punto de vista, dicha disposición entra en contradicción con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, dijo.
El senador Fernando Mayans Canabal lamentó que la Ley de Hidrocarburod haya sido legislada al vapor, pues se trata de un tema tan delicado como lo son las tomas clandestinas y el robo de hidrocarburos.
Informó que a nivel nacional, de enero de 2012 a octubre de 2015 se presentaron alrededor de 10 mil 263 denuncias relacionadas con delitos en el robo de hidrocarburos ante la Procuraduría General de la República.
Sin embargo, aseguró que en esta ley, a pesar de que se pretende tipificar y sancionar aquellas conductas que son perniciosas para el estado y la sociedad, en las modificaciones realizadas en diputados se flexibilizaron algunas sanciones.
“No vamos a permitir que una legislación como la que hoy se busca aprobar, tenga en su contenido la posibilidad de aplicarse en perjuicio de los ciudadanos, so pretexto de cumplir con su objetivo”, aseveró.
Además, Mayans Canabal dijo que se establecen sanciones de 1 a 5 años de prisión y multa de 4,000 a 7,000 días de salario mínimo a cualquier servidor público que tenga conocimiento de la probable comisión de algún delito materia de esta ley.
Mientras que propone una mayor sanción para toda persona que facilite que lo realice en su propiedad o no lo denuncie a las autoridades correspondientes.
“Si denuncias, te mata el narco; y si no denuncias, el otro adagio de gobierno te mete preso. Miren qué chulada”, apuntó.
Por su parte, el senador Fidel Demédicis Hidalgo aseguró que las intenciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los delitos cometidos en materia de Hidrocarburos es favorecer a los privados por encima de los consumidores.
Afirmó que se voto es en contra de la ley debido a que genera opacidad al tipificar la información como de seguridad nacional y cancela el derecho al acceso a la información de los ciudadanos.
“Cómo es posible que con la situación de crisis de gobernabilidad que está viviendo el país, todavía se atrevan a eliminar un párrafo que salvaguardaba el tema de la protesta social como una garantía de los mexicanos”, manifestó el legislador.
Demédicis Hidalgo aseveró que se van eliminando de manera gradual las garantías y los derechos de los mexicanos; añadió que mientras existan injusticias el Gobierno no podrá tener paz, por lo que llamó a reflexionar sobre la decisión de aprobar la ley.
A su vez el senador Mario Delgado Carrillo externó que la ley debería de tratar las sanciones en toda la cadena de hidrocarburos, pero solamente considera que puede existir delito sólo en la venta.
El representante por el Distrito Federal aseveró que hay un gran riesgo de desvío y manipulación de recursos en los contratos que deben ser considerados también como delitos.
“Con la rentabilidad del negocio de los hidrocarburos, sumado a los incentivos existentes en nuestro contexto con instituciones nuevas, débiles, apenas en formación y con funcionarios sin experiencia en el trato con las grandes petroleras, el riesgo es mayor de posible negocios paralelos alrededor de las licitaciones”, comentó.
Llamó a seguir la lógica de que a mayor daño potencial a la nación, mayor debería de ser la sanción, por lo que es necesario tipificar como delito de actos u omisiones que generen menoscabo en valor de los hidrocarburos nacionales o de los ingresos que el Estado debe obtener por las actividades de exploración y extracción.
Asimismo, el legislador pidió sancionar el indebido manejo de la información parte de funcionarios para beneficio propio o de alguna empresa, así como la simulación de actos jurídicos para evadir obligaciones fiscales y la obtención de lucro indebido con base en la especulación de los contratos.
El senador Luis Sánchez señaló que el dictamen sufrió modificaciones de forma y de fondo por parte del la colegisladora, pues se están cambiando los objetivos para los que fue creada esta ley.
El legislador mexiquense advirtió que en la minuta enviada por la Cámara de Diputados se reducen las penas y sanciones previstas por los senadores dirigidas a quienes incurran en delitos en materia de hidrocarburos y conductas consideradas lesivas al patrimonio que por derecho constitucional nos otorga la propiedad originaria de los hidrocarburos.
Pero lo peor, apuntó, es que a través de la adición de un artículo se introduzca el concepto de información materia de seguridad pública, pues “aquí se ve la mano de los cabilderos que visitaron la Cámara de Diputados, aquí este artículo es justamente lo que reciben para proteger a las empresas que van a venir a invertir a México”.
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