La senadora Angélica de la Peña planteó ante el pleno del Senado de la República, mediante una reforma al artículo 102 constitucional para adicionar un apartado C, que la Federación y las Entidades Federativas establezcan institutos de ciencias forenses y servicios periciales que contarán con autonomía de gestión y presupuestaria, con personalidad jurídica y patrimonio propios.
Con la creación de estos institutos, explicó la senadora en su propuesta, se conformará el Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el cual tendrá por objeto prestar servicios médico legales y de ciencias forenses con soporte científico y técnico a las instituciones de procuración de justicia y defensoría pública que le sean solicitados en todo el territorio nacional.
El Instituto que establezca el Congreso de la Unión se denominará Instituto Nacional de Ciencias Forenses y estará encargado de organizar y dirigir el Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y de controlar su funcionamiento.
De la Peña Gómez apuntó que la consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio enfrenta grandes obstáculos como el atraso tecnológico en laboratorios de crimnalística en algunos estados de la República; equipos fuera de uso por dalta de presupuesto para mantenimiento; la falta de unidad de criterios que existe en la profesionalización de los expertos en diversas materias,
Asimismo, indicó que en la actualidad todavía no se establecen con debida claridad los programas de certificación pericial que como está señalado en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública es de carácter obligatorio y debe ser otorgada por los Centros de Control de Confianza, con base en las normas de competencia laboral.
“Uno de los retos fundamentales para las y los profesionales encargados de la actividad pericial lo es sin duda la oralidad; sin embargo, la mayor parte de quienes desempeñan actualmente esta actividad no están habituados para exponer su dictamen en un juicio oral”, añadió
Por lo anterior, explicó la senadora perredista, es urgente e indispensable institucionalizar de manera coherente, científica y autónoma los servicios periciales e incorporar una política pública que coordine, armonice y unifique en todo el territorio nacional las ciencias forenses como auxiliares del derecho penal y del derecho procesal.
En la propuesta de la senadora Angélica de la Peña se indica que la ley establecerá las bases para la formación y actualización de los servidores públicos del Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, así como para el desarrollo de la carrera profesional de los mismos, la cual se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
La persona titular del Instituto, será elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada, por un periodo de cinco años, y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta Constitución. Presentará anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley.
El Congreso de la Unión contará con un plazo de 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para expedir la Ley que crea el Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, así como las adecuaciones normativas correspondientes.
Todos los recursos humanos y materiales con que cuentan las instituciones de administración y procuración de justicia en materia de servicios periciales y medicina forense pasarán a formar parte del Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Finalmente, la senadora Angélica de la Peña comentó que la propuesta para crear el Instituto Nacional de Ciencias Forenses atiende recomendaciones que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI) y el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas han hecho en la materia, así como las propuestas realizadas por diversas organizaciones de la sociedad civil que están asesorando a las familias y también las propias redes y organizaciones que han construido las propias familias de personas desaparecidas.
La iniciativa fue turnada para dictamen a las comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda; y de Derechos Humanos.
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Para consultar la iniciativa de manera íntegra: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67737
