La Reforma en Telecomunicaciones y Radiodifusión. Avances y Pendientes / Animal Político


Zoé Robledo

El 11 de junio de 2013 se publicó la reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión con una aceptación prácticamente unánime. Sin embargo, la discusión de la legislación secundaria estuvo marcada por una serie de desencuentros, destacando el intento del PRI y el PAN de imponer un dictamen que no respetaba ni la letra ni el espíritu de la reforma constitucional. Sin la intervención de los veintidós senadores del PRD, ese dictamen sería ley hoy en día.

¿Qué logramos los senadores del PRD?

Logramos modificar el concepto de preponderancia, regresando letra por letra a la definición contenida en la Constitución. Se fortaleció al Instituto Federal de las Telecomunicaciones (IFT) reconociéndole facultades que la iniciativa original le negaba, tales como vigilar y sancionar los tiempos máximos de publicidad y supervisar contenidos que indebidamente se le atribuían a la Secretaría de Gobernación.

Se ampliaron los derechos de las audiencias. Ahora se establece que la obligación de autorregulación de los medios debe hacerse con apego a Códigos de Ética que sigan lineamientos que expedirá el IFT y al contrario del dictamen original ahora sí se establecen sanciones para quienes no cumplan con sus obligaciones.

Otro logro es que se ampliaron los derechos de los usuarios. Antes la iniciativa sólo repetía los que ya están establecidos en la Ley de Protección al Consumidor, con la PROFECO como su garante. Hoy existe la obligación entre el IFT y la PROFECO para que se den vista ambas instituciones de manera mutua de violaciones sistémicas y recurrentes, para que realicen acciones para la protección y restitución de los derechos usuarios. El catálogo de derechos de los usuarios incluye: la protección a los datos personales; la gratuidad de la portabilidad del número telefónico con sencillez e inmediatez; el derecho a la bonificación o descuento, cuando se presenten fallas o se realicen cargos indebidos; la consulta de saldos, sin ningún costo ni condicionamiento; la obligación del concesionario de desagregar el costo de los equipos adquiridos y de los servicios contratados; la vigencia de un año como mínimo para toda recarga de saldo en prepago, y el derecho a no recibir más llamadas de promoción o publicidad de su proveedor de servicio, entre otros.
Además se crearon dos capítulos nuevos en esta ley destinados a los derechos de los usuarios y audiencias con discapacidad, logrando implementar obligaciones como: incluir subtítulos e interpretación en lengua de señas mexicana en un segmento de los noticieros de mayor audiencia; que las páginas de Internet de los entes públicos reúnan los criterios de accesibilidad, y se fomenta la promoción de equipos terminales de telecomunicaciones con distintas funcionalidades para permitir el acceso de personas con diferentes tipos de discapacidad.

También se establecieron reglas específicas para cada tipo de concesión, distinguiendo sus particularidades y diferencias entre concesiones privadas, públicas, sociales y comunitarias, incluyendo a las indígenas. De igual manera quedó definida la obligación del Ejecutivo Federal de garantizar cobertura e infraestructura para la prestación de servicios de telecomunicaciones a los usuarios ubicados en localidades que no cuenten con proveedores privados.

Considero que el punto más importante en el que pudimos incidir fue garantizar la neutralidad de la red. Con ello, Internet estará libre de restricciones o trato discriminatorio en la transmisión de contenidos, sitios y plataformas, y el tráfico de información no podrá ser degradado por los proveedores, quienes deberán garantizar un tráfico libre, en donde datos iguales no tengan un tratamiento distinto. Sobre el mismo tema de Internet, se logró eliminar la facultad discrecional del gobierno de bloquear indiscriminadamente cualquier contenido y de igual manera se eliminó todo asomo de censura previa.

Unas horas antes de votarse la Ley logramos que se adicionaran elementos como: posibilitar la rescisión del contrato de telefonía móvil sin el pago de penas convencionales; desaparecer la tarifa de la larga distancia nacional en para enero del 2015; obligar a que las resoluciones de los defensores de las audiencias sean públicas; eliminar la disposición de que los comisionados del IFT pudieran emitir sus respectivos votos cinco días después de la fecha de sesión, lo que abría paso a la corrupción. Se reconocieron las facultades del Instituto Nacional Electoral para verificar los contenidos de radio y televisión que le atribuye la ley electoral. Además, se logró garantizar que las nuevas cadenas nacionales de televisión, que están por licitarse, puedan utilizar la infraestructura del preponderante en radiodifusión.

No obstante lo anterior, subsisten pendientes, temas que se plantearon, defendieron y discutieron, pero no obtuvieron los votos suficientes para incorporarlos en la Ley. Faltan entre otras cosas: medidas inmediatas para la democratización de los medios; garantizar la autonomía plena en la creación, innovación y pluralidad de la producción nacional independiente; que la colaboración con la justicia en materia de telecomunicaciones sea exclusivamente para perseguir delitos, como el secuestro, la extorsión, las llamadas fraudulentas, y que la tecnología proteja a las personas y que no sea un pretexto para invadir su privacidad. Faltan igualmente mecanismos para evitar que las televisoras continúen invadiendo con publicidad su programación; incorporar la venta de publicidad para medios públicos y sociales; establecer una reserva del espectro para estos medios, acorde con los parámetros internacionales. Asimismo falta que se implementen las medidas antimonopólicas y poder evaluar si son suficientes.

En la discusión y aprobación de esta ley, siempre nos guiamos por las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil e hicimos propias sus causas convencidos de que les acompañan los mejores argumentos. Estoy claro que se logró incidir de manera importante en temas sensibles por el valor de las propuestas. No logramos más porque nuestra voz era minoría, era la voz de solo veintidós senadores de ciento veintiocho. Imagínense lo que podríamos lograr si fuéramos más.