Intervención en tribuna de la senadora, Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor de un paquete de dictámenes en contra de la violencia política en contra de las mujeres.
Lorena Cuéllar Cisneros (LCC): Con su permiso señor presidente.
El día de hoy ponemos a su consideración desde la Comisión para la Igualdad de Género, un importante paquete de dictámenes, y quiero referirme a dos de ellos que para mí son de particular importancia, dado que tratan el tema de violencia política en contra de las mujeres.
Este tema es una desafortunada realidad que ha restringido nuestros derechos para ocupar cargos de toma de decisiones y poder político, y que de manera sistemática nos coloca en situaciones tales como el acoso y la violencia.
Ho, existen importantes instrumentos internacionales que protegen el acceso igualitario al poder, el derecho a ser elegibles, participar en la formulación de las políticas gubernamentales, así como ocupar y ejercer cargos públicos.
En nuestro país, esto se concibe desde 2011, que se incorporó el reconocimiento de los derechos humanos inscritos en los tratados internacionales de los que formamos parte. Además, desde 2014 se obliga a los partidos políticos a asegurar la paridad entre los géneros, al momento de presentar candidaturas federales y locales.
La violencia política contra las mujeres es resultado de las relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres que traen como resultado la violación de los derechos humanos y sus libertades fundamentales.
Y a pesar de los avances que hemos tenido en los últimos años en cuanto al reconocimiento y ejercicio de nuestros derechos político-electorales, ésta continúa siendo un problema insertado estructuralmente, que es reflejo de la discriminación y los estereotipos.
Incluso, en los últimos años, estas condiciones orillaron a la intervención del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien junto con la FEPADE y el INE presentó el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres.
En este sentido, como señala el presente dictamen, la FEPADE tiene registrados un total de 141 casos de violencia política de género, derivados del proceso electoral 2014-2015 y en 2016 lleva 103 casos donde todas las víctimas han sido mujeres.
Además, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver un amparo de 2013, destaca el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación como ejemplo de cómo se ha desarrollado, el contenido y alcance de dicho derecho a través de tratados, constituciones y leyes, en donde no sólo se debe condenar toda forma de discriminación basada en el género, sino también, se deben de tomar medidas concretas para lograrlo, haciendo con ello efectivo el derecho a la igualdad.
Los alcances que puede tener la violencia de género son bastante amplios puesto que afectan tanto a ciudadanas en su calidad de candidatas como al electorado en general porque atentan contra la equidad en una contienda electoral.
Un ejemplo de esto, lo viví personalmente en la reciente elección en Tlaxcala, donde fui candidata a la gubernatura del gobierno de Tlaxcala y fui objeto de amenazas, intimidaciones, insultos y agresiones que menoscabaron incluso la dignidad de mi familia y colaboradores cercanos.
Usurparon mi identidad, se hacían llamadas telefónicas en mi nombre y de la noche a la mañana se distribuyeron miles de panfletos que apoyados de imágenes religiosas me pusieron a favor de temáticas que en la entidad tienen un trato reticente a causa de la fuerte desigualdad existente entre hombres y mujeres y que terminó por imputarme una ideología que menoscabó mi imagen como mujer.
Además con un lenguaje basado en agresiones, se construyeron estereotipos y prejuicios, que me discriminaban como mujer, puesto que no sólo fui señalada, también viví dos atentados, siete compañeros que colaboraron conmigo fueron objeto de golpes, estuvieron también hospitalizados.
Y estos actos en contra del género femenino acompañados de “rumores” generan dudas sobre nuestra capacidad como mujeres y en consecuencia estigmatizan y desprestigian a quienes buscan ingresar a determinados espacios de poder, en los que no obstante seguimos siendo tratadas como minoría.
Con todo y esto, y a pesar de que la FEPADE me reconoció como víctima de violencia de género, nada importó a quienes sancionaron el proceso electoral; sino todo lo contrario, emitieron una resolución faltando tiempo para que vencieran los términos legales para que yo me inconformara con un proceso; como vemos, nuevamente se me desestimó como mujer.
Y este tipo de casos parecen generalizarse, hoy fui yo y mañana seguramente será una u otra mujer, no son situaciones aisladas, están en varios puntos de nuestro país como en Chiapas, donde en un dictamen solicitamos detener el acoso y violencia que se está dando en contra de presidentas municipales, lo mismo sucede en Tlaxcala.
Y esta situación me recuerda también, desde luego lo que le está ocurriendo a mi compañera servidora pública, que es síndico en la capital de Tlaxcala, donde fue arbitrariamente relevada de sus funciones por el Presidente Municipal, sin algo concreto y sobre todo fuera de la legalidad.
Como vemos, nos enfrentamos a un problema que cualquiera de nosotras puede llegar a vivir, por ello, reafirmo el compromiso y apoyo a los dictámenes que ponemos a su consideración, puesto que es necesario sumar esfuerzos para dar el paso que otorgue el suficiente poder coercitivo a nuestro marco jurídico para castigar severamente este tipo conductas.
Es cuanto señor presidente.
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