Ciudad de México, miércoles 25 de abril de 2018
INTERVENCIÓN EN TRIBUNA
Ley Chayote deja sin cambios relación del gobierno con los medios y mantiene discrecionalidad del gasto público sin control ni límites: Angélica de la Peña
Intervención en tribuna de la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar voto particular a la Minuta por la que se expide la Ley General de Comunicación Social.
Angélica de la Peña Gómez (APG): Con su permiso Senador Presidente:
En nuestro país el control político de los medios de comunicación es herencia del sistema político autoritario.
Durante años el sistema de partido único se caracterizó por un totalitarismo que limitaba la crítica, el pluralismo, la libertad de expresión y la libre manifestación de las ideas, es decir, un régimen presidencialista que socavó la democracia.
Durante años los medios de comunicación, la prensa escrita, la radio y la televisión, quedaron atrapados en aquello que Miguel Ángel Granados Chapa llamó la “censura ambiental” o autocensura, es decir, aquello que los profesionales de la comunicación sabían perfectamente los límites de lo que era posible presentar y publicar.
Pues bien, la minuta que estamos a punto de enfrentar la votación por el PRI y sus aliados, abona a legalizar este estado de cosas. Por ello no en balde en su inconformidad las organizaciones de la sociedad civil han nombrado a este proyecto “Ley Chayote”.
Una legislación tan importante para la democracia de nuestro país, debería contener los más altos estándares del derecho internacional en la materia, pero además debió contar con un proceso de verdadero parlamento abierto con la participación de organizaciones civiles, académicos y empresarios de los medios de comunicación.
La audiencia que las organizaciones de la sociedad civil tuvieron al seno de la Comisión de Gobernación en donde manifestaron sus observaciones, las entregaron por escrito, la verdad, la verdad, fue una simulación.
Todavía ayer, dos expertos, uno de Naciones Unidas y otro del ámbito interamericano como son Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y David Kaye, Relator Especial de las Naciones Unidas para la libertad de opinión y expresión manifestaron su preocupación respecto al amplio margen de discreción a las autoridades gubernamentales para establecer criterios para la asignación y uso de fondos gubernamentales para publicidad, así como la falta de un sistema efectivo de rendición de cuentas y procedimientos de responsabilidad, sanciones y recursos apropiados.
Señor presidente, le solicito que este documento oficial inscrito desde Ginebra por estos dos relatores quede inscrito en el Diario de Debates.
Muchas gracias presidente.
Lo que esta minuta contiene es un marco normativo que legítima el autoritarismo de antaño; atenta contra la libertad de expresión, pretende utilizar los recursos públicos para controlar la línea editorial de los medios sin rendir cuentas a nada ni nadie. Esa es la verdad.
Lo que este Senado, lo que este Senado debería discutir es una ley en materia de propaganda gubernamental en términos del artículo 134 Constitucional, y más particularmente lo establecido en su séptimo y octavo párrafo –les pido que lo lean textual-, que garantice que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; respetar los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos, no como acontece hoy que se aumenta descomunalmente hasta un 160 por ciento más de lo que la Cámara de Diputados aprueba en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Lo que este Senado debería discutir es un dictamen que acate los efectos de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 15 de noviembre del año pasado, bajo el Amparo de Revisión 1359/2015, que mandató a establecer reglas, reglas señoras y señores del PRI, que permitan al Estado actuar de tal manera que, asegure que las voces de la sociedad se expresen en los medios de comunicación de manera amplia, de manera completa, de manera justa.
La propia Corte señaló que la ausencia de esas reglas hace que cualquier gasto que se haga en esta materia será potencialmente arbitrario y una censura a los medios de comunicación y periodistas críticos, puesto que no será evidente que cumpla con los principios que deben disciplinar el gasto de comunicación social.
De ese tamaño, así dice la Suprema Corte.
Por el contrario, lo que pretende hoy el PRI, señoras y señores del PRI y sus aliados, es que se pruebe aquí con una mayoría que ya tienen, un proyecto que legaliza el mercado negro de propaganda política disfrazada de información, que en la actualidad se presenta en forma – ya sabemos- de noticia, flashes informativos, infomerciales, entrevistas, programas de revista, editoriales, reportajes, artículos de opinión, cortos cinematográficos, etcétera, etcétera, etcétera.
Esta Minuta deja sin cambios la relación del gobierno con los medios de comunicación, tan importante en una democracia, es una vergüenza que México se esté quedando a la zaga en el tránsito de lograr libertad de expresión, libertad de información y, por supuesto, evitar la discrecionalidad en el gasto público que hoy no tiene control y no tiene límites, no incorpora las mejores prácticas en la materia adoptadas internacionalmente como se evidencia por lo que yo acabo de entregar de Naciones Unidas y del ámbito interamericano.
Esto que van a votar ustedes, contiene aspectos tan criticables como el hecho de que sea la Secretaría de Gobernación quien mantenga el control de los tiempos del Estado, los tiempos fiscales y el Padrón Nacional de Medios.
¿Les recuerda algo esto? ¿Tienen Memoria? ¿Les recuerda algo? Pues es volver a esa época.
Es decir, volvemos a la época donde Secretaria de Gobernación presionaba a los medios e incluso les daba golpes de Estado. No lo olvidemos, a eso estamos regresando.
Preocupa que no sea un órgano técnico dotado de autonomía quien realice un monitoreo exhaustivo de la asignación de propaganda oficial que impida la concentración de la información en los sujetos obligados, por el contrario, será el gobierno por conducto de la Secretaría de Gobernación quien asuma el control de los tiempos del Estado.
Volvemos otra vez a esa nefasta época.
La Minuta solo considera como sujetos obligados en materia de transparencia a los entes públicos, pero no a las personas físicas y morales que reciben los recursos públicos para difundir mensajes de comunicación social.
Las cuantiosas cantidades gastadas en materia de publicidad oficial, en la actual administración se han caracterizado por sobreejercicios que alcanzan, para lo que va del sexenio más 71.86% de lo aprobado por la Cámara de Diputados; es decir, pasó de 21 mil millones de pesos a los 36 mil 261 millones de pesos.
Senadoras y Senadores:
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido, y les recuerdo que esto es vinculante para México, en la opinión consultiva OC-5/85, que “la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática”, no sólo porque es indispensable para “la formación de la opinión pública”, sino también porque es condición necesaria para que los actores sociales, como “los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad, puedan desarrollarse plenamente”, en el entendido de que una sociedad no está bien informada si no es plenamente libre” y, por supuesto, mucho menos es democrática.
Por eso presentamos nuestro voto particular, sí a 16 artículos que reformamos y estamos adicionando además 7 con un nuevo título.
¿qué está haciendo ahora el PRI? Ahora que ya se va. Está haciendo exactamente por lo que se va, no se les olvide.
Qué lástima.
Gracias, gracias a todos ustedes por su atención.
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