El Congreso de la Unión tiene un mandato constitucional para aprobar una ley general en materia de desaparición forzada y desaparición entre particulares, y debe hacerlo a más tardar el próximo 17 de diciembre, por lo que iniciar el proceso formal hacia la dictaminación de esta legislación es trascendente para construir una respuesta del Estado ante esta problemática, apuntó la senadora Angélica de la Peña.
En el marco de la inauguración de las Primeras Jornadas de Audiencias y Mesas de Trabajo rumbo a la Dictaminación de las Iniciativas en Materia de Desaparición Forzada y Desaparición Perpetrada por Particulares, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado dijo que una vez constituidas las comisiones en la Cámara de Diputados se establecerá un plan de trabajo en conferencia a fin de que la legislación incluya todas las voces, propuestas y observaciones.
Resaltó que continuar escuchando a los familiares de personas desaparecidas es esencial para el trabajo que habrán de desarrollar las y los senadores de las comisiones de Justicia, Derechos Humanos y Estudios Legislativos, por lo que en estas tres jornadas de trabajo se atenderán a las familias que se han visto obligadas a construir redes de búsqueda ante la falta de respuesta de las autoridades.
La senadora de la Peña resaltó que el Estado mexicano está obligado a atender las recomendaciones que la Organización de las Naciones Unidas le ha hecho a partir del más reciente Examen Periódico Universal, la principal de ellas es la aprobación de una ley en la materia, “porque parte del análisis que hemos hecho de esta gran problemática es que tenemos un marco jurídico disperso que frente a un delito que es de orden federal, inscrito en muchas ocasiones como delincuencia organizada o delincuencia organizada transnacional, también tiene que ver con el ámbito local”, detalló.
Explicó que la legislatura que recientemente concluyó aprobó una reforma constitucional con el propósito de corregir la dispersión del entramado jurídico vigente, el cual es incapaz de enfrentar a la delincuencia organizada, a través de la elaboración de un instrumento jurídico aplicable en todo el país y que unifique los protocolos de búsqueda, localización, de alerta cuando una persona es reportada como desaparecida.
En tal sentido, aseveró que es importante que en el trabajo legislativo que se va a emprender sean considerados los tratados internacionales que México ha aprobado, como son la Convención Interamericana y la Convención de Naciones Unidas en la materia, “de tal manera que el marco en el derecho internacional de los derechos humanos permitirá que atendamos los lineamientos de cómo debe ser el tipo, cómo se debe definir el tipo penal, cómo deben aplicarse las sanciones, cómo deben de emprenderse todas las actividades de técnica criminalística para la búsqueda y localización de las personas que han desaparecido, pero sobre todo encontrar la verdad jurídica que permita fincar la responsabilidad penal a los responsables de estos crímenes”, agregó.
“El día de hoy, el Senado de la República, estas tres comisiones de Justicia, Derechos Humanos y Estudios Legislativos, de manera formal comenzamos las audiencias que proveerán de los insumos necesarios para que nuestro trabajo legislativo sea integral y podamos atender también los reclamos que nos hacen las organizaciones de la sociedad civil, nacionales y también extranjeras”, finalizó la senadora Angélica de la Peña.
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